Factores económicos y políticos serían los que motivan a las universidades pontificias a no incorporarse al sistema de gratuidad en la educación superior, a menos de un mes de que expire el plazo para que las casas de estudios deban definirse respecto de ingresar o no a este régimen.
Un factor de debate es la implementación de la gratuidad y en especial la nueva figura del arancel regulado. Este corresponde a una cifra que se calcula agrupando a las universidades que tienen los mismos años de acreditación institucional y promediando los valores de sus carreras. La fórmula considera sumar el 20 como corrección al alza.
Tomando el ejemplo de dos universidades con los mismos años de acreditación, si en una de ellas una carrera cuesta cuatro millones de pesos y en la otra, dos millones de pesos, el promedio de sus aranceles es 3 millones. Si se suma el 20 por ciento, entonces su arancel regulado corregido sería de 3 millones 600 mil pesos.
RVLNoticias realizó un experimento con el arancel regulado, analizando las posibilidades de sus efectos en los valores de ocho carreras, entre las más demandadas y de mayor empleabilidad: Derecho, Ingeniería Comercial, Química y Farmacia, Enfermería, Psicología, Ingeniería Civil industrial, Auditoría y Pedagogía en Educación Diferencial. Se realizó la aplicación de la misma fórmula, pero reuniendo para los promedios de cada carrera diez universidades, contando desde la de mayor acreditación registrada.
En esta lógica los resultados señalan que en cinco carreras los aranceles regulados no cubren el arancel real de las universidades Pontificia Católica de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez y Los Andes. En el caso de la Universidad de Chile, solamente dos carreras estarían por encima de la cifra y otras universidades presentan sólo una en que esto ocurre.
En Educación 2020, opinan que los aranceles de la PUC son los más altos de las tradicionales y su resistencia sería una forma de tratar de modificar la fórmula, como explicó Mathías Gómez, investigador del área de Política Educativa y encargado de Educación Superior de esa fundación.
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Un estudio de la Corporación de Universidades Privadas proyectó pérdidas de 13 millones de dólares en diez universidades con el nuevo cálculo de arancel. Conocido esto, el Mineduc ha entregado más información a los encargados de finanzas de las casas del Consejo de Rectores, generando un ambiente de mayor tranquilidad.
Un avance que se considera del arancel regulado es que sí sería una forma efectiva de controlar los precios de las carreras, a diferencia del arancel de referencia, que era sólo nominal, como lo señala Antonio Peñafiel, Director General de División de Administración y Finanzas de la Universidad de Valparaíso.
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En la PUCV cerca de 6 mil de sus 14 mil alumnos pertenecen al 40 por ciento más vulnerable del país y se estima que de la matrícula de la PUC cerca del 15 por ciento podría estar en gratuidad. A pesar de esto, ambas podrían no ingresar al sistema. El rector de la Universidad Católica porteña, Claudio Elórtegui, señala que cualquier resolución no sería personal, sino del Consejo Superior del organismo.
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Entre sus estudiantes existe descontento, por la posibilidad de negativa al Mineduc y por cómo se resolvería el tema. Así lo señaló Jorge Rault, presidente de la FEPUCV.
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Mirando hacia la pontificia metropolitana, su ex alumno y diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson considera que los grados de intervención estatal (para controlar el uso que se está dando a los recursos que se entregan por gratuidad, por ejemplo) es lo que más preocuparía a su rector, Ignacio Sánchez, al cual considera "irresponsable" por parecer dispuesto a dejar a sus estudiantes sin este beneficio sin siquiera consultar a la comunidad de su universidad.
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Desde algunos sectores se apunta a las pontificias, porque esta categoría que otorga El Vaticano le da influencia en su gobierno interno. Por eso, Camila Vallejo, diputada PC y presidenta de la Comisión de Educación de la cámara baja, ve un tema económico e ideológico detrás.
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