La nulidad o no del juicio que fijó condenas para los seis acusados, deberá ser resuelta en la Corte Suprema.

El caso de la muerte del funcionario municipal Eduardo Lara, ocurrida el 2016, deberá ser resuelto por la Corte Suprema.

La Defensoría Penal Pública de Valparaíso, con las representaciones de los condenados Nicolás Bayer Monnard, Hugo Barraza Araya y Felipe Ríos Henríquez, ingresaron un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el órgano judicial.

El recurso apelaba a un debate que se dio durante todo el proceso: el uso por parte de la Fiscalía de Valparaíso de pruebas obtenidas a través del Sistema de Inteligencia del Estado, para poder individualizar y relacionar a una parte de los seis condenados en el caso.

El escrito, apelaba a que las informaciones de inteligencia no pueden ser utilizadas “para obtener antecedentes probatorios en el proceso penal”. Se argumenta además que dichas pruebas buscaban “establecer la identidad de los autores que actuaron a rostro cubierto provocando el incendio del día 21 de mayo del 2016”.

El texto argumentaba que no hubo autorización judicial para eso. El TC desestimó el requerimiento, ya que argumentó que no se configuraba un conflicto de tipo constitucional, sino de legalidad, lo que debe ser resuelto por la Corte Suprema.

La defensora Betsabé Carrasco, representante de Constanza Gutiérrez y Rodrigo Araya, señala que esperarán la causa y su fallo en dicha instancia.

Así, queda pendiente la vista de los recursos de nulidad presentados ante el máximo tribunal.