El caso de la muerte del funcionario municipal Eduardo Lara, ocurrida el 21 de mayo del año 2016, podría ser resuelto en el Tribunal Constitucional (TC).

Esto, luego que la Defensoría Penal Pública de Valparaíso, con las representaciones de los condenados Nicolás Bayer Monnard, Hugo Barraza Araya y Felipe Ríos Henríquez, ingresaran un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el órgano judicial.

El recurso apela a un debate que se dio durante todo el proceso: el uso por parte de la Fiscalía de Valparaíso de pruebas obtenidas a través del Sistema de Inteligencia del Estado, para poder individualizar y relacionar a una parte de los seis condenados en el caso.

El escrito, ingresado el día 9 de agosto, apela a la ley que regula el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, norma que señala la posibilidad que sus actividades e informaciones generen alguna afectación en ciertas garantías constitucionales, pero enfatiza que dicha información no puede ser utilizada “para obtener antecedentes probatorios en el proceso penal”.

El texto, ingresado por la Defensoría Penal Pública ante el Tribunal Constitucional, señala que si existe la utilización de pruebas de inteligencia en el proceso, entonces debe ser autorizado judicialmente, además de informar medios utilizados para la práctica de inteligencia, individualización de medios y de las personas a las que se aplica.

La Defensoría argumenta que “la evidencia utilizada en juicio tiene su origen en una actividad policial indagatoria oficiosa realizada por policías del sistema de seguridad nacional, no autorizada legalmente por un fiscal del Ministerio Público”.

Este argumento presentado en el escrito fue ratificado a RVL Noticias por el defensor penal público, Franco Lemos.

Se argumenta además que dichas pruebas buscaban “establecer la identidad de los autores que actuaron a rostro cubierto provocando el incendio del día 21 de mayo del 2016”.

El requerimiento está ingresado en favor de tres de los condenados, representados por la Defensoría Penal Pública, ante el Tribunal Constitucional, sin embargo, según la abogada defensora Betsabé Carrasco, representante de otras dos personas condenadas, Constanza Gutiérrez Salinas y Rodrigo Araya Villalobos, el proceso es extensivo a las seis personas consideradas culpables, en cuanto los tiempos judiciales del caso.

El recurso además señala que está pendiente la vista de los recursos de nulidad presentados ante la Corte Suprema, después de haber sido considerado admisible por parte del máximo tribunal del país, en el cual además de revisar la posibilidad de un nuevo proceso, se analiza la opción de excluir dichas pruebas de inteligencia si se estableciera otro juicio.

Si el requerimiento es considerado admisible, la causa en la Corte Suprema debe detenerse hasta que el TC resuelva.