Eugenio Trincado (DC), Zuliana Araya (PPD), Iván Vuskovic (PC), Luis Soto (UDI), Marcelo Barraza (DC) y Ruth Cáceres (RN), serían los 6 concejales de Valparaíso, todos en ejercicio, que actualmente están cuestionados por un informe emitido por la Contraloría General de la Republica, por capacitaciones que incluirían viajes a Arica, Puerto Natales, Colombia, Cuba y España, todos realizados entre los años 2015 y 2016.

Según el informe, habría dos motivos por los que los viajes efectuados por los ediles estarían en tela de juicio, el primero sería Faltas Administrativas, que involucra directamente a los concejales Ruth Cáceres, Iván Vuskovic y Marcelo Barraza y el segundo motivo sería la pertinencia de las capacitaciones a las que habrían asistido Zuliana Araya, Luis Soto y Eugenio Trincado.

En el caso del primer grupo, se apela a la falta de algunos documentos que acrediten que estos concejales (Barraza, Cáceres y Vuskovic) estaban autorizados por el concejo municipal para asistir a las capacitaciones fuera de la región e incluso del país.

Documentos que según explica el concejal Iván Vuskovic, existían, pero se perdieron en el incendio de las oficinas municipales ubicadas en Las Heras con Pedro Montt, el 21 de mayo del 2016.

Frente a esta situación, el concejal Marcelo Barraza, asegura que existe al menos una copia de esos documentos que Contraloría está solicitando, los cuales esperan entregar lo antes posible para esclarecer esta situación que le genera incomodidad.

En relación a los otros 3 concejales, el informe de Contraloría señala que “No se advierte de qué manera la participación de la señora Araya y los señores Trincado y Soto, en estas actividades, habrían incrementado los conocimientos y destrezas de esos ediles para el buen desempeño de sus cargos (…) por lo que la Municipalidad de Valparaíso deberá adoptar las medidas que resulten necesarias para requerir y obtener el reintegro de los fondos involucrados por la suma total de 28 millones 947 mil 236 pesos”.

El año 2014 el concejo municipal de Valparaíso realizó un recorte presupuestario para cursos nacionales y en común acuerdo se determinó prohibir los viajes al extranjero, además se acordó que sólo se participaría de capacitaciones que estuvieran bajo el alero de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Y es justamente a este acuerdo al que apela el concejal Luis Soto, a quien se le está cuestionando una capacitación en Arica y que tal como él explica, fue gestionada a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes certifican que dicho curso servirá para el ejercicio en la labor municipal.

Por su parte la concejala Zuliana Araya, critica el informe de contraloría, señalando que existe un respaldo de su participación en los cursos, además relata la importancia de la capacitación que se le está cuestionando a ella.

En cuanto al tercer involucrado, Eugenio Trincado, su situación es aún más compleja, ya que de los casi 29 millones de pesos que se deben retribuir, aproximadamente 16 millones tendrían que ser devueltos por el concejal de la DC, a quien no sólo se le cuestionan capacitaciones realizadas en el país, sino que también varias en el extranjero.

Si bien, en la práctica los 6 concejales tendrían un plazo de 10 días, luego de la fecha de notificación (miércoles 24 de mayo), para realizar la apelación, el contralor, considerando el antecedente de que varios documentos se perdieron producto del incendio del 21 de mayo en el edificio municipal, estipuló ampliar el plazo hasta máximo 3 meses para que los concejales presenten toda la documentación para validar sus viajes, tal como lo exige Contraloría.