La Corte de Apelaciones de Valparaíso falló en una causa acerca de los programas de apoyo a la transición de género y ha emitido una orden a la Contraloría general de la República a que debe abstenerse de requerir al Ministerio de Salud “datos sensibles” sobre quiénes son miembros de la iniciativa.

El tribunal acogió un recurso de protección interpuesto por una familia, sobre la base de argumentar que el oficio de la contralora Dorothy Pérez es “arbitrario e ilegal” y perjudicaba sus derechos.

Recordar que el organismo requirió RUTs, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, ingreso y egreso del programa, el recinto donde se trata la persona y vigencia del servicio.

El fallo fue dividido, 2 a 1 y los argumentos fueron claros: “Resulta desproporcionado sacrificar un derecho de rango constitucional sustentándose en una premisa fáctica, carente de corroboración probatoria específica, cuando existen medios alternativos que permiten alcanzar los mismos fines de control con una intervención sustancialmente menor en la esfera íntima de los beneficiarios”, dice el fallo al que accedió Informe Especial.

“El Estado se encuentra obligado a elegir el medio que resulte menos gravoso para el derecho fundamental intervenido”; es decir, en el fallo se prioriza la privacidad y la reserva sobre información sensible como la contenida en una ficha clínica.