Por Carrillo

Pagar las cuentas era la prioridad. No se puede no pagar, porque no hacerlo constituía una irresponsabilidad y un incumplimiento de la “palabra empeñada”. Esa disposición movilizó cada fin de mes a mi madre en los difíciles años 80, seguramente como a muchas otras, especialmente aquellas que debían batírselas solas. Simplemente no era posible no pagar, no por las consecuencias que ello acarreara, sino porque era una obligación moral devolver lo que se te facilitó, no de parte del Estado (ausente por cierto en esa época), sino del negocio del barrio que te fiaba los alimentos, la casa Jacob si de ropa se trataba o el préstamo de la financiera.

Traigo a cuenta este fragmento biográfico a propósito de la discusión de estos días generada por el embargo de dineros de cuentas corrientes a deudores del CAE. Se trata, no cabe duda, de una medida extrema, pero que nos debe llamar a reflexión sobre por qué no solo los deudores de este compromiso no pagan, sino también de por qué grandes empresarios en determinados momentos no cumplieron sus obligaciones o personas naturales hicieron lo propio, esquivando impuestos, cuando no accediendo a condonaciones francamente impresentables.

Una prevención necesaria antes de seguir. El embargo de las cuentas constituye un exceso del Estado, cuyos actuales administradores, sin embargo, se oponen a que se levante el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero mal habido (narcotráfico, extorsiones, fraude al fisco, entre otros). Una contradicción monumental: mientras se argumenta que levantar dicho secreto sería una violación a la “intimidad”, los mismos utilizan un mecanismo para embargar las cuentas corrientes sin aviso.

Volviendo a los deudores, grandes y pequeños, tengo la intuición de que su actuar tiene su origen en el individualismo propiciado desde la época de la dictadura, el cual caló de tal modo que ya muy pocos piensan en el bien común, solo lo hacen en función del beneficio personal. Por qué un profesional que adquirió una deuda (con todas las críticas que pueda tener el sistema, válidas, sin duda) no devuelve esos recursos para que otras y otros puedan estudiar. Por qué un gran o pequeño empresario elude impuestos o no los paga derechamente, impidiendo una recaudación cuyo destino puede ir en beneficio del sistema de salud o de un programa de emprendimiento, que permita a quienes tienen buenas ideas impulsar un negocio, por ejemplo.

Lo que pasó en las últimas décadas puede explicar este fenómeno. El CAE tuvo intereses abusivos en determinados momentos, y para algunos implicó adquirir una deuda por una falsa promesa de acceder a un título profesional de una casa de estudios que solo buscaba ganar dinero, lo cual debiera tener por supuesto un tratamiento especial sino una condonación. Es una política seriamente cuestionada, que debe ser cambiada, pero guste o no, facilitó que miles de estudiantes accedieran a la educación superior con el aval del Estado, el que hoy reclama la devolución de los recursos que, por alguna incomprensible razón se dejaron de pagar -o por la promesa del anterior gobierno de condonación-. Cualquiera sea el caso, nadie puede reclamar algo así como un derecho a no pagar, sobre todo si ese pago permitirá a otros acceder a la misma oportunidad.

Pero claro, resulta explicable -no justificable- que cuando ese deudor se entera que una empresa del retail queda eximida de pagar sus obligaciones por millones de dólares con el argumento de que si no se la hace un perdonazo podría implicar que deje de existir y con ello terminar con decenas de puestos de trabajo, es obvia la irritación y la sensación de injusticia producida por aquello. Lo mismo sucede ahora cuando, por ejemplo, se busca dar “facilidades” para repatriar capitales a quienes decidieron llevar sus fortunas a otros sitios, pagando un menor impuesto por traer de vueltas esos recursos, y lo que es peor, sin hacerse cargo -con la anuencia del Estado- de haber pagado los impuestos por expatriarlos en su minuto, tal como explicó en una carta a un diario en el mes de marzo la economista Andrea Repetto, sin que haya producido ningún impacto mediático, pese a lo grave del asunto. 

Ejemplos hay muchos, pero lo cierto es que en el caso del deudor del CAE y en el del empresario evasor (con las siempre posibles excepciones de fuerza mayor para ambos casos), prima el interés personal, ese individualismo incrustado en el ADN de un país que parece cada vez más alejarse de las causas comunes y de esa supuesta solidaridad de la que tanto se alardea durante las tragedias. 

Mientras tanto, las mujeres como mi madre seguirán dándonos un ejemplo que ojalá muchas y muchos se animen a imitar. Nunca es tarde.