Como positivo, pero tendiente a generar conflictos de intereses, catalogó el abogado querellante en el caso de la estafa perpetrada por Carlos Marín Orrego, Juan Carlos Manríquez, el poder entregado por el acusado al Fiscal Nacional Jorge Abbot y al Fiscal adjunto Claudio Rebeco, para que hagan venta de sus bienes y con el dinero indemnicen a las víctimas.

Si bien, Manríquez señaló que cualquier medida que busque reparar el daño sufrido por quienes fueron estafados debe ser valorada como positiva, indicó que se trata de un mecanismo inédito que necesita despejar varias dudas para ser implementado.

En este sentido, el abogado explicó que – a su juicio – resulta contradictorio que sean los persecutores quienes lleven adelante la liquidación de los bienes, considerando que su interés debe ser la acción penal.

De llevar adelante el proceso, Manríquez indicó que los fiscales se verían en la necesidad de rendir cuentas de estos bienes, porque no les pertenecen.

En la misma línea el fiscal adjunto a cargo de la investigación, Claudio Rebeco, a quien se le entregó también la potestad de la venta de los bienes, señaló que son 6 los destinados a reparar los perjuicios provenientes de la estafa. Sin embargo, agregó que el mandato se realizó sin previa consulta de la voluntad de los fiscales, por lo que determinó consultar a la unidad especializada de delitos económicos, considerando que preliminarmente cree que este excede las facultades de los persecutores.

Cabe señalar que desde RVL Noticias nos contactamos con el abogado representante de Carlos Marín Orrego, Cristophe Giroux para consultar respecto a la legalidad del mandato, sin embargo, nos indicaron que no harían comentarios al respecto.