La Comisión de Transportes aprobó el proyecto de ley que impone controles obligatorios y regulares de alcotest y narcotest a los conductores de microbuses urbanos, iniciativa conocida como Ley Alberto.

La iniciativa, que contempla la aplicación periódica de alcotest y narcotest a conductores de microbuses urbanos, fue aprobada en comisión y busca prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y drogas. La norma busca prevenir que choferes conduzcan bajo efectos del alcohol o drogas y ahora pasará a revisión de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Además, criticó la decisión de la comisión evaluadora de la licitación del transporte público del Gran Valparaíso, que recomienda adjudicar una parte del sistema a la empresa Viña Bus, de propiedad de Reinaldo Sánchez, remarcando que es “muy difícil confiar en una empresa que ha maltratado a los usuarios por tanto tiempo”.

Sobre el proceso de licitación, el diputado Cuello parte describiendo: “La Comisión Evaluadora de la Licitación del Transporte Público en el Gran Valparaíso ha recomendado adjudicar una parte del sistema a la empresa Viña Bus, empresa de propiedad del señor Reinaldo Sánchez”, añadiendo que valora “el proceso de licitación y que ha incorporado estándares de calidad y buen servicio”.

Sin embargo lo anterior, el parlamentario del PC, fustigó: “Nos preocupa que se deje a cargo a una empresa que en el tiempo ha demostrado entregar un pésimo servicio y que además es una empresa que es causante de la crisis del transporte, una empresa que no fue capaz de instalar el pago electrónico teniendo tres años para hacerlo, que tiene en mal estado las máquinas, que tiene múltiples demandas laborales, es decir, es muy difícil confiar en una empresa que ha maltratado a los usuarios por tanto tiempo”.

Uno de los impulsores, el diputado del Partido Comunista Luis Cuello, señaló que el proyecto obliga a las empresas de transporte público a aplicar exámenes a todos sus conductores con una periodicidad definida.