En Panorámica conversamos con los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Violeta Flores, Alexis Antinao, Mónica Soto y Dioni Olivares. Quienes a seis meses de la asunción del gobierno de José Antonio Kast, describieron un panorama de alta tensión social y retrocesos en derechos laborales, advirtiendo sobre las crecientes tensiones que afectan la estabilidad del país y las posibles respuestas de las organizaciones de trabajadores ante las políticas de la actual administración.
Alexis Antinao, secretario general de la CUT Provincial Valparaíso, sostiene que la posibilidad de un nuevo estallido social es latente y "puede ser en cualquier momento" debido al complejo drama económico que enfrenta la ciudadanía. En este sentido el dirigente enfatiza que, a diferencia del pasado, se busca que este eventual estallido tenga una "conducción política" transversal que evite la fragmentación y defina un camino claro para los sectores progresistas.
Uno de los puntos más críticos presentado por los sindicalistas es la propuesta de implementar una jornada de 52 horas de trabajo. Los dirigentes denuncian que esto representa una "trampa" de flexibilidad laboral bajo la fachada de reactivación económica, la cual busca eliminar el pago de horas extraordinarias y sobrecargar a los trabajadores. Advierten también que estas medidas profundizan la precarización, especialmente en sectores como el retail, donde se reportan contratos inestables, alta rotación y un aumento del estrés físico y mental debido a la polifuncionalidad y la automatización.
los dirigentes caracterizaron a la administración de Kast como un gobierno de "ultraderecha y ultra-neoliberal" que carece de empatía hacia la clase trabajadora. Acusaron al Ejecutivo de gobernar mediante decretos para eludir el debate parlamentario y de utilizar un relato de "caos económico" para justificar recortes presupuestarios que afectan directamente a la salud, la educación y la vivienda. Señalaron también que la prioridad gubernamental es favorecer al sector empresarial mediante la reducción del rol del Estado y la privatización de recursos estratégicos.
Finalmente alertaron sobre la proyección de más de 30,000 despidos en el sector público a nivel nacional, derivados del recorte presupuestario del 3%. Antinao destacó que solo en el Ministerio de Cultura, donde el recorte alcanzó casi el 10%, se estiman cerca de 300 desvinculaciones. Los dirigentes aseguraron que no habrá "aguante" para una situación de tal magnitud y señalan noviembre como un mes clave para la movilización nacional, coincidiendo con la discusión del presupuesto fiscal y el agotamiento de los recursos en los servicios públicos.
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