Hace algunos días se le otorgó la sustitución de la privación de libertad por reclusión domiciliaria a Yesenia Azocar, la mujer que pidió el indulto presidencial luego de ser condenada a ocho años de presidio efectivo por disparar al agresor sexual de su hija.

La mujer de 27 años llevaba 25 meses en prisión, luego de ser sentenciada a 5 años y un 1 día por intento de homicidio, a 3 años y 1 día por porte ilegal de armas y a 60 días por violación de morada, sumando un total de 8 años de cárcel.

El caso está a cargo de varias actorías, entre la Defensoría Penal Pública, familiares de Yesenia, feministas y organizaciones como Fundación Pájarx entre Púas quienes explicaron que este caso es un “claro ejemplo de cómo la Justicia sin perspectiva de género tiende a empeorar los problemas, causando mayor violencia”. 

Esta medida de protección corre de forma paralela a la petición de indulto de Yesenia, el que se basa en un informe de gendarmería, que a juicio de las expertas “es muy favorable”, ya que “Yesenia tomó conciencia de lo que había hecho”, explicó Dalet Ramírez. Al respecto la secretaria de Estado señaló que se han informado del tema, pero aclara que sólo el Presidente es quien debe resolver el caso. 

La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri reaccionó al tema: “Valoramos que Yesenia Azócar hoy cumpla su condena en arresto domiciliario, pero no olvidamos que ya pasó 25 meses en prisión por haber actuado en defensa de su hija, víctima de violaciones reiteradas por parte de su propio padre. Aquí hubo legítima defensa, no un delito común. Esperamos que la evaluación del gobierno se traduzca en un anuncio concreto de indulto, tal como ocurrió con Katty Hurtado, quien además ha pedido públicamente que se indulte a Yesenia. Cuesta entender cómo se llegó a una condena tan dura. Si se hubiera aplicado desde el inicio una verdadera perspectiva de género, quizás las cosas serían distintas", dijo.