La Ex presa política Haydee Oberreuter presentó una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por un aborto forzado, en el marco de causas de violaciones a los Derechos Humanos, hechos no contemplados en sus investigaciones.

Ella fue detenida y torturada al interior de un centro de prisioneros de la Armada de Chile, Hayde Oberreuter sufrió un aborto, producto de las torturas intencionales. Su bebé tenía 6 meses de gestación, por lo cual espera que los responsables del hecho sean investigados por la justicia.

El recurso además acusa los delitos de asociación ilícita y secuestro, los cuales no fueron considerados por la justicia al momento de dictaminar las penas contra los 3 agentes de la Marina que le aplicaron las torturas a Oberreuter. Así lo señaló a Radio Valentín Letelier.

Lo cierto es que los crímenes de género en dictadura no han sido considerados por la justicia al momento de iniciar investigaciones y establecer las penas. Según el informe Valech, documento elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para esclarecer la identidad de las víctimas del régimen de Pinochet, 3.000 mujeres fueron abusadas sexualmente, 316 fueron violadas y 229 detenidas estando embarazadas, de las cuales 15 tuvieron a sus hijos bajo presidio y 20 abortaron, entre ellas, Haydee Oberreuter.

Pese a que existen convenios internacionales previos a la Segunda Guerra Mundial que tipifican el delito de aborto forzado, como el Convenio de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos crímenes no han sido considerados por los tribunales de justicia en las condenas por crímenes de lesa humanidad.

Por esta razón, la abogada representante de Hayde Oberreuter, Ángela Peralta, espera que esta vez el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para causas de DDHH, Jaime Arancibia, investigue el delito de aborto forzado como crimen contra los Derechos Humanos para así evitar su prescripción.

Según señaló la abogada a RVL Noticias, la intención de esta querella es la investigación del caso, pero también visibilizar la violencia de género cometida por los agentes de los aparatos represivos del Estado durante la dictadura cívico-militar.

La querella presentada por Haydee Oberreuter además se adhiere a la causa presentada a fines de 2015 por la dirección clandestina del Movimiento de Acción Popular (MAPU), la cual busca determinar el carácter colectivo de los delitos cometidos por los agentes de Estado. La ex presa política retrasó su incorporación a dicha investigación a la espera del fallo de la Corte Suprema, el cual determinó como culpables a tres funcionarios de la Armada por el delito de apremio ilegítimo, cumpliendo actualmente una pena remitida, es decir, en su casa, de tres años y un día.

Con el recurso ingresado este martes por Oberreuter y la abogada representante de la dirección clandestina del MAPU, la condena podría aumentar. Sin embargo, lo importante según Ángela Peralta es “visibilizar una situación que no ha sido considerada por el poder judicial en causas equivalentes”, en referencia a los crímenes de género cometidos en dictadura.