El Comité de ministros mantuvo la calificación ambiental del desarrollo inmobiliario Maratué en la Región de Valparaíso, confirmando la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable de la iniciativa inmobiliaria.
La instancia, presidida por la ministra Francisca Toledo, revisó dos recursos de reclamación presentados respecto del proyecto “Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví”. La iniciativa consiste en el desarrollo inmobiliario en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, entre las localidades de Maitencillo y Horcón para la construcción de viviendas en un plazo de 45 años y que contempla la creación de un área de conservación de 125,2 hectáreas.
En la reunión participaron, además de la ministra Toledo, los titulares de las carteras de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos y de Energía, Ximena Rincón, las 3 reclamaciones presentadas a los proyectos fueron rechazadas en base a los informes técnicos evacuados por distintas instituciones al Servicio de Evaluación Ambiental.
La ministra Toledo destacó que “desde el Ministerio del Medio Ambiente estamos apoyando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su plan de agilización de los procesos de recursos de reclamación. Este tiene como objetivo cumplir con la instrucción presidencial de agilizar la revisión de las reclamaciones presentadas a proyectos de inversión, pero también busca cimentar una nueva estrategia de trabajo”.
La ratificación de las resoluciones de calificación ambiental de estos dos proyectos suman más de US$ 2.000 millones. A esto se adicionan los tres proyectos de energías renovables revisados el 30 de marzo pasado, destrabando otros US$ 1.000 millones. A su vez, la Dirección Ejecutiva del SEA ha tomado decisiones en el marco de sus
funciones que han ratificado iniciativas por otros US$ 1.000 millones.
El Comité de Ministros está integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud, Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía, y Minería.
Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley N°19.300; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una Resolución de Calificación Ambiental, de acuerdo a la Ley N°19.300; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido consideradas, en conformidad al artículo 29 de la Ley N°19.300.