En Panorámica conversamos con Ricardo Quero, representante de la agrupación Salvemos Quirilluca, quien detalló los pilares de la reclamación presentada ante el Segundo Tribunal Ambiental, la cual busca anular la resolución de calificación ambiental (RCA) ratificada por el Comité de Ministros, argumentando que la iniciativa ignora normativas sanitarias y pone en riesgo un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Según comenta el representante de los movimientos sociales, la reclamación sostiene que se omitió información clave sobre la fauna local, específicamente sobre el Piquero (Sula variegata), especie que utiliza los acantilados de la zona para nidificar y reproducirse, un fenómeno excepcional en la región. Además, el proyecto implicaría la tala de 137 hectáreas de bosque nativo esclerófilo costero y afectaría ejemplares de Belloto del Norte, especie protegida que solo puede ser intervenida bajo circunstancias muy específicas que no se estarían cumpliendo.
Desde la agrupación advirtieron también que Uno de los puntos más alarmantes es la presencia de arsénico en el suelo, producto de 60 años de polución del parque industrial Ventanas. Quero denunció que la inmobiliaria no respetó las instrucciones de la autoridad sanitaria y utilizó una normativa distinta a la solicitada. Citando estudios científicos, advirtió que la exposición prolongada a estos niveles de arsénico puede generar modificaciones genéticas que predisponen al cáncer, afectando especialmente a los niños por su contacto directo con el suelo
Pese a que el Comité de Ministros respaldó el proyecto, la agrupación confía en que el Tribunal Ambiental actúe bajo criterios legales y no políticos. Enfatizando que como agrupación no mantienen una postura intransigente, sino que exigen que el diseño del proyecto se modifique para ser compatible con el entorno, respetando las distancias de nidificación, remediando el arsénico y asegurando un suministro de agua que no perjudique a la región. De no obtener un fallo favorable, la organización no descarta recurrir como última instancia a la Corte Suprema