En Panorámica Catherine Ríos, jefa de estudios de la Defensoría Regional, analizó las recientes reformas a la Ley 20.000, destacando su carácter altamente punitivo y la persistencia de mitos sobre el autocultivo. Ríos aclaró que, aunque el consumo privado no es punible, el cultivo sigue prohibido a menos que se acredite judicialmente para uso personal. Asimismo aclaró que el uso terapéutico exige receta médica previa y prohíbe estrictamente el consumo por combustión.
Sobre el endurecimiento de penas para "drogas tóxicas" La jefa de estudios destacó una modificación clave que afecta al microtráfico. Si se determina que las pequeñas cantidades incautadas corresponden a drogas que producen graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud —como el fentanilo—, se aplicará la pena del tráfico de grandes cantidades, que parte en 5 años y un día de presidio. Además resaltó que se introdujeron nuevas agravantes, tales como: El uso de tecnologías avanzadas o aplicaciones para facilitar o encubrir el tráfico y la comercialización de drogas adulteradas o mezcladas, lo que busca sancionar la mayor peligrosidad de las drogas químicas.
Finalmente, la experta alertó que estas medidas podrían aumentar el encarcelamiento de mujeres vulnerables, quienes suelen ser el último eslabón de la cadena delictiva, sin resolver necesariamente el problema de fondo del tráfico ilícito.