En Panorámica conversamos con el destacado penalista y académico de la Universidad de Valparaíso, José Luis Guzmán Dálbora, quien desmanteló los fundamentos del proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.

Durante la conversación, Guzmán advirtió que nos enfrentamos a una normativa cuyo nombre es un "engaño" lingüístico, pues no aborda el vandalismo real —entendido como destrucción bélica— ni las meras faltas de cortesía social, sino que estamos ante una pieza legislativa diseñada para castigar la protesta social y consolidar una estructura de control autoritaria.
Para Guzmán, el origen de esta ley no responde a una necesidad técnica, sino a una herida abierta en el sector político que la impulsa. Según el académico, el proyecto es la "última reacción" punitiva frente a la revuelta social de 2019, la cual "conmovió de manera muy profunda" a ciertos grupos. El profesor conjetura que detrás de este articulado existen "temores personales y rencores grupales muy intensos" de quienes no han logrado procesar lo ocurrido y buscan, mediante la ley, "cancelar" la disposición ciudadana al ejercicio de derechos fundamentales. Bajo la apariencia de seguridad, se esconde un intento por restaurar una "sociedad de concesiones" en lugar de una "sociedad de derechos".
En este sentido, el diagnóstico del académico es lapidario: esta ley no resuelve los problemas que dice combatir, ya que gran parte de las conductas descritas ya están tipificadas y duramente sancionadas en el ordenamiento actual. Por el contrario, Guzmán afirma que la normativa es profundamente clasista, pues sus sanciones —como la pérdida de gratuidad universitaria o de pensiones garantizadas— golpean exclusivamente a la población precaria, dejando prácticamente indemne al 30% más favorecido del país. Además, al crear un registro público, la ley impone una "muerte social" o "muerte civil" al estigmatizar permanentemente a los individuos, privándolos de su derecho al olvido y excluyéndolos jurídicamente de la vida social.
Respecto a la iniciativa de Aula Segura (o Escuela Protegida), Guzmán no dudó en calificarla como una "aberración" que destruye las bases mismas de la educación. El profesor argumentó que este proyecto anula la confianza recíproca entre docente y estudiante al convertir al profesorado en una fuerza policial encargada de tareas de sospecha y control. Al permitir registros personales en ciertos establecimientos, la ley termina por estigmatizar nuevamente a sectores específicos, creando un sistema escolar segregado: uno bajo vigilancia y otro libre de sospecha, lo que refuerza el carácter autoritario y excluyente de esta agenda legislativa