Al aprobarse la ley corta de gratuidad para el 2016, su implementación abre un nuevo debate: el bueno uso de los recursos públicos que se entregarán a las universidades. En el caso de las instituciones estatales, en su orgánica poseen una contraloría interna, además de ser sometidas a revisión por parte de la Contraloría General de la República.
La preocupación se abre al momento de analizar lo que podría ocurrir en las universidades privadas que van a recibir fondos públicos, teniendo en cuenta que al 2013 había cerca de doce universidades investigadas por lucro y este año se han conocido antecedentes de investigaciones a la Universidad Mayor y la Universidad Santo Tomás.
Además la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó a RVL Noticias que se estaría buscando un procedimiento abreviado para el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz, y los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y Pedro de Valdivia, Angel Maulén, en el marco del caso de coimas pagadas por acreditaciones de la CNA.
En este contexto, no ha existido una fiscalización directa de la Contraloría a los fondos que entrega el Estado a las universidades privadas, como es el caso del Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Así lo señaló el ex titular del organismo, Ramiro Mendoza a RVL Noticias, ya fuera del cargo, en mayo del 2015.
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Ante esto, fue llamativo que el nuevo contralor general de la República, Jorge Bermúdez, diera una señal tan clara en sus declaraciones al momento de ser ratificado por el Senado, diciendo que los fondos públicos serán monitoreados al momento de entrar a las universidades privadas cuando fue consultado por el tema por RVL Noticias.
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Durante la tramitación del proyecto de ley corta, este fue un tema de debate por parte de los parlamentarios. En la comisión de Hacienda de la Cámara, el ministro del ramo, Rodrigo Valdés, señaló que el texto consideraba una norma para evitar el lucro.
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Igualmente las aprensiones de los parlamentarios llevaron a incluir una indicación para que el Mineduc deba recibir cuenta de los dineros que aporte a las universidades. RVL Noticias conversó con el diputado DC Ricardo Rincón al respecto.
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La mayor preocupación es que si no se realiza la efectiva fiscalización, ni se exigen rendiciones de cuentas, se instalaría un escenario que sería muy negativo, según lo señala Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
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Las universidades tenían plazo hasta el domingo 27 para comunicar su intención de incorporarse o no al sistema de gratuidad que implementará el Mineduc este 2016. Finalmente lo hicieron cinco universidades privadas, además de las 25 que integran el Cruch.