El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que el proyecto de ley sobre educación superior que el Ejecutivo envió al Parlamento marca, sin ambigüedades, un camino hacia la gratuidad universal, por lo que el logro de esa meta está garantizada de aprobarse dicha iniciativa. Así, Valdés recula de lo dicho este martes, cuando señaló que era necesario que el país debatiera respecto a si quería gratuidad universal o no.

La Presidenta Michelle Bachelet, se refirió al proyecto enviado por el Ejecutivo para encontrar el camino que permita alcanzar el objetivo de la calidad y la gratuidad en la educación superior.

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Por más de dos horas expuso la ministra de Educación, Adriana Delpiano, el proyecto de Reforma a la Educación Superior ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Robles.

En su exposición, la ministra explicó los ejes de la reforma, el diagnóstico en que se basaron las modificaciones, las definiciones de la nueva Subsecretaría de Educación Superior que se pretende crear, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y la Superintendencia de Educación Superior, además de los mecanismos de prohibición del lucro y las formas de financiamiento público de la educación superior.

Antes las críticas de variados sectores, la ministra Delpiano señalo que el proyecto ha buscado ser una reformulación del sistema sin responder a intereses particulares.

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El proyecto de ley propone una transición hacia la gratuidad universal con miras a avanzar en la cobertura desde el quinto decil en adelante, modalidad a la que pueden adscribirse las universidades sin fines de lucro.

La idea es que para el año 2017 se amplíe la base de instituciones adscritas al sistema de gratuidad y se integren los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales sin fines de lucro y con cuatro años de acreditación.

Esta transición se proyecta en torno al Producto Interno Bruto del país, hasta llegar a la cobertura de los diez deciles con un aumento de los ingresos fiscales que alcancen el 29,5% del PIB.

Así lo explicó la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga.

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Uno de los puntos polémicos del proyecto de ley tiene que ver con los mecanismos de prohibición efectiva del lucro mediante la obligación de las instituciones de educación superior de reinvertir sus excedentes en mejoras a la calidad de la educación que brindan y, en el caso de las instituciones privadas, mediante la imposibilidad de asociarse ni tener como controladores a personas jurídicas con fines de lucro, contemplándose dos años para esa transición.

La diputada Camila Vallejo señaló que todavía no pueden afirmar que el proyecto, como está presentado, cumple con el objetivo de terminar con el lucro de manera efectiva, por lo que deberán estudiarlo en detalle y escuchar a otros actores para evaluarlo.

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Según el diputado Giorgio Jackson, algunos de los puntos más controversiales del proyecto son los mecanisnos para lograr la gratuidad y la forma de entregar esos recursos.

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Cabe destacar que, dada la extensión de la ponencia, los parlamentarios no alcanzaron a formular preguntas sobre el proyecto de ley, por lo que la ministra de Educación fue citada nuevamente a una próxima sesión.