En Panorámica conversamos con Mónica Monje, psicóloga clínica, exdirectora del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAT) Galvarino y autora del libro: "La deuda de protección a la infancia en Chile: Lissette Villa y el Expediente Galvarino: La arqueología del desamparo".

El libro reconstruye la muerte de Lissette Villa Poblete, ocurrida el 11 de abril de 2016 mientras se encontraba bajo custodia estatal en el CREAD Galvarino, pero no se limita al hecho final ni al proceso judicial posterior. Su propósito es examinar las condiciones institucionales, técnicas y administrativas que rodearon esa tragedia y mostrar cómo funcionaba el sistema de protección infantil desde dentro.

Durante la conversación Monje analizó también el escenario actual tras el cierre del SENAME y la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), Monje sostiene una postura marcadamente crítica, argumentando que las brechas de fondo no han sido resueltas. Aunque valora la separación de las áreas de protección y reinserción social de jóvenes, advierte que la reforma respondió a lemas políticos («los niños primero») y no a un cuestionamiento profundo del modelo de intervención ni de sus orientaciones técnicas.

El principal nudo crítico señalado por la especialista es la privatización y desproporción del sistema: el 90 % de la red de protección se encuentra privatizada en manos de Organismos Colaboradores (OCAS), mientras el Estado administra directamente solo el 10 %. Segun Monje, esta estructura limita severamente la capacidad estatal de supervisión técnica y financiera. Además, las precarias condiciones laborales y bajas remuneraciones del sector privado generan una alta rotación de profesionales, lo que deriva en una revictimización secundaria (daño yatrogénico) donde los niños vulnerados deben relatar su trauma repetidamente a cuatro o cinco psicólogos distintos.
Finalmente, Monje aboga por un cambio de paradigma hacia la desinstitucionalización y la prevención socioafectiva. Sostiene que el sistema actual penaliza la pobreza, institucionalizando a niños por falta de recursos económicos o redes familiares en lugar de casos estrictos de maltrato grave. En lugar de financiar residencias masivas con un alto costo mensual por niño (entre 2 y 3 millones de pesos), propone que el Estado subvencione e intervenga directamente a las familias de origen mediante modelos preventivos validados (como la terapia multisistémica o el modelo Triple P) y el fortalecimiento de competencias parentales. Para la autora, la residencia debe ser la última alternativa y responder a una rigurosa «ética del cuidado» que capacite y contenga a los educadores