El proyecto de ley de reconstrucción se aprobó en la comisión de Medio Ambiente, sus integrantes, se abocaron a analizar las enmiendas de los parlamentarios y del Ejecutivo, que se extendió hasta pasada la medianoche.

En lo sustancial, se aprobó facultar a empresas privadas a exigir una indemnización económica estatal en caso de que un tribunal revoque una Resolución de Calificación Ambiental.

En cuanto a los plazos de tramitación administrativa, los órganos sectoriales darán  respuesta a los proyectos de inversión en tramitación, en el plazo de un año considerando todos los actos administrativos del Estado.

Respecto al plazo para la invalidación de una Resolución de Calificación Ambiental, es decir, para que un tercero presente un recurso legal y administrativo para dejar sin efecto un permiso ambiental ya aprobado, el plazo quedó en un año.

Conversamos con Roxana Núñez, abogada y vocera de Greenpeace.