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Concejo Municipal de Viña Del Mar debe aprobar plan para resolver litigio con Empresa Besalco

31/12/2017
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La Alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato entregó una propuesta de transacción judicial al concejo municipal para llegar a un acuerdo con la empresa Besalco Concesiones S.A., por la demanda que interpuso en contra de la casa consistorial en el año 2015 y que asciende a los 12 mil millones de pesos.

Básicamente la firma reclama incumplimientos contractuales en el proyecto de estacionamientos subterráneos de la plaza Sucre. Retrasos y equivocaciones que implicaron mayores gastos, entrega de las obras fuera del plazo estipulado y en consecuencia, disminución en las ganancias por los estacionamientos.

Reginato se refirió a la transacción judicial, indicando que se presentó una propuesta al concejo con la que se espera solucionen este tema que ya tiene en la polémica al municipio hace algunos años.

Respecto a los detalles, Reginato dijo que luego que los concejales se den por enterados, los dará a conocer de manera pública.

Según consigna El Mercurio de Valparaíso parlamentarios electos de distintas coaliciones políticas criticaron tal transacción, tildándola incluso de sospechosa.

El Diputado RN Andrés Celis, quien fue concejal del municipio de la Cuidad Jardín durante el proceso de licitación que se adjudicó Besalco S.A. señaló que las dudas que tenía en ese momento, aumentaron aún más. Criticó también que se haya dado a conocer la transacción luego de las elecciones parlamentarias, porque Osvaldo Urrutia, quien salió reelecto en la Cámara por el Distrito V costa está involucrado en el proceso que la empresa objeta, pues ocupaba el cargo de Director de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) de Viña del Mar.

El Diputado reelecto del PPD Rodrigo González manifestó que ya han realizando algunas gestiones para pedir a la Contraloría que examine esta situación.

Jorge Brito, diputado electo del Frente Amplio, en tanto, dijo que cuando comience su gestión parlamentaria pedirá que sea obligación que la Contraloría tome razón ante contratos entre municipios y privados.