La Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso informó el deceso de una persona privada de libertad en calidad de imputada, quien por circunstancias que se encuentran en investigación, falleció en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio.

La persona fallecida es la misma que se presentó ante Carabineros y señaló haber cometido un doble parricidio en Llolleo, comuna de San Antonio y cuya investigación fue encargada a la brigada de homicidios de la PDI (foto). Se esperaba este jueves su formalización, pero el miércoles en la noche fue encontrado muerto en el penal.  

Según el organismo, "preliminarmente, se determinó que no hay intervención de terceros en la muerte del interno. La Institución Penitenciaria puso de inmediato los antecedentes a disposición del Ministerio Público, además de instruir los procedimientos correspondientes, con el propósito de contribuir al total esclarecimiento de los hechos", señaló. 

"En paralelo, los funcionarios y profesionales del área psicosocial de Gendarmería se comunicaron con los familiares del fallecido para entregarles contención y apoyo", agregaron. "Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con el buen trato y el respeto de los derechos humanos de todas las personas que custodia", concluyeron.

Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso se informó las circunstancias del hecho: "Cerca de las 23 horas (miércoles 22 de abril) ingresa una denuncia al Turno Regional de Instrucción y Flagrancia por parte del funcionario de turno nocturno de Gendarmería en el C.C.P. San Antonio, que indicaba el fallecimiento del imputado Esteban Andrés Jeria Soza dentro de la celda de aislamiento preventivo".

Agregaron que el Turno Regional "instruyó el aislamiento del sitio del suceso, la realización de autopsia con Protocolo de Minnesota por el Servicio Médico Legal y la concurrencia de personal de Brigada de Homicidios de San Antonio. Si bien la causa está en investigación y con diligencias en curso, tras la concurrencia de la Brigada de Homicidios, se informó como causa probable la asfixia por ahorcamiento del tipo suicida, antecedente que será parte de la indagatoria que llevará la Fiscalía Local de San Antonio".

El Protocolo de Minnesota, en su versión de 2016, tiene por finalidad proteger la el derecho a la vida, así como promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación por medio de una investigación eficaz de cualquier muerte potencialmente ilícita o donde exista sospecha de desaparición forzada. 

El Protocolo se aplica a la investigación de toda muerte potencialmente ilícita. Precisando esta regla, se aplicaría cuando la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida; sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes; y Puede haber sido resultado del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger la vida.