La bancada del Frente Amplio ofició a Contraloría, SEA, Sernageomin y Hacienda por eventuales conflictos de interés del ministro Jorge Quiroz.

Los diputados Ignacio Achurra y Jaime Bassa junto a la diputada Constanza Schonhaut solicitaron oficiar a los cuatro organismos para transparentar el funcionamiento del Comité de Proyectos en el SEIA, creado por el Ministerio de Hacienda, y solicitan que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre la legalidad de dicha instancia y sobre el cumplimiento del deber de abstención por parte del secretario de Estado.

En el marco la presentación de la Comisión Especial Investigadora para fiscalizar eventuales conflictos de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la bancada diputadas y diputados del Frente Amplio ingresaron cuatro oficios de fiscalización dirigidos a la Contraloría General de la República, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y al Ministerio de Hacienda, a partir de los antecedentes informados por CIPER que dan cuenta que esta última cartera implementó un sistema de seguimiento y aceleración de la tramitación ambiental de proyectos de inversión.

Las bancadas de oposición anunciaron la instancia investigadora luego de la publicación de dos reportajes en CIPER en los que se detalla que el gobierno habría impulsado mecanismos para la aceleración de permisos ambientales, a pesar de contar con informes negativos por parte del Sernageomin, para dos proyectos que tendrían relación con el ministro de Hacienda: el proyecto Alto Santorini en la comuna de Concón, propiedad del hermano del secretario de Estado, y de un proyecto de planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, del Grupo Errázuriz en el que el ministro participó a través de su consultora Quiroz & Asociados.

Al respecto, el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa explicó que “las actitudes del ministro Quiroz están generando serias dudas respecto a la transparencia y probidad de alguna de sus actuaciones que podrían indicar tráfico de influencias o incluso conflictos de interés. Hemos conocido sobre la aprobación de dos proyectos sin respaldo técnico y en los que el ministro tendría conflictos de interés. Además su ministerio ha generado nuevos mecanismos para acelerar la obtención de permisos pero no existen actas ni documentos que den cuenta de los acuerdos, eventuales recomendaciones u otros antecedentes que deben ser públicos. Esto nos lleva a activar los mecanismos de fiscalización que tenemos como diputados y diputadas y a fiscalizar las acciones del ministro y la proyección que éstas tienen respecto de las actuaciones de empresas privadas que afectarán gravemente al medio ambiente”.

En el caso del proyecto Alto Santorini los diputados y la diputada cuestionan su aprobación en el marco de un sistema de un nuevo monitoreo de tramitación ambiental y un Comité de Proyectos en el SEIA, coordinado desde el Ministerio de Hacienda, integrado por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente, que no cuenta con actas ni registros públicos de sus sesiones, criterios de priorización ni acuerdos. 

Mientras que en el proyecto desarrollado por el Grupo Errázuriz señalan que tampoco existen actas o registros de eventuales recomendaciones, y no hay antecedentes que den cuenta de que se haya informado un posible conflicto de interés a pesar de que el ministro coescribió en 2025 un estudio para dicho proyecto junto a quien hoy es el funcionario a cargo de monitorear los proyectos de tramitación ambiental de la cartera de Hacienda, ambos entonces parte de la consultora privada Quiroz & Asociados.

A partir de estos antecedentes, los diputados y la diputada buscan conocer y determinar eventuales irregularidades a propósito del Comité de Proyectos del SEIA y el sistema de seguimiento creado bajo el mandato del ministro Jorge Quiroz, así como establecer los criterios de priorización de proyectos, los fundamentos ante la inexistencia de actas, informes y registros públicos de sus sesiones, y la eventual incidencia del secretario de Estado en las resoluciones de los proyectos anteriormente mencionados, y revisar el cumplimiento de las obligaciones de probidad, abstención y declaración de intereses por parte del ministro y sus asesores.

El diputado Ignacio Achurra señaló que “a propósito del potencial conflicto de interés y falta de probidad del ministro Quiroz, que nos ha hecho presentar una comisión especial investigadora, también hemos presentado un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del comité de proyectos en el SEIA. Este es un organismo que creó el ministro Quiroz desde el Ministerio de Hacienda sin ninguna base legal, no tiene actas públicas y ha tenido como objeto apurar proyectos para su aprobación, proyectos que han beneficiado directamente a familiares del ministro Quiroz. El objetivo es que la Contraloría se pronuncie respecto al potencial deber de abstención que debió tener el ministro Quiroz y además sobre su declaración de patrimonios e intereses”.

Concretamente, buscan fiscalizar al Comité de Proyectos en el SEIA, instancia integrada por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente, y coordinada por la cartera que encabeza Jorge Quiroz, y confirmar su teoría que no fue creada por ley y no tiene competencias ambientales; tampoco cuenta con actas de sus sesiones, informes públicos ni criterios formales de priorización de los proyectos que analiza. En este contexto, es que recordaron que el comité aprobó recientemente dos proyectos, que estarían vinculados al ministro de Hacienda, a pesar de los reparos técnicos presentados por el Sernageomin.

En la información solicitada a los organismos se solicita remitir el instrumento formal que habría creado el Comité; la nómina íntegra de proyectos analizados y priorizados desde el 11 de marzo; los criterios utilizados para la priorización; las actas y comunicaciones de sus sesiones y todas las instrucciones cursadas hacia servicios con competencia sectorial. Asimismo, se solicitó las resoluciones de calificación Ambiental; el acta de las sesiones; así como la fundamentación técnica y jurídica de la decisión de no incorporar el pronunciamiento del Sernageomin.

En el caso de la Contraloría se solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de la creación y operación de este Comité, sobre el cumplimiento del deber de abstención que recae en el ministro Jorge Quiroz, y de la veracidad, integridad y oportunidad de su Declaración de Intereses y Patrimonio, que contaba con omisiones y que fue rectificada recién el 10 de julio de 2026.