A las afueras del Congreso nacional se han realizado manifestaciones en respaldo al proyecto de reajuste al sector público.

Esto, luego que hay preocupación entre las y los diputados de la Comisión de Hacienda por las exposiciones de la Contraloría General de la República y del Consejo Fiscal Autónomo respecto del proyecto

La presidenta del CFA, Paula Benavides, revisó las diversas vías de financiamiento de la propuesta legal informadas por el Ejecutivo. En dicho contexto, advirtió que, de los US$1.668 millones que costaría el conjunto de la iniciativa, existirían US$822 millones no explicados explícitamente. Así, se estimó que esto representaría un esfuerzo mayor que debería provenir de reasignaciones o de un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.

Por su parte, la contralora Dorothy Pérez comentó que el proyecto de ley cuenta con fuentes efectivas de financiamiento, consignadas en el Tesoro Público. Sin embargo, alertó que estas provisiones también consideran gasto para otras materias. A estas vías, acotó, se suman la posibilidad de reasignaciones y la posibilidad de incrementos del gasto en personal, según las normas de flexibilidad. También se puede considerar la eventual disminución del gasto por la reducción de personal.

El texto otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, así como otros beneficios y compromisos del Estado. Rodrigo Rocha, presidente de Fenpruss planteó su preocupación por cómo se resuelva el proyecto. Además por los cupos en cambio de gobierno.