Reformas políticas. Nuevamente tenemos este concepto en la mesa, luego de las elecciones presidenciales de primera vuelta y la parlamentaria. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde ha dado cuenta y confirmado que estarán reimpulsando el proyecto, por medio de una reactivación del diálogo.

Se ha especulado en saber cuál sería el tenor de la iniciativa, ya que se ha buscado reformar la institucionalidad para poder equilibrar dos aspectos: evitar la gran atomización, versus, lograr la representatividad de ideas. Y no deja de ser importante que el jefe de gabinete apunte hacia el Congreso como organismo a considerar.    

Esto es claro, porque, en principio, es el Parlamento el organismo donde debería haber mayor representatividad de los partidos políticos, que se dice son básicos en la Democracia. Un motivo es porque la mayoría de sus dirigentes destacados aspiran a un cargo en dicho lugar “haciendo carrera política” y además, debemos considerar que con distritos y circunscripciones, se establece una estructura de representación nacional.

Pero no es sólo eso. En la Cámara, con diputadas y diputados y en el Senado, con senadores y senadoras, se definen una serie de cargos dentro del resto de la estructura pública: Tribunal constitucional; Fiscalía nacional; Contraloría general de la República; Banco central; Televisión Nacional; Instituto nacional de Derechos Humanos, son algunos, entre otros, de las instituciones cuyos representantes o responsables dependen del Parlamento.

En capítulo aparte hay que mencionar las ratificaciones del Senado para las personas que son propuestas a la Corte Suprema, previa votación del propio tribunal y la elección de nombre por el gobierno y que ha dado bastante que hablar, claramente para mal, en el último tiempo.

De este modo, desde el anuncio que se realizó por el gobierno, buscando las posibilidades de acuerdo, lo que se podría considerar solamente como un ejercicio de ingeniería partidaria y competencia electoral, tiene un impacto mucho mayor, ya que incide directamente sobre cuál será la base para la designación de una serie de personas que tomarán decisiones dentro de la estructura del Estado.

Así, también está en juego en este debate, un factor que podría definir nuestro acceso a la justicia, contexto económico, comunicación pública, defensa de derechos ciudadanos y fiscalización de la corrupción, entre tantos otros aspectos que involucran nuestra vida ciudadana y cotidiana.

R.S.