Un fuerte debate político ha generado la idea de incorporar al Inacap en el proceso de creación de quince centros de formación técnica en todo Chile, elemento que es parte la Reforma Educacional impulsada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Inacap, creado en 1966 con el objetivo de formar y capacitar a los trabajadores chilenos, desde su inicio tuvo un rol público, carácter que hoy es cuestionado luego de su cesión en 1989 a la Confederación de Producción del Comercio, CPC, en el último año de la dictadura cívico-militar.

Justamente el senador por el Partido Socialista Carlos Montes, quien ha impulsado la idea de que sea el Estado quien administre y realce el rol público de Inacap, ha entregado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para indagar si efectivamente hubo un cambio o no en la propiedad de la institución.

Montes, señaló que ciertos medios de comunicación han “distorsionado” el debate, ya que el tema “no sería la estatización” del Inacap, puesto que “nunca se ha privatizado”.

En la discusión sobre el tema se han manifestado sectores de la oposición, justamente criticando la posibilidad de “estatizar” Inacap. Se trata de sectores de la derecha cercanos a la misma CPC, uno de los grupos empresariales más poderosos del país.

El diputado UDI Jaime Bellolio, quien criticó el eventual control estatal de Inacap, argumentó que la idea surge producto de la ideología de quienes proponen la idea.

Según el senador Carlos Montes, el carácter público de Inacap significaría este “no tenga lucro, que tenga gratuidad para los alumnos y que responda a un plan nacional de desarrollo para la capacitación laboral y formación profesional, situación que significaría no operar con una lógica que genere excedentes.