El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso este lunes cuatro nuevas querellas criminales, en distintas regiones del país, todas contra Alberto Larraín Salas, director ejecutivo y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación Procultura. Lo anterior, en el marco del análisis de los antecedentes de la investigación penal a cargo del Ministerio Público.

Las querellas interpuestas ante los Juzgados de Garantía de Valparaíso y Chillán, por el delito de fraude al Fisco, se dirigen igualmente contra distintos funcionarios públicos por su participación, junto a Larraín y Gómez, en la suscripción de convenios de transferencia de recursos entre la fundación y la SEREMI MINVU, el SERVIU de Valparaíso y el GORE de Ñuble respectivamente.  Dichos convenios estaban destinados a la ejecución de proyectos vinculados a un programa de asentamientos precarios en el primer caso y a la iniciativa denominada “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, en el segundo caso.

Respecto de las querellas presentadas en el Juzgado de Garantía de Concepción y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el CDE interpuso querellas por apropiación indebida en contra de María Constanza Gómez Cruz y Alberto Andrés Larraín Salas, y en contra de quienes resulten responsables, en virtud de los antecedentes reunidos que dan cuenta de la distracción de recursos públicos entregados a la Fundación Procultura en el marco de convenios de transferencia con el Gobierno Regional de Biobío y el Gobierno Regional Metropolitano.

Sobre dichas acciones, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, señaló que “como institución hemos mantenido una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos entre organismos del Estado y la mencionada Fundación, tanto desde la perspectiva penal como civil, a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos”.