Preocupación ha generado en las agrupaciones de Derechos Humanos la serie de fallos de la Corte Suprema en favor de condenados por crímenes cometidos durante la Dictadura, así como las mociones parlamentarias que permitirían otorgar beneficios a reos de Punta Peuco.

Dirigentes de distintas organizaciones de Derechos Humanos se reunieron con el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetsch. Al salir del encuentro, los familiares de las víctimas de la dictadura expresaron su molestia respecto a la disposición favorable del magistrado sobre estas iniciativas parlamentarias.

Hace unos días, Dolmetsch se había pronunciado sobre esta materia señalando que “las cosas ya tuvieron su término: la gente ha sido condenada. Entonces, no puede haber pago permanente”. Esta postura -que fue reafirmada durante la reunión- fue categóricamente rechazada por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

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El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Copiapó, Rodolfo Villarroel, aseguró que desde las organizaciones realizarán todas las acciones y movilizaciones para impedir que alguna de estas iniciativas sea aprobada.

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Para Juana Aguilera, dirigenta de la Comisión Ética contra la Tortura, el Gobierno debe pronunciarse sobre este tema. Además, realizó un llamado a los parlamentarios a rechazar cualquier iniciativa que implique impunidad para los criminales de la dictadura.

Luego de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, los representantes de las agrupaciones sostuvieron un encuentro con la titular de Justicia, Javiera Blanco, tras la cual aseguraron haber quedado más tranquilos, ya que la secretaria de Estado habría expresado su compromiso de establecer requisitos sustanciales para que criminales de la Dictadura puedan acceder a beneficios penitenciarios.