Andrés Arce, vicepresidente regional del Colegio de Profesoras y Profesores de Valparaíso, manifestó su profunda preocupación por el actual rumbo de las políticas educativas en Chile, calificando la situación como una "crisis profunda". En entrevista con radio Valentín Letelier, el dirigente gremial criticó duramente las propuestas de seguridad escolar, el posible congelamiento del traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y los recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo.
Arce cuestionó la efectividad de la ley de "Escuelas Protegidas", señalando que medidas como la revisión de mochilas o la prohibición de cubrirse el rostro no resuelven el problema de fondo de la violencia escolar. Según el dirigente, estas normativas mantienen una "lógica muy punitiva" que termina por marginar a los estudiantes conflictivos, convirtiéndolos en "parias" del sistema y pavimentando su camino hacia la delincuencia.
"La violencia escolar es un reflejo de una violencia social y estructural", afirmó el dirigente, destacando que existe un "abandono brutal" de niños, niñas y adolescentes que desborda a los trabajadores de la educación. En su lugar, el magisterio propone fortalecer las duplas psicosociales y los apoyos especializados, los cuales actualmente no dan abasto para atender las complejas trayectorias educativas.
Respecto a la administración de la educación pública, Arce calificó como un "contrasentido" la intención del Gobierno de ralentizar el traspaso de los municipios a los SLEP. Si bien reconoció que los servicios locales han enfrentado problemas de gestión y lentitud en la adquisición de materiales básicos, sostuvo que volver al modelo municipal es restaurar los vicios de un sistema heredado que generó deudas previsionales y alta segregación.
Asimismo, denunció las precarias condiciones materiales en las que operan muchos establecimientos, especialmente en Valparaíso, donde los docentes conviven con infraestructura dañada y falta de recursos mínimos. "La respuesta frente a esa realidad es recortemos los recursos... es vivir en un mundo esquizofrénico", fustigó ante el anuncio de un recorte presupuestario del 3%.
Al mismo tiempo lamentó la invisibilización de los profesores en el debate sobre seguridad, mencionando que tras incidentes graves como los ocurridos en Calama, el foco se pone en la salud mental de los alumnos, pero se ignora el impacto en los trabajadores. El "agobio laboral" ha mutado hacia una crisis de salud mental vinculada directamente a la conflictividad y las disrupciones en el aula, lo que ha provocado un aumento explosivo de licencias médicas desde la pandemia.
Ante este escenario, el vicepresidente del Colegio de Profesores describió como un "tsunami" de medidas que afectan la democratización y calidad de la escuela pública y no descartó iniciar procesos de movilización.
"Históricamente la movilización siempre fue aquella que contuvo este tipo de arremetidas", declaró Arce, haciendo un llamado a las directivas nacionales y comunales a activarse frente a un Gobierno que, a su juicio, ha pasado de un tono dialogante a dar "bofetadas" a los trabajadores de la educación. El gremio abordará formalmente estas definiciones en su próxima asamblea regional en la comuna de Cabildo.