El diputado de RN se refirió al despacho del proyecto "Escuelas protegidas", después de ser aprobado en la Comisión de Educación. 

"Valoramos sacar este proyecto en el día de hoy para que lo podamos discutir en sala el día lunes. Este es un proyecto que entrega más herramientas para que las comunidades educativas puedan ejercerlas y prevenir este flagelo que es la violencia escolar que estamos sufriendo", dijo. 

"Es un proyecto que apunta a fortalecer la autoridad de los directores y de los profesores, y que también cautela en forma importante las aprensiones que había de algunos sectores, como los asistentes de la educación y otros. Este es un proyecto que ha recogido muchas de las observaciones críticas que se le hicieron, y que hoy día no sufre ningún, de ninguna manera, algún vicio de inconstitucionalidad", afirmó. 

"Por lo tanto, esperamos que siga su pronta tramitación y podamos luego entregarles a las comunidades educativas este conjunto de herramientas y medidas que les van a permitir enfrentar de mejor forma la violencia que están viviendo en nuestros establecimientos educacionales", agregó.

El proyecto tiene una norma que incorpora como requisito para obtener la gratuidad en la educación superior, no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas, o contra la propiedad, pública o privada.

Junto a su aprobación (nueve votos a favor y tres en contra), la comisión también dio el visto bueno a otra indicación de diputados del oficialismo. Ella dispone que las instituciones de educación superior obligadas a otorgar estudios gratuitos suspenderán este beneficio si el estudiante es condenado por sentencia firme y ejecutoriada por este tipo de delitos.

Un punto más debatido fue la propuesta para retirar beneficios como la beca Junaeb y el pase escolar a quienes resulten sancionados. La indicación fue rechazada por apenas un voto de diferencia.

Pardo, parlamentario representante del distrito 6, se refirió a su abstención al momento de resolver si apoyaba o no la indicación que buscaba retirar esos beneficios estudiantiles a cargo fiscal para aquellas personas que fueran condenadas, en lo cual hubo un amplio debate.

"Tal como lo expuse en la comisión, a mi juicio, esa redacción tiene fallas de técnica legislativa. Legisla además sobre leyes futuras, y tengo otras aprehensiones para el éxito del proyecto. Acá tenemos que pensar que este proyecto represente a una amplia mayoría y que tenga todo el respaldo que se merece un proyecto que apunta a fortalecer la seguridad en nuestros establecimientos educacionales. Si los errores que contiene la indicación son corregidos y se presentan en la sala, por supuesto que en ese caso lo respaldaría", señaló.

El texto aprobado en la comisión, por mayoría de votos, dispone que los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional.

Pero, “queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal“, punto propuesto por las diputadas opositoras Emilia Schneider y Daniela Serrano y aprobado por unanimidad.

El reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer cuál es el personal expresamente autorizado para esto; el deber de evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados y que la revisión se realice en lugares especialmente designados para ello.

Además, si tras la revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos comunicaran el hecho de inmediato a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.

Dentro del proceso, el gobierno presentó una nueva redacción que señala que se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas. Pero, se excluye aquellos cometidos involuntariamente. El Ejecutivo planteó que esto último busca excluir los casos que puedan derivar de acciones de estudiantes con condiciones especiales.

La instancia, asimismo, aprobó una indicación de Valentina Becerra, Sergio Bobadilla, Paz Charpentier, Sara Concha, Ricardo Neumann, Luis Pardo, Germán Verdugo y Vergara que incluye las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada.