Este 1 de junio, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó su Cuenta Pública 2025 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, con el fin de dar cuenta de los avances e iniciativas de Gobierno.

Congreso Nacional, chilenos y chilenas, habitantes de nuestra patria:

Por cuarta y última vez vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi gobierno.

¿Cómo valorar los logros alcanzados sin caer en la autocomplacencia, reconocer los tropiezos y errores sin ser derrotista, asumir los cambios de timón cuando fue necesario hacerlos, e identificar los desafíos pendientes con decisión, pero sin voluntarismo? 

¿Cómo ponderar los cambios de Chile y el mundo entero en estos años y el rol que el Gobierno ha jugado en ellos?

Estas son preguntas que me hacía mientras preparaba esta cuenta. Son preguntas difíciles, sin duda, pero quiero que sepan que los principios con los que abordaré mis respuestas son claros y sencillos. Con humildad, con firmeza y con honestidad.

Asumimos el Gobierno después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente de Chile, a la que siguió una pandemia que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo y nos recordó, una vez más, sabiamente, que nadie se salva solo. El estallido social del 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad que expresó en esos meses todas sus contradicciones. Hubo episodios de violencia inaceptable que no pueden ser justificados, como la quema del Metro, la destrucción de patrimonio público y privado y la agresión a Carabineros, y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos, incluso con resultado de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún esperan justicia.

Mucho se ha discutido sobre el significado de estos eventos, pero si hay algo no se puede negar es que la gran mayoría de quienes participaron de las manifestaciones lo hizo de forma pacífica y con una gran voluntad de cambio. 

Con el paso del tiempo —quizás no suficiente para tener una evaluación histórica, pero sí para sacar aprendizajes— me atrevo a afirmar que los chilenos y chilenas exigieron terminar con los abusos, acceder a más derechos y bienestar y tener una voz protagónica en el devenir de la patria. Pero lo hicieron sin renegar de sus propias trayectorias vitales, que dan cuenta de un innegable progreso en las últimas décadas desde la recuperación de la democracia, tanto en su dimensión material como en el ejercicio de libertades que antes, hace no tanto tiempo, estaban vetadas.

Esto no fue bien aquilatado por izquierdas ni por derechas. Por un lado, se ha tratado de resignificar este período como un mero ejercicio de violencia desbocada, llegando a tildarlo incluso de “estallido delictual”, lo que insulta a todos quienes participaron pacíficamente de este y desconoce las causas profundas que generaban ese legítimo malestar.

Por otro lado, en momentos se pretendió desconocer una historia tanto colectiva como individual de progreso, que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginados poco tiempo atrás. No todo estaba bien, pero no todo estaba mal.

 

Y es que la ansiedad por sintonizar inmediatamente con algún sector determinado de la población, sin hacer una reflexión pausada, demostró para cualquiera de los sectores políticos no ser un buen camino.

Pese a todas las rivalidades y a todas las tensiones, Chile de manera ejemplar logró encauzar el proceso por la vía institucional, siguiendo lo mejor de su tradición republicana, pero el germen de las interpretaciones reduccionistas estaba plantado, y se expresó de manera clara en los dos procesos constituyentes que intentamos. El rechazo claro de ambas propuestas, dominada cada una por fuerzas antagónicas que, en mi opinión, cometieron el error de negarle la legitimidad al que tenían enfrente, dio cuenta de un pueblo que exigía acuerdos entre nosotros, sin renunciar a su historia ni tampoco a los derechos conquistados tras largas luchas.

Considero que es un profundo error entender estos procesos constitucionales como un fracaso, porque fueron un tremendo aprendizaje para Chile.  Fueron ambos un recordatorio que Chile no quiere ni precisa de vanguardias que se escapen del sentido común de su propio pueblo, y una profunda reivindicación de que este país lo construimos entre todos y todas, sin negar jamás a quien piensa distinto. La ciudadanía le enseñó a la política que no tiene sentido pretender pasarnos aplanadoras mutuamente.

Ustedes, estimados y estimadas, conocen mi postura, los ideales de igualdad que me animan. Soy una persona que cree en el cambio y el progreso social, que piensa que Chile necesita importantes transformaciones para tener más justicia y una democracia que sea más profunda. El desafío era y sigue siendo cómo lograr aquello sin despertar legítimos temores y sin desconocer los logros individuales y sociales que tenemos buenas razones para valorar.

 

Ahora, en lo que respecta a nuestro Gobierno, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad. El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria de 2021 que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso por los siguientes cuatro años, no fueron aquilatadas como correspondía. Tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, que es necesario una mejor síntesis entre las generaciones y los proyectos progresistas. Hubo, por tanto, que ajustar el rumbo.

Se ha tratado de imponer una tesis de que este ajuste de rumbo y los énfasis programáticos del Gobierno respecto a nuestro programa original, y la incorporación decidida al corazón del Gobierno de otras fuerzas políticas con las que antes habíamos antagonizado, fueron una supuesta claudicación respecto a los motivos que nos llevaron a participar en política. Aquí, de cara al país, quiero refutar de manera tajante esta interpretación y, por el contrario, afirmo que una de las virtudes de nuestro Gobierno fue precisamente ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar jamás sus principios y ensanchar su espacio de alianzas para hacer posibles las transformaciones que Chile necesita.

¿Hemos logrado todo lo que queríamos con la profundidad que queríamos? No, pero hemos avanzado en esa dirección atendiendo a las condiciones en las que nos tocó gobernar y a la correlación de fuerzas no sólo del Congreso, sino de todo el espectro social. Revisando la historia, tal como en los años 30 el Frente Popular no pudo avanzar en la sindicalización campesina para en cambio avanzar en la industrialización de Chile, o en los 90 no se pudo terminar con todos los enclaves autoritarios por falta de votos en el Congreso, hoy nos tocó a nosotros ponderar nuestras aspiraciones para conseguir avances concretos y tangibles para el pueblo de Chile. La Reforma de Pensiones, que por 10 años había resultado infructuosa, es quizás el mejor ejemplo de ello. 

Y es que ese es justamente el arte de la política democrática. Ser capaces de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en torno a un bien común compartido donde las distintas partes deben ceder respecto a sus posiciones originales. Nuestras visiones programáticas como fuerzas progresistas son firmes y también lo es la convicción de que nuestras urgencias sociales no pueden seguir esperando una mejor correlación de fuerzas, porque la política también tiene el deber de responder al presente. A la gente, a quienes hoy día nos están viendo en sus casas, a quienes no nos están viendo, pero les afecta lo que hacemos.

En este punto quiero reivindicar con mucha fuerza la unidad del progresismo para poder lograr estos consensos que, pese a todos los pronósticos que anunciaban tempranos quiebres, llega a este último año de Gobierno unido y con más acuerdos que diferencias tanto respecto a lo obrado como a lo que queda por hacer. Es la unidad de quienes reivindicamos que el desarrollo económico es compatible con el cuidado del medio ambiente, que la distribución justa de la riqueza es tan importante como su creación, que la democracia y los derechos humanos no se transan, que el mercado no se regula solo, que el Estado tiene un rol importante junto con el sector privado y la sociedad civil en la construcción del bien común, y que la convivencia se fortalece desde la esperanza y no desde el miedo. Esta unidad es fundamental y necesaria para seguir construyendo un Chile más justo y próspero.

Ahora, a todo gobierno se le evalúa por una mezcla de su cumplimiento programático, como también por sus logros concretos durante el período que nos tocó gobernar, eso independientemente de las intenciones que se hayan tenido. El nuestro, sin lugar a dudas, no va a ser la excepción. Tengo la convicción de que un buen gobierno no es sólo aquel que muestra números o tickets de cumplimientos, sino el que logra que el Estado sea gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales. En el fondo, no se trata de más o menos Estado, o de frases amenazadoras a quienes abusan con la mayoría de los servidores públicos que sí hacen su trabajo con vocación y responsabilidad: se trata, estimados y estimadas, de tener la capacidad política de progresar y justificar que las tensiones que produce el desarrollo pueden ser resueltas.

Esto es precisamente lo que hemos logrado durante nuestro Gobierno con las 40 horas, con el aumento del salario mínimo, con la Reforma de Pensiones, con el Sistema Nacional de Cuidados, con haber acelerado la inversión, con la solución a la Deuda Histórica con los profesores, con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, con el Plan Nacional de Búsqueda, con la Estrategia Nacional del Litio y los avances en derechos de las mujeres, entre otras tantas realizaciones. Esto es lo que jamás se podría lograr con una política hecha desde el miedo, la desinformación, la desconfianza y el pesimismo. Esto es, estimados y estimadas, al final del día, la gobernabilidad.

Además de todo lo anterior, es necesario tener presente el escenario internacional. Porque Chile está inserto en el mundo, y el mundo que nos toca vivir cambia vertiginosamente haciendo de la incertidumbre su característica central.

En 2022 el mundo emergía con dificultad de los escombros de la pandemia. Cómo olvidarlo, las cadenas de suministro estaban interrumpidas, la inflación presionaba a las familias y muchos empleos se habían destruido. La guerra había regresado a Europa y la democracia se tambaleaba donde antes se daba por sentada.

 

Hoy el orden internacional ya no gira en torno al multilateralismo. Ha emergido un nuevo escenario, marcado por alianzas pragmáticas, una reconfiguración de las cadenas productivas globales, y una competencia por recursos estratégicos que afecta directamente a países abiertos como el nuestro. La revolución tecnológica, liderada por la inteligencia artificial, está cambiando aceleradamente el trabajo, la educación, los medios y hasta la política misma. Y en este nuevo contexto, la democracia enfrenta desafíos inéditos, no menos graves a los que dieron lugar a las tremendas tragedias del siglo XX. La realidad nos recuerda una vez más que las libertades y derechos conquistados no hay que darlos nunca por sentado y deben ser defendidos con fuerza, con convicción por cada generación.

En nuestra patria, en Chile, hemos respondido con firmeza y nos hemos puesto la tarea de avanzar hacia un clima político que sea más dialogante, que sea consciente de los límites, pero también de las tremendas posibilidades que tenemos como país.

Este es el punto de partida del mensaje que hoy les entrego. Mi objetivo es rendir cuenta con honestidad, y de renovar ante Chile, con serenidad el compromiso con un país que ha cambiado y que, con toda justicia, sigue esperando más.

Hecha esta primera reflexión, destacaré en esta Cuenta Pública los logros más importantes de nuestro Gobierno, plantearé los desafíos pendientes, identificaré los límites que enfrentamos, y anunciaré medidas y decisiones para lo que resta de gobierno. Dividiré mi presentación en tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad económica y desarrollo sostenible, y además me referiré finalmente a la promoción de la democracia y la cohesión social.

 

Sobre seguridad ciudadana. El crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos. Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento.

Y hemos actuado en consecuencia. En 2021 estábamos ante una tendencia que era preocupante: un aumento sostenido de homicidios y delitos violentos como encerronas, portonazos y balaceras. Esto acompañado de un creciente control territorial de bandas de crimen organizado y una frontera que tenía un débil control ante la migración irregular. Hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios al alza que venía hace años en ascenso, con un trabajo serio y sostenido de Carabineros, la PDI, la Fiscalía, de los Gobierno Regionales y de los Municipios, a todos quienes agradezco.  

Pero el Estado no está para buscar excusas ni solazarse, sino para dar soluciones. Porque quiero decirles, chilenos y chilenas, que no permitiremos jamás que se normalice la delincuencia, sea del carácter que sea. Ante quienes afirman irresponsablemente que Chile está de rodillas frente a la delincuencia o que Chile se cae a pedazos, yo respondo que se equivocan: Chile está de pie y peleando palmo a palmo contra quienes quieren arrebatarnos el derecho a vivir en paz. Y vamos a ganar esa batalla.

Algunos dirán mal intencionadamente que no se ha hecho nada. Pero no es cierto.

Este mismo Congreso, ustedes han aprobado más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas del delito, y la mayoría de estas iniciativas ha tenido apoyo transversal. Ahí están la Ley Antinarco, las técnicas investigativas, la tipificación del robo de madera, la votación para tener más dureza con la reincidencia delictual, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública o la modernización de la Ley Antiterrorista.

 

Pero aún falta, y en particular me refiero a la Ley de Inteligencia económica, porque es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado, y permitir que se levante el secreto bancario. No se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado y votar en contra de levantar el secreto bancario en la tarde. Porque si no aprobamos esta ley, son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes. Insto a este Congreso a avanzar ya en este proyecto.

Logramos también el aumento significativo de los recursos a las policías, lo que les ha permitido renovar su equipamiento y contar con mejores herramientas para enfrentar la delincuencia. Estas instituciones, en algo que es muy solicitado por la ciudadanía y ustedes lo saben, a cada lugar en que vamos, van a poder tener aumentos progresivos en su dotación para que haya más carabineros, para que haya más detectives, para poder dar seguridad de manera más oportuna a nuestra gente.

Ahí también está la nueva infraestructura, lista o en construcción, una tarea de Estado, para Carabineros o para la PDI en lugares como Arica, Antofagasta, Taltal, Ollagüe, Quilicura, Viña del Mar, Yumbel, San José de la Mariquina, Copiapó, Maipú, San Ramón, Tocopilla, Peñaflor, Peumo, Los Andes; y la nueva Escuela de Formación de Carabineros del Grupo Concepción, que va a fortalecer la capacitación profesional y el despliegue de nuevos efectivos.

Ahí está, a la vista de todos, la destrucción, en sólo tres años, de más de 67 mil armas, lo que equivale al 30% de todas las armas destruidas en Chile desde 1990. Porque, pese a lo que promueven algunos, menos armas circulando es más seguridad para todos.

Ahí está el descenso significativo de los actos de violencia en la Macrozona Sur. La cantidad de lesionados ha disminuido en más de un 70%, hubo un 60% menos de ataques incendiarios, y se redujeron en 82% los inmuebles que han sido atacados. Pero no nos conformamos, queremos que todo eso sea cero.  

Ahí está el reforzamiento de la frontera norte –nuestra ministra estaba el día de ayer en Arica con las Fuerzas Armadas– mediante la reforma constitucional que habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas, aprobada también transversalmente, en una zona que se encontraba, digámoslo, desprotegida. El resultado es que, durante nuestro Gobierno, ha habido un descenso del 48% en la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior.

Ahí está también la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y los 24 centros de atención especializada en violencia de género. Falta aún la aprobación de la Defensoría de Víctimas que requiere un último esfuerzo y no cabe ninguna duda que va a contar también con apoyo transversal, pese a las diferencias que tenemos.

Ahí está la recuperación de espacios públicos a lo largo de todo Chile, que es deber de todos cuidar, no sólo de las autoridades, sino de la sociedad entera. Ahí está la eliminación de los narcomausoleos, la implementación y mejora continua del Plan Calles Sin Violencia. De esto pueden dar fe los vecinos de la plaza Los Cuncos en Renca, o de la plaza Augusto D’Halmar Oriente en San Ramón y tantas otras comunas que se han visto beneficiadas y ven cómo se transforman en espacios llenos de vida lugares que antes les fueron ajenos o que estaban abandonados o tomados por la delincuencia.

Ahí está también el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que va a permitir que en cinco años –esto, por tanto, es una tarea de Estado– sumemos más de 15 mil nuevas plazas para enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento en las cárceles. 

Los logros que he mencionado son hechos concretos, son indiscutibles en cuanto a realizaciones, pero no dan para celebrar ni tampoco para relajarse. Quiero decirles a todos que tenemos que seguir con más fuerza, con más decisión, con unidad, pese a las diferencias que tenemos, estimados y estimadas parlamentarias.

También resulta fundamental el trabajo en reinserción y prevención del delito. Porque quiero decirles que es posible romper ese destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia: hay que prevenir, y una vez ocurrido el delito no podemos dejar a esas personas a su suerte. Porque muchos de los jóvenes que caen presos ya tienen algún familiar preso en la cárcel. Romper ese destino trágico es un deber moral de la sociedad. Y se puede, se puede lograr. Ese es el objetivo que tiene el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que fue puesto en marcha el 2023.

En esto los municipios juegan un rol fundamental, en la prevención del delito. Déjenme decirles que antes de nuestro Gobierno, los municipios tenían que competir por recursos para proyectos de seguridad, competir entre ellos y donde generalmente ganaban los que ya tenían más recursos porque tienen más capacidad para elaborar proyectos. Desde el 2023 implementamos el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que entrega recursos permanentes a 120 comunas y financiamiento rotativo para otras 255 comunas año por medio.

En definitiva, mi mensaje respecto a la seguridad ciudadana es que reconozcamos todos juntos lo que se ha hecho y, a la vez, no nos conformemos con ello. Es lo que la sociedad nos exige. 

Y, para seguir avanzando, necesitamos estar unidos. Porque cuando nos unimos, el crimen retrocede. Falta para ello una comprensión más profunda de largo plazo de que la seguridad no puede ser una bandera partidista que se use para tratar de sacar réditos para la próxima elección, sino una condición necesaria para que toda la sociedad pueda prosperar y vivir en paz como se merece.

En este camino, que es largo y difícil, Carabineros de Chile, la PDI y las Fuerzas Armadas han sido piezas fundamentales. Por ello, les rindo homenaje, por su compromiso cotidiano, muchas veces silencioso y siempre arriesgado, por protegernos. El sacrificio de funcionarios como Daniel Palma, Rita Olivares, Alex Salazar, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal de Carabineros, o Camila Silva y Daniela Salazar de la PDI no puede pasar al olvido. Ellos no son mártires ni de un gobierno, ni de un sector. Son mártires de Chile y, como tales, debemos honrarlos.

Hoy, las policías cuentan con más dotación, con mejores tecnologías y con un mayor respaldo jurídico y social. Pero también tienen un mandato ético claro: actuar con determinación ante el delito y siempre dentro del estado de derecho. Defender la seguridad de todos y todas, siempre con respeto a los derechos humanos. Porque desde esa legitimidad es de donde se construye una fuerza eficaz, confiable y respetada por toda la ciudadanía.

El compromiso que tenemos es seguir avanzando. No con promesas vacías, sino con hechos concretos como los que he demostrado, hechos que devuelvan la tranquilidad a nuestros barrios. En San Pedro de la Paz, donde se vivió hace pocos días un incidente inaceptable, donde adolescentes fueron baleados en su mismo colegio. No podemos permitir ni naturalizar que eso suceda. Ahí falló la sociedad entera.  Tenemos que trabajar con más fuerza porque queda mucho por hacer. Hechos que hagan de Chile un país seguro, justo y digno para todos. 

Segundo eje, la seguridad social. La esencia de un gobierno progresista como el nuestro es que su práctica política apunte a la universalidad. Es cierto que en nuestra sociedad persisten diversas formas de discriminación injusta que deben ser enfrentadas, pero no podemos olvidar que, aunque se presente como radical, la política identitaria cuando es aislada suele terminar en una política de defensa de grupos de interés que no cambia la estructura de las desigualdades en una sociedad.

Desde esta convicción, en el ejercicio de mi Gobierno hemos hecho políticas que son universales. Por eso impulsamos el Copago Cero, las 40 horas, la incorporación de un seguro social en pensiones, el Royalty a la Gran Minería, la modernización y ampliación del transporte público, el Sistema Nacional de Cuidados o el aumento del sueldo mínimo.

Y es que, en materia laboral específicamente, los avances para las y los trabajadores –no colaboradores, trabajadores, digámoslo claramente– son claros. No fue fácil hacerlo porque en 2022, cuando asumimos el Gobierno de manera responsable, implementamos un duro ajuste fiscal a una economía que estaba sobrecalentada, con alta inflación y precios de muchos servicios importantes congelados, de manera razonable, por la pandemia. Mi primera definición en el Gobierno fue que este necesario ajuste no lo iban a pagar los trabajadores ni los bolsillos de las familias.

Y cumplimos porque aumentamos el sueldo mínimo de 350 mil pesos a 539 mil pesos mensuales, lo que significa la mayor alza de las últimas décadas y nos posiciona como el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica. Además, y esto es muy importante, lo hemos hecho bajando a tasas históricas la informalidad laboral. Es parte de la palabra que exigí que me cobraran, porque es la amenaza permanente a la que recurren quienes siempre encuentran una excusa para oponerse a aumentar los ingresos de los trabajadores.

Concretamos este aumento al mismo tiempo que las cifras de inflación interanual cayeron de 14% a 4.5%, en conjunto con el trabajo tremendamente importante del Banco Central. Se han creado cerca de 600 mil nuevos empleos en el país, de los cuales más del 90% son empleos formales. Hemos recuperado la participación laboral de las mujeres a niveles prepandemia, y hemos apoyado a las pequeñas empresas en este esfuerzo colectivo.

Tenemos que seguir en esta senda, porque el número de desempleados en Chile sigue siendo alto. Por ello, anuncio que enviaré a este Congreso un proyecto de ley que unifica y optimiza los actuales subsidios al empleo para incentivar justamente la contratación de las mujeres y los jóvenes que están buscando trabajo.

Pero sabemos que para alcanzar el pleno empleo no hay receta mágica ni atajos. Tenemos que crecer más. Me detendré en este punto más adelante.

Uno de los avances emblemáticos de nuestro Gobierno es la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Todos recuerdan cuando se presentó este proyecto en 2017, que muchos afirmaron que era una fantasía, que iba a tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, insistimos, aunamos voluntades y buscamos acuerdos entre trabajadores y empleadores. Y ese acuerdo social es el que lo hizo posible. Eso es gobernabilidad, generar acuerdos sociales entre quienes piensan distinto.

Son cientos de empresas las que, de hecho, se adelantaron y bajaron sus jornadas laborales a 40 horas. Por ejemplo, la empresa Photio, donde trabaja Pamela Martínez quien nos está acompañando hoy día en esta Cuenta Pública.

Eso es justamente la Ley de 40 horas: la posibilidad de alcanzar a tomar once en familia, de participar en una organización social, de hacer deporte, de llegar a casa antes de que tus hijos duerman. Es ser más dueños de nuestro propio tiempo.

Además, gracias a la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, desde el 2024 las y los trabajadores que cuidan de sus hijos menores de 14 años o de familiares con discapacidad o dependencia severa, pueden teletrabajar. 

Y muy importante: en Chile –y este es un desafío que tenemos como sociedad y lo podemos abordar en el corto plazo– hay más de 1 millón de mujeres que queriendo no pueden trabajar remuneradamente porque tienen que cuidar a sus familias, lo que también es trabajo. El mercado laboral chileno está marcado históricamente por las brechas de género. La participación de las mujeres en el mercado laboral es sólo del 53%, la de los hombres un 72%. Las mujeres tienen más obstáculos para conseguir trabajo formal y derecho efectivo a la seguridad social.

No es que tengan lagunas previsionales, como decían las AFP, es que habían tenido que trabajar sin remuneración, cuidando. Tenían más dificultades y eran discriminadas a la hora de buscar trabajo. También reciben menos ingresos que los hombres, una diferencia que incluso aumenta luego de tener al primer hijo.

Por ello es que quiero insistir en la urgencia de sacar adelante el proyecto Sala Cuna para Chile. De aprobarse este proyecto que está en discusión actualmente, se reducirán de manera significativa las barreras a la contratación laboral femenina y las brechas salariales entre hombres y mujeres, se va a incentivar la participación laboral femenina en el mercado laboral formal, se va a incorporar la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de sala cuna en establecimientos públicos, incrementando de esta manera su financiamiento y también la creación de nuevos jardines, que fue una de las políticas públicas notables –aprovechando que está aquí presente– que hizo la Presidenta Bachelet durante su mandato.

También, de aprobarse esta ley, se van a mejorar los estándares educativos tanto para instituciones públicas como instituciones privadas. Porque las salas cuna deberán contar siempre con reconocimiento oficial.

Ahora, el proyecto sabemos que se puede perfeccionar, pero no podemos seguir postergándolo en discusiones infinitas, porque es una prioridad para la sociedad y llamo a que también sea una prioridad para este Congreso.

Para terminar sobre materia laboral, vamos a insistir en la discusión sobre la necesidad de tener mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años y, como Presidente de la República, no concibo que haya discusiones vetadas en nuestra sociedad.

La Reforma de Pensiones es otro gran hito no de este Gobierno, sino de este ciclo político. Y es que quiero insistir en esto: veo acá a varios quienes participaron activamente de haber logrado destrabarla, porque no es un logro exclusivo del Gobierno sino una demostración de la buena política. Sepan que hubo más de un momento en que la posibilidad de llegar a acuerdo estuvo a punto de naufragar. Se soportaron ingentes presiones de todas partes, incluidas por cierto las AFP, que fueron las principales opositoras a la reforma. Fueron muchos los que nos conminaron, los que nos dijeron que teníamos que abandonar la reforma por no tener mayoría en el Congreso o por la distancia que existía entre oficialismo y oposición. Pero fuimos persistentes.

Y aquí quiero hacer un punto. Porque muchas veces se discutió en el comité político la posibilidad de poner en votación la reforma sin acuerdo y, por ende, esto significaba que se rechazaba. También lo planteaban sectores de oposición cuando veíamos que estaba difícil conseguir un consenso.  Eso hubiese permitido que cada sector pudiera decir a los suyos que había defendido sus banderas hasta el final. Pero quienes participamos de esta difícil negociación tuvimos la convicción de que los chilenos y chilenas no podían seguir esperando que la política continuara peleando por más de 10 años, mientras millones de trabajadores seguían con pensiones de miseria. Todos tuvimos que ceder respecto de nuestras posiciones originales y hubo que pensar fuera de la caja. Esto nos valió enfrentar enconadas críticas de quienes afirmaban vehementemente que cualquier concesión equivalía a una derrota. No fue fácil, pero logramos sacar adelante la reforma y es, al final del día, la gente la que se va a ver beneficiada. Quiero, desde esta tribuna, agradecer a quienes, de derecha, centro e izquierda, a los técnicos, académicos, sindicatos, fuerzas sociales actuaron pensando en Chile.

Por ello, desde septiembre aumentará la PGU a 250 mil pesos mensuales, comenzando con los mayores de 82 años; tendremos un nuevo seguro social y un bono para corregir la discriminación hacia las mujeres; los empleadores pasarán a aportar a la cotización; y las AFP estarán más reguladas, reduciéndose el espacio para su abuso. En definitiva, son las pensiones de 2,8 millones de personas mayores las que se van a ver aumentadas entre un 14% y un 35%, fortaleciendo, además, de esta manera, el ahorro nacional.

Esta es una buena política hecha por todos nosotros. Casi todos. Esto es gobernabilidad. 

En materia de salud, la pandemia del Covid-19 fue un desafío gigante para el mundo entero, pero sobre todo para los sistemas de salud. Y si casi siempre cuando un Presidente en ejercicio ocupa la frase “el gobierno anterior” lo hace para lanzar una crítica, hoy quiero cambiar esta lógica y reconocer aquí la gestión del gobierno anterior en el difícil manejo de la pandemia en su aspecto sanitario, que muchas veces en ese momento no fue justamente evaluada. Porque tanto en la gestión de vacunas como en la reconversión del sistema para hacer frente a la emergencia, Chile, con todos los dolores que nos dejaron las pérdidas de compatriotas, estuvo a la altura.

En esto el gobierno que me antecedió tuvo un rol central y el principal reconocimiento se lo llevan, sin duda, las y los trabajadores de la salud, que dieron todo de sí. Chile entero les agradece por ello. Pero sabemos –y me imagino que hay muchos trabajadores de la salud escuchando– que no basta con palabras, agradecimientos ni aplausos. Por eso hemos impulsado mejoras concretas para estos trabajadores, como la materialización del reconocimiento histórico que nuestro país debía a quienes sostienen nuestro sistema público de salud, los TENS, mediante la creación de la asignación especial técnica para más de 57 mil trabajadores, de los cuales 85% son mujeres. Esto representa mucho más que una mejora salarial. Y quiero destacar que esta medida logró respaldo unánime en el Congreso. Esto se suma a las indicaciones que ingresamos para incorporar definitivamente a los TENS al Código Sanitario.

Estamos trabajando para que en Chile todas y todos puedan ejercer su derecho a la salud de manera oportuna y con calidad, sin importar sus ingresos ni donde viven.

Los mejores ejemplos de esto son los planes pilotos que hemos impulsado en la política universal de APS y el Copago Cero. Y permítanme ilustrar, a propósito del Copago Cero, los beneficios que ha tenido con un ejemplo muy concreto.

En 2022, Alessandra y Eduardo, de Alto Hospicio, tuvieron trillizos que al nacer estuvieron hospitalizados más de 80 días. Su primera preocupación fue siempre la salud de sus niños, pero no sabían cómo iban a poder pagar los más de 7 millones de pesos que les costó el tratamiento. Gracias al Copago Cero, no tuvieron que pagar ni un peso. Esta es una política pensada para nuestra clase media.

Otra política universal, de la cual Chile tiene una larga tradición, es la vacunación. En 2024 nos convertimos en el primer país del hemisferio sur en implementar la inmunización contra el virus sincicial. Esta medida significó que el año pasado por primera vez no fallecieran niños menores de un año producto del virus en invierno. Además, una disminución muy significativa en la hospitalización y, por lo tanto, un ahorro significativo para el sistema de salud.

En esto quiero ser muy claro: quienes se oponen a las vacunas, desconocen la ciencia y amenazan la salud de la población.

En materia de fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, nuestro Gobierno –y esta también es una política de Estado– va a alcanzar un total de 70 nuevos dispositivos de atención primaria a lo largo del país, desde la Posta de Salud Rural de Cariquima en la comuna de Colchane hasta el nuevo Cesfam Thomas Fenton de Punta Arenas. Esta expansión de la red de atención primaria significa acercar la atención médica de calidad a cada rincón del país.

También algo que era muy anhelado, en abril pasado cumplimos con promulgar la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, un trabajo por años de organizaciones de pacientes y sus familiares, que también contó con un apoyo transversal de parlamentarios. También ingresamos un proyecto de ley que mejora y da sostenibilidad al Fondo Ricarte Soto. 

Quiero aprovechar la ocasión para anunciar que después de haber escuchado a cientos de mujeres que por diversos motivos no han podido tener hijos deseándolo, he instruido a nuestra ministra de Salud elaborar y presentar un proyecto de ley para regular y facilitar la fertilización asistida, tomando como base las mociones que han sido presentadas en este Parlamento.

Compatriotas:

Cumpliendo con el compromiso que adquirí en este mismo lugar hace un año, hemos ingresado a este Congreso un proyecto de ley que termina con la ilegalidad y penalización del aborto. Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales. Son miles de mujeres al año, aunque no las quieran ver, y se les ha obligado a la clandestinidad. Son muy pocas las que tienen los recursos y contactos para poder hacerlo de manera segura, y la gran mayoría camina por la cornisa sin saber si lo que pagaron a escondidas va a resultar, o si deberán enfrentar dolores, urgencias y hasta poner en riesgo su propia vida. Temen desangrarse y muchas llegan de todas formas a urgencias, venciendo el miedo.

Lo que le quiero pedir a este Congreso que en la tremenda diversidad de opiniones sobre la propuesta de legalizar el aborto con plazo que hemos ingresado, no se nieguen a la discusión. Esta diversidad que se expresa hoy día en el Parlamento tiene que analizarse de manera civilizada, discutiendo, no vetando la discusión y no negándoles el derecho a las mujeres a decidir. Son generaciones de mujeres que han vivido y peleado por esto. Lo que les pido es que no les nieguen el debate democrático como ciudadanas plenas, capaces de decidir. No neguemos el debate democrático.

Promover y proteger la salud mental ha sido otro de los énfasis de nuestra gestión en salud. Creamos la línea telefónica de prevención del suicidio *4141, aumentamos las becas de especialidad en psiquiatría e ingresamos el proyecto de Ley Integral de Salud Mental, como anuncié en la Cuenta Pública anterior. Además, cuando finalicemos el Gobierno, vamos a haber habilitado 15 nuevos centros de salud mental, como comprometimos, y dejaremos al menos otros 23 centros en desarrollo para que inaugure el próximo gobierno.

Igualmente, avanzamos en algo que es muy sentido y que me toca verlo mucho en terreno, la implementación de la Ley del Trastorno del Espectro Autista, la Ley TEA. Gracias a ella hemos destinado recursos para implementar decenas de salas y equipos multidisciplinarios en la Atención Primaria de Salud para poder atender a niños, niñas y adolescentes con autismo a lo largo de todo el país. Además, hemos fortalecido la red de salud con especialistas como neurólogos, pediatras y fonoaudiólogos. Para 2025, tenemos programado implementar otras 48 salas y equipos en la salud primaria e incorporar 47 equipos de psiquiatras, terapeutas ocupacionales y psicólogos.

Hay un hito que no olvido, que para mí fue muy significativo. Hace cerca de un año ya fui a la comuna de Mejillones, a la localidad rural de Michilla, donde se ubica la escuela Lucila Godoy Alcayaga, que es una escuela unidocente, donde la profesora Rosa Contreras me mostró en esa única escuela de Michilla la sala de contención que habían implementado el año pasado en la escuela para los dos niños con TEA de los 17 estudiantes que tenía. Esta es una realidad que viven miles de familias. Ahí están los niños de Michilla, bienvenidos, es un honor tenerlos aquí. Fue realmente conmovedora esa visita, me presentaron la obra de El Quijote cuando fui, recorrimos toda la escuela, fue realmente hermoso. Son un orgullo para Chile. Pero como 2 de los 17 niños de esa escuela eran TEA, sepamos todos que esta es una realidad que viven miles de familias que durante demasiado tiempo vivieron invisibilizados y discriminados. Ya no más.

Espero también que el Estado prontamente tenga los recursos cuando se firme el siguiente Decreto GES para poder incorporar, en un futuro cercano, al TEA a las Garantías Explícitas de Salud (GES). 

Uno de los desafíos más importantes que tenemos en lo que resta en nuestro Gobierno es seguir reduciendo las listas de espera en un sistema que ha sido muy presionado por el crecimiento de la demanda por consultas tras la pandemia y por el aumento de beneficiarios de Fonasa, después de la crisis de las Isapres producto de su propio abuso.

No obstante, el tiempo de espera para consultas nuevas de especialidad bajó en torno a 90 días respecto a diciembre de 2021, y para cirugías disminuyó en 366 días respecto de la misma fecha: es decir, el tiempo de espera para cirugías se redujo en un año. Ahora esto, estimados y estimadas, sé que no es suficiente, sé que hay demasiados chilenos y chilenas esperando y que acá tenemos que poner más esfuerzo, que acá tenemos que poner más pasión, que acá tenemos que poner más consenso para poder sacar adelante las listas de espera. Seguimos trabajando para disminuir estos plazos.  

Justamente con el objetivo de brindar acceso oportuno a la salud y de manera equitativa en todo el territorio nacional, hemos continuado con la política de Estado, no de Gobierno, de Estado, de ampliación de la Red Hospitalaria que les cambia la vida a los habitantes de los lugares donde estos se instalan. 

Nuestro Gobierno ha concretado la entrega a la fecha de hospitales en Putaendo, Quillota-Petorca, Carahue, Huasco, Curicó, Makewe-Padre Las Casas, Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Collipulli, Lonquimay y Villarrica. Asimismo, iniciarán su operación y marcha blanca para antes de marzo del 2026 los hospitales de Diego Almagro, Marga Marga, Melipilla, Curacautín, Queilén, Chile Chico, Cauquenes, Parral, El Salvador, el Instituto Nacional de Geriatría y el hospital de Quellón. Los hospitales, como los futuros de Ancud, Ñuble, Buin-Paine y Constitución, son una política de Estado que va más allá de este gobierno, porque esto no lo hace un presidente en particular, lo hace el Estado de Chile con una política de largo plazo.  

Recordando que este año se cumplen 20 años desde que se crearon las Garantías Explícitas de Salud y otorgó derechos exigibles en salud a los ciudadanos sin listas de espera, anunciamos el nuevo Decreto GES que representa la mayor inversión desde la creación del sistema con aproximadamente 100 mil millones de pesos anuales adicionales. Este decreto va a incorporar tres nuevos problemas que son prioritarios y que afectan a muchísimos compatriotas: hospitalización para menores de 15 años con depresión grave, tratamiento tras el alta por cirrosis hepática para asegurar continuidad terapéutica de esta enfermedad frecuente y cesación del consumo de tabaco para mayores de 25 años incluyendo terapia farmacológica y apoyo psicológico.

Además, vamos a fortalecer significativamente 10 problemas actualmente existentes con tratamientos de vanguardia como sensores de glucosa para diabéticos menores de 18 años y embarazadas, ampliación de detección de virus papiloma humano, mejores coberturas para epilepsia refractaria, leucemia, tumores del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas, asma bronquial grave y enfermedad renal crónica. Puede sonar un poco específico decirlo, pero seguro cuando ustedes, parlamentarios y parlamentarias, recorren sus distritos conocen a mucha gente que padece estas enfermedades y que requiere de más apoyo. 

En materia de Isapres, estamos impulsando un proyecto de ley que termina con la discriminación por edad y estado de salud, las famosas preexistencias, porque ya terminamos con la discriminación por sexo con la ley corta, que además obliga a las Isapres a cumplir plenamente con los principios de la seguridad social en el uso de las cotizaciones obligatorias de salud.

Es menester reconocer que si bien durante nuestro período no pudimos hacer la reforma estructural de seguro único al sistema de salud que nos hubiera gustado –porque hay que decir también lo que no pudimos hacer– hemos avanzado en esa dirección, porque hoy Fonasa no sólo garantiza atención gratuita en el sistema público, sino que a través de su nueva Modalidad de Cobertura Complementaria va a ampliar las opciones para sus asegurados, permitiéndoles acceder a prestadores privados a menor costo y con mayor libertad de elección. Esta modalidad representa un paso fundamental hacia una complementariedad público-privada que sea más virtuosa, donde los usuarios de Fonasa se beneficien de lo mejor de ambos mundos: la seguridad del sistema público y la flexibilidad del sector privado, todo bajo un esquema de protección financiera mucho más robusto.

En materia de infancia, cada familia forja el futuro de nuestro país y cuando las apoyamos, protegemos también a la niñez y a la adolescencia en toda su diversidad.

En esa línea, un cambio que ha pasado desapercibido quizás para los grandes titulares, pero que ha beneficiado a muchísimas familias en Chile es que el Subsidio Único Familiar llega a 471 mil personas más que en 2022, y desde el 2024 se asigna sin necesidad de postulación a los menores de 18 años del 40% más vulnerable.

Otro hito importante de nuestro Gobierno es la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que muchos conocen como Ley Papito Corazón. Esta ley ha sido una ayuda concreta para principalmente madres que llevan en soledad la tarea de mantener a sus hijos y a sus hijas. A dos años de su implementación, gracias a esta ley se ha ordenado el pago de casi 2,5 billones de pesos, que es equivalente para que nos hagamos una idea a lo que recaudan 52 teletones. Imagínense toda la plata que padres irresponsables debían.

Y es que hay mujeres como Esperanza Núñez, que hoy está aquí con nosotros, para quienes esta ley llega como un acto de reparación, años después de haber sacado sola adelante a sus hijos. Son demasiados los casos de padres irresponsables que abandonan a sus hijos y dejan toda la carga económica de la crianza en la madre. Con esta ley a ellas y sus familias les hacemos justicia. Sé que muchas nos están escuchando y que muchas han vivido el beneficio que significa.  

También implementamos la ley que crea el Sistema de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que demoró más de 10 años en tramitarse, y que consiguió también acuerdo transversal. Hoy las Oficinas Locales de la Niñez van a estar presentes en todas las comunas del país.

Por eso les quiero hablar a los niños y a las niñas de Chile, que además nos han dado tanto cariño y apoyo. Aunque no puedan votar, no importa, los hemos estado escuchando. Le hablo también a la Violeta del futuro próximo. Quiero decirles a estos niños y niñas que sueñen, que jueguen, que se expresen porque Chile también es de ustedes. no están en el Parlamento, pero están representados acá, estamos trabajando para ustedes.

En materia de cuidados. En Chile, cuidar ha sido históricamente un trabajo invisible, que ha sido sostenido casi siempre por mujeres que han debido postergar su vida para hacerse cargo de otras personas. Durante décadas, esto se entendió como una responsabilidad privada, sin reconocimiento ni apoyo. Esa realidad no puede continuar. Lo vemos –y ustedes lo saben– cuando una mujer cuida a su hijo con dependencia severa y, a la vez, a su madre con Alzhéimer, cuando una persona mayor cuida a otra que es aún más frágil y tantos casos que nos toca ver en el día a día.  

Por eso, como Gobierno decidimos hacer del cuidado una prioridad y Chile Cuida es el camino que hemos trazado para poder enfrentarlo. Hemos creado la credencial de persona cuidadora, que las reconoce y les permite acceder a atención preferente en el Estado y a descuentos en las empresas privadas que se han ido sumando a esta red. Hemos extendido la Red Local de Apoyos y Cuidados. También estamos habilitando 100 Centros Comunitarios de Cuidados en todo Chile, donde, por ejemplo, ya en Cerro Navia una mujer puede dejar a su madre por unas horas para asistir a espacios de autocuidado. Esto no significa que todos estén inaugurados a marzo 2026, pero sí quedarán todos habilitados durante el 2026.

Una mujer me dijo un día, que cuidaba a su hijo con dependencia severa, que ella tenía recursos monetarios, pero que era pobre de tiempo.  Esa pobreza también existe, principalmente en las mujeres y eso es lo que estamos enfrentando justamente con el Sistema Nacional de Cuidados.    

Ahora, el compromiso con una sociedad que envejece rápidamente requiere también, como lo hemos estado haciendo, fortaleciendo los Centros Diurnos para personas mayores, los Establecimientos de Larga Estadía y los Condominios de Viviendas Tuteladas, como el que, por ejemplo, hoy en Punta Arenas acoge a personas mayores que necesitan autonomía, comunidad y seguridad.

Les quiero decir que los cuidados no pueden depender solamente de una administración. Por eso insto a este Parlamento a aprobar la ley que establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Compatriotas:

Una educación de calidad es la mejor herencia que una generación puede dejar a la siguiente. Hemos trabajado, en conjunto con profesores y profesoras, con asistentes de la educación, para abordar las consecuencias de la pandemia en las escuelas, para fortalecer la educación pública y para reparar deudas que llevaban demasiado tiempo sin solución en esta área.

Parto por la educación inicial, que es clave para abrir oportunidades y reducir las brechas de aprendizaje y desarrollo en niños y niñas. Después de años sin actualizaciones legislativas, logramos aprobar la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, lo que va a permitir mejorar la calidad y el acceso a los jardines infantiles.

También con la asesoría de un grupo transversal de especialistas, formulamos el Plan de Reactivación Educativa para poder mejorar la asistencia que quedó muy debilitada después de la pandemia y enfrentar las dificultades en el aprendizaje que se derivaron de la misma.

En esto se ha avanzado con hechos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, más de 17.000 estudiantes que habían salido del sistema volvieron a las salas de clases. 17.000 niños que habían dejado el colegio volvieron. Y entre 2022 y 2024 logramos bajar la inasistencia grave en casi diez puntos.

Asimismo, los puntajes del Simce 2024 en cuarto básico fueron los más altos desde el año 2002, donde los grupos socioeconómicos más bajos alcanzaron su mejor registro histórico. Sabemos, sin embargo, que los resultados en sexto básico y las brechas de resultados entre hombres y mujeres siguen siendo profundas y, por lo tanto, se requiere mucho más trabajo en educación.

Para ello hemos dado un impulso decidido a la nueva educación pública. Hemos escuchado las opiniones de expertos y expertas, hemos hecho ajustes para avanzar de forma responsable. Cuando llegamos al Gobierno, había 11 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en régimen, pero con muchos problemas heredados, como lo evidenció la crisis en el servicio de Atacama. 

Al finalizar el Gobierno, vamos a tener 38 servicios instalados, lo que equivale al 50% de la educación pública, que se va a encontrar en una situación mucho más sólida que la que recibimos, porque recordemos que las municipalidades no eran capaces de hacerse cargo con equidad territorial de este tremendo desafío.

Por eso los servicios locales tienen que funcionar mejor. No se imaginan el nivel de trabajo y de gestión que le están poniendo el ministro, la subsecretaria, los directores de servicios para poder sacar esto adelante porque es una pega muy difícil. 

Y más allá de lo que permanentemente repiten quienes no creen en la educación pública, lo cierto es que los estudiantes de los SLEP en el Simce del 2024 tuvieron mejores resultados que el año anterior en prácticamente todas las asignaturas y niveles, mejoraron su rendimiento a un ritmo más elevado que los colegios privados, de esta manera las brechas de desigualdad. Pero sabemos que aún queda demasiado por hacer.

No me olvido de dónde venimos: de las grandes movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública y contra el negocio y el endeudamiento en educación. Por eso cumplimos con un importante compromiso con las y los jóvenes de Chile y sus familias: enviamos un proyecto de ley para poner fin al CAE y crear un nuevo Financiamiento de la Educación Superior, que sea más justo y solidario. Espero que este Congreso se ponga del lado de las familias y apruebe esta iniciativa. Con lo que muchas generaciones van a ver que su deuda se alivia significativamente o derechamente se termina, y los futuros estudiantes van a poder cursar sus carreras sin la mochila del endeudamiento que tanto pesa, retribuyendo cuando ya sean profesionales con un monto que sea acorde a sus ingresos.

Además, de esta manera, el Estado va a utilizar de manera más eficiente esos recursos. Ya se han desembolsado más de 9 mil millones de dólares para financiar este crédito. Esto es un absurdo que no puede continuar. Por lo tanto, insisto, tal como nos lo repiten permanentemente también en todos los lugares donde vamos, a este Congreso a que apoye y promulgue la ley que ponga fin al CAE.

Ahora, esto por cierto no resuelve los desafíos estructurales de la educación superior. Por eso, hemos iniciado una modernización integral del sistema, porque queremos instituciones inclusivas, tecnológicas, descentralizadas y más vinculadas a sus territorios, con mejores condiciones para la investigación y la innovación, porque el desarrollo nacional exige más y mejor conocimiento especializado.

Y eso implica abordar desafíos como la sobreduración de las carreras, la salud mental en las carreras, la igualdad de género y el fortalecimiento de lo público. Ha habido algunos avances: en las carreras STEM, por ejemplo, la representación femenina ha aumentado significativamente; el programa PACE hoy llega a todas las comunas en las que hay un liceo público diurno; y las matrículas en los CFT estatales pasaron de 8.400 a 18.000 estudiantes y tenemos la meta de llegar a 25.000 antes de cerrar nuestro periodo.

Además, antes de terminar el mandato, vamos a contar con la primera Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior y no vamos a dejar de insistir en la necesidad de aumentar el financiamiento basal a las universidades estatales.

Algo que considero también muy importante y emblemático, este año promulgamos la ley que reconoce y se hace cargo de la Deuda Histórica de los profesores, para dar justicia a más de 50 mil profesores y profesoras, tras más de 40 años de espera y lucha sostenida. Les cumplimos. Pienso en Patricia Garzo, Nora Palma o Nora Zurita, quien ya no está con nosotros: ellas, y muchos otros profesores y profesoras, se encargaron de recordarles permanentemente a todos gobiernos que había que saldar esta deuda. Así, insisto, se hace la buena política, escuchando, conversando y llegando a acuerdos, porque el proyecto de ley que consagró esta solución fue apoyado por la gran mayoría de los aquí presentes.

En materia de vivienda, sin duda lo más significativo ha sido el Plan de Emergencia Habitacional, bajo el cual nos comprometimos a construir 260 mil viviendas durante nuestro período de Gobierno: ya llevamos más de 200 mil, pese a las dificultades que post pandemia ha enfrentado el sector de la construcción.

Para reactivarlo creamos un Fondo de Garantía estatal para el Crédito Hipotecario, una nueva Ley de Subsidio al Dividendo que fue recientemente aprobada por este Congreso y el Programa de Arriendo a Precio Justo.

Cada vez que con el ministro entregamos un conjunto habitacional sentimos esa alegría de los nuevos vecinos y les transmitimos que los barrios integrados, donde la comunidad se conoce, donde la comunidad se organiza, se cuida y cultiva sus espacios comunes, son a la vez lugares más seguros. Ejemplos de esto son las Villas Frei y Portales en Santiago. Estamos replicando las experiencias justamente de estas villas con el Plan Ciudades Justas, construyendo conjuntos habitacionales integrados que van a contar con espacios públicos como parques, jardines infantiles, centros comunitarios de cuidados y de salud mental, por ejemplo, en Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Quinta Normal, San Miguel, La Pintana, Cerrillos, Talca, Valdivia y Punta Arenas.

Ahora, la reconstrucción ha sido una tarea constante de este Gobierno, porque nos ha tocado enfrentar grandes catástrofes como los incendios forestales en el sur del país y las inundaciones de la zona centro sur en 2023 y el mega incendio urbano-forestal de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso. Sabemos que el camino para volver a empezar es largo y doloroso. Por eso, hemos buscado desplegar una respuesta integral que aborde no sólo la reconstrucción de barrios, viviendas e infraestructura, sino también la recuperación de ingresos familiares, apoyos psicosociales, apoyos mientras dure la emergencia.

Pero sabemos también que eso no es suficiente. Porque en un país donde cada vez se hacen más frecuentes las catástrofes naturales producto de la crisis climática, el Estado hoy día tiene limitaciones que son muy estructurales para poder responder con la rapidez y la coordinación a la complejidad de las acciones que estas tragedias exigen.

Cuando llegamos al Gobierno, había todavía procesos de reconstrucción de tragedias de hace 10 años que no habían terminado. Por ello, el nuevo Ministerio del Interior ha incorporado la tarea de reconstrucción dentro del ciclo de gestión de riesgos en desastres, asumiendo así la conducción de procesos que históricamente estaban dispersos entre distintas instituciones, para darles una solución con más rapidez a las familias que lo necesitan. 

En materia de transporte, cuando llegamos al Gobierno le hice al ministro de Transportes y Telecomunicaciones un encargo muy concreto: que no se olvide de las regiones y que siguiera mejorando el transporte público, que se asegurara de que todos los avances que impulse siempre tuvieran como horizonte la equidad territorial en todo Chile.

Por eso, cuando comparo el avance respecto de la primera Cuenta Pública, destacan trenes, buses y barcazas. Porque queremos recuperar y estamos recuperando los trenes para Chile, nuestra rica historia ferroviaria. Ya conectamos Puerto Montt con Alerce, Puerto Varas y Llanquihue. Llegaron dos trenes nuevos que van a modernizar el querido ramal Talca-Constitución, trenes para el Metro Tren de Valparaíso, la línea 2 de Biotrén y Tren Araucanía. Quiero destacar también el inicio de obras del servicio de Melipilla a la futura estación de Metro en Lo Errázuriz y la adjudicación de las obras del tren que va a ir de Batuco a Quinta Normal. Queremos llegar a transportar a más de 150 millones de pasajeros al año. También ya está en proceso de adjudicación el estudio integral para el futuro tren que unirá Valparaíso con Santiago.

Y nuestros buses eléctricos se han vuelto un motivo de admiración internacional. Hoy en Santiago operan más de 2.500 buses y pretendemos cerrar el Gobierno con 4.400. Esto significa que para entonces dos de cada tres buses en Santiago van a ser eléctricos. La ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos. Ahora, esto lo estamos replicando también en regiones en Antofagasta, Coquimbo-La Serena, Valparaíso, Colina, Rancagua, Puerto Montt y Copiapó.

Y tenemos licitaciones adjudicadas por 304 buses adicionales en Arica, Iquique-Alto Hospicio, Ovalle, Tiltil, Rancagua, Temuco. Además, la aplicación Red Regional, que entrega información de cuando van a pasar las micros por los paraderos, permite planificar de mejor manera los viajes, modernizando el sistema de transporte público.

Algo muy importante porque seguramente todos conocen a alguien que ha sufrido o ha perdido a un familiar en un accidente vial es que el 2024 fue el año con menos personas fallecidas en siniestros viales en las últimas tres décadas, gracias al Plan Calles Protegidas. Trabajemos en conjunto para que esta estadística siga disminuyendo.

El Metro es una política de Estado a la que cada Gobierno aporta su parte para ir construyendo una red más amplia y robusta. En este período nos tocó inaugurar obras que comenzaron en gobiernos anteriores, las extensiones de las líneas 2 y 3, beneficiando especialmente a vecinos de Quilicura, El Bosque y San Bernardo. La futura línea 9 está próxima a iniciar obras y conectará Bajos de Mena, Puente Alto y La Pintana directamente con el resto de Santiago.

Además, quiero anunciar con mucho orgullo la futura llegada del Metro al Aeropuerto de Santiago, desde la estación Huelén de la línea 7. Así, en tan sólo siete minutos, una persona va a poder conectar desde Cerro Navia hasta el terminal aéreo por vía subterránea, lo que pondrá a nuestro país y a nuestra capital a la altura de las grandes ciudades del mundo. Vamos a ser los primeros de Sudamérica en contar con una conexión directa vía metro al aeropuerto.

Y como estas son tareas de largo plazo, el próximo objetivo de la red de Metro, apenas esté asegurado su financiamiento, va a ser llegar con la extensión de la Línea 4A a la comuna de Lo Espejo, y una nueva extensión de la Línea 6 para llegar al poniente de Maipú.

Un ámbito de especial preocupación ha sido el desarrollo portuario y en esto los proyectos más emblemáticos son el Puerto Exterior de San Antonio que es el mayor proyecto de infraestructura portuaria en desarrollo en Latinoamérica y el Acuerdo por Valparaíso que logró, después de años de divergencias, destrabar la expansión portuaria en la ciudad con participación del Gobierno Regional, la municipalidad y la comunidad. A estos se suman la modernización de los puertos que van a ser parte del Corredor Bioceánico en Antofagasta, Iquique y Mejillones. Además, en nuestro querido sur austral, el muelle Mardones de Punta Arenas va a contar con una inversión de más de 65 millones de dólares para su ampliación.

También estamos dejando en marcha un plan para modernizar los aeropuertos del país, con mejoras en los de Valdivia, Santiago, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas, y la ampliación de los de Rapa Nui, Puerto Natales y Concón.

En materia de conectividad digital. La conexión 5G que cuando llegamos al Gobierno alcanzaba a 136 comunas, hoy llega a 338 comunas. Y esta semana vamos a firmar el contrato con Google para poder construir un cable submarino que conecte a nuestro país con Oceanía, que va a ser el primer cable de fibra óptica en el Pacífico Sur.

Compatriotas:

Como les decía antes, el crecimiento económico es fundamental. Sin embargo, su estancamiento se arrastra hace más de una década. Pienso que cuando se evalúe con perspectiva histórica, fuera de las pasiones del presente y las declaraciones electorales, se identificará a nuestro Gobierno como uno que gestionó de manera responsable y justa la economía, que empezó a generar las condiciones para revertir la situación de estancamiento de la última década. Como ha dicho el ministro Marcel, la inflexión en la economía ya se está produciendo y quiero justificar esta afirmación con hechos concretos.

El estado de la economía al inicio de nuestro Gobierno estaba marcado por dos aspectos fundamentales: la capacidad de crecimiento estructural estaba en torno al 2% y existía un sobrecalentamiento de la economía, expresado en una inflación en ascenso que llegó a ser más del 14% anual.

Y estos desafíos los enfrentamos con una combinación de urgencia y visión de largo plazo. En primer lugar, ordenamos la economía, lo que fue clave para bajar la inflación. Y, como dije antes, lo hicimos con una estrategia donde el ajuste no lo pagaron los más pobres. Así, dimos cuenta de que la responsabilidad en el manejo económico y la justicia social deben y pueden ir de la mano.

En segundo lugar, teníamos que crecer lo máximo posible en las condiciones estructurales que heredamos, y así fue: cada año crecimos más de lo que habían pronosticado. ¿Ha sido suficiente? Por supuesto que no. Pero hemos crecido todo lo que era posible en el contexto enfrentado.

Pero Chile requiere más y la economía chilena va a crecer más en los años que vienen. Porque la macroeconomía está ordenada. Porque existe un conjunto amplio de inversiones privadas avanzando con montos de inversión récord ingresando al sistema de evaluación ambiental. Porque estamos a semanas de aprobar una reforma estructural a los permisos sectoriales que, sin bajar el estándar regulatorio, va a permitir que estas inversiones se tramiten con mayor celeridad. Porque la Reforma de Pensiones va a generar mejores condiciones de ahorro en la economía. Porque hemos invertido más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, orientado a los desafíos productivos y ambientales de nuestra economía.

Y también, esto es algo muy importante y es algo que cuesta reconocer, porque hemos demostrado que se puede llegar a acuerdos en políticas que estuvieron durante mucho tiempo detenidas por la falta de ellos. Y eso también dinamiza la economía.

Tomamos decisiones difíciles y sinceramos gastos importantes del Estado. En marzo de 2022, al momento de asumir, el aumento de la PGU no estaba completamente financiado y ahora sí lo está. También nos hicimos cargo de la deuda con los prestadores de salud generada razonablemente durante la pandemia.

En 2022, tomamos la decisión de hacer un ajuste sin precedentes del 23% en el gasto público, que, por lo tanto, volvió a los niveles pre pandemia y se ha mantenido ahí. Nuestra administración frenó el rápido crecimiento de la deuda pública de los 15 años anteriores.

En esto los datos no mienten, pese a que algunos quieran insistir en lo contrario: después de que la deuda bruta creciera en casi 13 puntos del PIB durante la administración anterior, en este periodo lo ha hecho en poco más de 5 puntos del PIB, según datos que todos pueden revisar. Si la comparación se hace en términos de deuda neta la diferencia es aún mayor.

Sin embargo, los sueldos reales de las y los chilenos llevan subiendo más de dos años consecutivos. La deuda total de los hogares se ha reducido desde el año 2022. El último Índice de Desarrollo Humano, que mide el progreso en la esperanza de vida, la educación y los ingresos, subió el puntaje de Chile a su máximo histórico y nos situó nuevamente como el país líder de América Latina. Sin olvidar los desafíos que persisten, estas son buenas noticias, aunque algunos no las quieran ver.

Compatriotas:

El modelo que permitió a nuestra economía crecer durante las décadas de los 90 y los 2000 está agotado y, como decíamos, ya hace más de 15 años la productividad está estancada.

Por eso para volver a crecer con fuerza debemos promover la inversión, diversificar y abrir nuevos mercados, al mismo tiempo que construimos una economía que sea más justa y sostenible, aprovechando nuestras ventajas comparativas.

Los proyectos de inversión no se van a desarrollar si no logramos modernizar y agilizar la tramitación de permisos. Y esto es un diagnóstico compartido.  Los diagnósticos han sido muchos, pero ningún gobierno se había hecho cargo de construir una solución a este problema. Estamos avanzando decididamente en esta dirección y espero que esta reforma se apruebe durante este mes en el Congreso, sin, por ningún motivo, bajar los estándares medioambientales y los estándares para proteger a las personas.

Dicho esto, Chile necesita crecer y debe hacerlo con justicia social. El crecimiento económico se transforma en desarrollo propiamente tal cuando hay redistribución justa de la riqueza y el bienestar alcanza a todos y a todas. Esto requiere tener más diálogo social como, por ejemplo, el que se está llevando adelante en la Región de Biobío con el Plan de Fortalecimiento Industrial, con sindicatos y empresarios trabajando codo a codo para generar más industria y más empleos.

De ese diálogo social se trata justamente también el Royalty Minero, que redistribuye la riqueza que se extrae de nuestra tierra. También nos dijeron que era una reforma que no íbamos a poder sacar y persistiendo la logramos sacar adelante. Desde el año pasado Chile, a través del Royalty a la Gran Minería, está llegando con recursos frescos a todas las regiones, eso los alcaldes lo saben, a 308 comunas, como he podido ver, por ejemplo, en Catemu, Calama, Tierra Amarilla o Marchigüe.

Hoy también Chile es un poco más justo porque tenemos una ley de cumplimiento tributario que combate la evasión y la elusión. Porque quienes evaden el pago de impuestos le hacen un tremendo daño a la sociedad y deberán enfrentar ahora todo el peso de la ley.

Una cosa de la que se habla poco, pero que nos pone tremendamente orgullosos es que, como chilenos y no como Gobierno, es el turismo que se realiza en Chile. El turismo es una industria muy virtuosa, resalta lo mejor de lo nuestro, además genera mucho empleo. Cuando se hace bien es sustentable. Y el 2024 rompimos récords con más de 5 millones de turistas extranjeros que visitaron nuestro hermoso país, un 40% más que el 2023. Pueden ver a diferentes influencers de otros países etiquetando y destacando las virtudes de Chile. Hasta abril el país ha recibido 2,5 millones de visitantes internacionales, lo que equivale a un incremento del 41% respecto al mismo período del año pasado. El turismo puede ser una viga maestra de nuestro desarrollo.

Chile es, ha sido y será un país minero. Por eso la Estrategia Nacional del Litio constituye un hito histórico para el país, porque estamos construyendo un nuevo sueldo para Chile, porque en Chile tenemos las mejores y mayores reservas de litio del mundo. Hemos dado al Estado un rol fundamental en esta industria. También, con protección medioambiental y con desarrollo científico y tecnológico en torno al litio y los salares. Les aseguro que, dentro de una década, vamos a valorar haber seguido este camino, pues traerá consigo un legado de mayor recaudación, empleo y, con ello, mejor calidad de vida para las chilenas y los chilenos.

Y en este sentido estamos trabajando y avanzando para materializar el acuerdo que permite a Codelco, nuestra empresa del cobre estatal que es motivo de orgullo nacional, participar de manera mayoritaria en la producción de litio en el Salar de Atacama: así, nuestra empresa estatal se va a convertir en un líder mundial en este mercado, como ya lo es en el cobre. El protagonismo de Codelco es bueno para Chile, porque asegura que las riquezas del litio queden en nuestro país y la producción no se vea interrumpida.

Estos proyectos además van a ocupar nuevas tecnologías de extracción de litio, las que permitirán mayor producción y menos impacto en el medio ambiente. Porque, y esto hay que recordarlo a partir de nuestra propia experiencia, no hay estrategia de crecimiento posible si no cambiamos de manera sustantiva la forma en que producimos y el vínculo con las comunidades donde están enclavadas estas industrias.

Aprovecho de enviar un saludo a Mireya Morales, de Diego de Almagro, que es dirigenta de la comunidad colla más antigua de la Región de Atacama, que ha sido justamente parte de este proceso.

Además, estamos avanzando con el compromiso inédito de aumentar la protección de glaciares y también la protección de los salares. Hoy sólo está protegido el 8% de los salares en Chile, y vamos a llegar a más del 30% con la red de salares protegidos. Estamos creando para tener industria, tecnología y conocimiento propio el Instituto del Litio y Salares, que va a impulsar la investigación social y ambiental.

Al llegar al Gobierno, nos encontramos con una Enami con altos niveles de deuda y serias dificultades operacionales, y tomamos decisiones difíciles para revertirlo. Gracias a estas decisiones difíciles, el año pasado Enami tuvo utilidades de 131 millones de dólares. Además, hoy está liderando un proyecto para aumentar la capacidad de fundición y refinería del país en Atacama, tal como me comprometí con la región.

En materia de energías renovables, Chile es uno de los líderes mundiales y estamos trabajando para que todo Chile tenga mejor acceso a la energía, con mejor infraestructura y estabilidad del suministro, por ejemplo, con la Ley de Transición Energética y también mejorando sustantivamente la capacidad de almacenamiento. Además, después de descongelar las cuentas de la luz post pandemia, nos preocupamos de que las alzas sean mitigadas para las familias que más lo necesitan, mediante el subsidio a un millón 800 mil hogares.

La energía es real, se siente y puede mejorar la vida de una comunidad. Lo hemos visto en decenas de escuelas a lo largo de todo Chile, donde sus condiciones de aprendizaje cambian radicalmente cuando estas escuelas se ven revestidas con nueva energía. En el Liceo Polivalente de Ancud ya no pasan frío en sus salas de clases; en la Escuela Internado Quinquén de Lonquimay, que en invierno quedaban aislados por la nieve y ahora ya no, hoy tienen electricidad y calefacción aseguradas; en la Escuela Neftalí Reyes de Vicuña tiene un resguardo del sol de la tarde. Esos son cambios concretos, pequeños, pero concretos que les cambian la vida a comunidades para bien.

Y para impulsar la industria del hidrógeno verde elaboramos un Plan de Acción al 2030, avanzamos en dar certezas regulatorias, en crear la infraestructura necesaria para que la industria funcione, y capacitar a las y los trabajadores de este nuevo sector.

Y esto se vincula directamente con que el país se construye de la mano del conocimiento y las nuevas tecnologías, para producir más y mejor, para agregar valor y para cuidar el medio ambiente.

El 2024 lanzamos el Fondo de Financiamiento Estructural de Investigación, Desarrollo e Innovación para Universidades (FIU), que va a asegurar los recursos para investigar a largo plazo, algo que marca la diferencia en los países que se han desarrollado con los que no.  

También, el acceso a financiamiento es una de las demandas más sentidas por las empresas innovadoras —las startups y scaleups—, que requieren un impulso para que puedan escalar y así aportar al desarrollo de nuestro país. De esto se trata el proyecto de ley que ingresamos en 2024 que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, haciendo el símil con su homóloga alemana, que esperamos tenga una pronta aprobación de este Congreso.

Un país que no invierte en inteligencia artificial hoy, corre el riesgo de quedar rezagado en el escenario global del mañana. En Chile, estamos convencidos de que la innovación y la tecnología son las herramientas clave para construir un futuro más inclusivo, sostenible y competitivo. Por eso, estamos trabajando para traer con determinación ese futuro al presente, con talento y con infraestructura que nos permitan liderar esta nueva era digital.

Y en esto quiero compartir un hito que nos llena de orgullo y del que pronto van a haber más buenas noticias: que es que Chile está desarrollando en conjunto con Brasil, el primer modelo de lenguaje en inteligencia artificial hecho desde y para América Latina. Porque el futuro digital también debe hablar en nuestro idioma, con nuestras voces.

Chile se está preparando para ello. Ejemplo de esto es que nuestro país va a contar con dos nuevos centros de supercómputo especializados en inteligencia artificial, gracias a una inversión pública de 14 millones de dólares impulsada por Corfo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento.

Para mí que vengo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena la Política Antártica y la investigación allá es también muy importante.  Al finalizar el Gobierno, habremos presentado el Plan Estratégico Antártico 2026-2030 que seguirá fortaleciendo la posición privilegiada de Chile y de Magallanes como puerta de entrada al continente blanco.

Hemos fortalecido nuestras capacidades, por ejemplo, con el inicio de las funciones del rompehielos Almirante Viel, construido íntegramente en Chile en Asmar, y que se enmarca en el Plan Continuo de Construcción Naval, que en un futuro no tan lejano va a poder construir toda nuestra escuadra nacional en Chile. Estamos soñando en grande. 

También quiero, en esto de soñar en grande, destacar la Política Nacional Espacial que está llevando adelante la Fuerza Aérea de Chile y la consolidación del Sistema Nacional Satelital, que es liderado por la FACh. En 2024 se comenzó a construir el Centro Espacial Nacional, ubicado en la comuna de Cerrillos, que estará terminado antes de terminar nuestro mandato.

Quiero contarles, porque sé que nos acompañan ciudadanos de nuestras regiones extremas, que en los próximos días vamos a realizar la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial para la conmemoración del Centenario del Tratado de Lima, Arica 100, cumpliendo con el compromiso que asumí junto a los parlamentarios de la Región de Arica y Parinacota. Es un trabajo que va a durar 8 meses, que tal como en su momento la Junta de Adelanto, nos va a permitir proyectar los hitos que vamos a impulsar para el desarrollo de una región tan estratégica, pero también tan postergada.

Y en el otro extremo de Chile, en las regiones de Aysén y Magallanes, hemos transformado en permanente el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, con el objetivo de que la evaluación presupuestaria de las políticas públicas no discrimen a regiones donde hay menos población, pero donde también se hace soberanía y se construye Chile día a día.

En esta línea, sabemos que los gobiernos regionales que han democratizado la política en regiones requieren reglas claras para funcionamiento y un mayor presupuesto. Para una mejor gestión presupuestaria pondremos urgencia al proyecto de Ley de Regiones Más Fuertes para habilitar nuevas formas de financiamiento, mejor planificación del gasto y altos niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Chile es también un país agrícola, que se debe a sus campos y a su gente. Estamos mejorando las condiciones para vivir del campo, para vivir en el campo. Lanzamos, por ejemplo, el Programa Tierras Vivas este año con el fin de facilitar el acceso a terrenos fiscales para la producción agrícola con arriendos a precio justo. Además, con la modificación de la Ley de Riego, en 2024 aumentamos en un 74% el apoyo a pequeños agricultores respecto del año anterior. Me ha tocado verlo con ustedes, muchos parlamentarios que tienen sectores rurales importantes. Recién hace poquito en los valles de la Región de Atacama, que son increíblemente hermosos. 

En 2024 establecimos 200 mercados campesinos, que permiten una mejor visibilización de sus productos y hemos insertado también lo que se produce en Chile en diferentes economías extranjeras.

Y la pesca, otra de las grandes industrias del país, donde hemos dado un paso clave en un compromiso asumido desde el primer día: promover una nueva legislación pesquera justa, sostenible y debatida con transparencia.

La Ley de Fraccionamiento va a cambiar, tras 13 años, la esencia de la actual Ley de Pesca, y va a permitir una distribución más equitativa de las cuotas entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Además, va a marcar un hito democrático porque va a cerrar un ciclo de ilegitimidad en la política pesquera del país. No me cabe ninguna duda de que en los próximos días con este Congreso solucionaremos la situación de las cuotas de la merluza para poder completar así la exitosa redistribución que hemos logrado en las otras 21 pesquerías del país.

 

Terminando el tercer eje, durante este Gobierno hemos trabajado para que el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible adquiera una centralidad en las decisiones del Estado. Lo que implica cambiar las lógicas con las que el Estado ha actuado durante demasiado tiempo. 

Un ejemplo de ello es la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático que fija el compromiso de ser un país carbono neutral a 2050, con la disminución progresiva de las emisiones que provocan la crisis climática hasta que sean equivalentes a lo que absorben nuestros bosques y océanos. Esto nos va a permitir estar preparados para los crecientes efectos que tiene la crisis climática como la sequía, las olas de calor y los incendios. También, en esta misma línea, va la aprobación de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.

Además, hemos modernizado la institucionalidad ambiental. Quiero destacar el trabajo para poder sacar –después de 12 años de tramitación– el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. A propósito de Áreas Protegidas, en estos años hemos creado 37 nuevas, como el Valle de Cochamó, el Mar de Pisagua, el Desierto Florido de Atacama y el Parque Glaciares en el Cajón del Maipo que incluye el volcán Tupungato. Esto se suma a la protección de nuestros océanos, por ejemplo, con la entrada en vigencia de los planes de administración de las áreas marinas protegidas de Rapa Nui, Nazca Desventuradas y del archipiélago Juan Fernández, que por cierto vamos a seguir expandiendo, lo que refuerza nuestra candidatura a que Valparaíso sea la sede mundial de la protección de los océanos en el marco del tratado del BBNJ. 

Pero queremos ir más allá. En junio de 2019, el Presidente Piñera lanzó un Plan de Descarbonización, comprometiendo la meta de una matriz sin carbón para el año 2040. Esa meta se ve difícil de cumplir bajo las condiciones actuales. Pero, con convicción y responsabilidad, recogiendo lo trabajado por los gobiernos anteriores, quiero decirles que este desafío también nos abre una oportunidad. Porque la inversión privada, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente pueden confluir y no competir. Mientras haya más proyectos de generación limpia vamos a lograr descarbonizar antes y, a la vez, atenuar el alza de tarifas.

Por eso quiero anunciar que durante el segundo semestre ingresaremos el proyecto de Ley de Descarbonización Acelerada para facilitar los proyectos de inversión que permitan terminar con las termoeléctricas a carbón. Con la colaboración de todos los sectores podremos no solamente cumplir la meta que estableció el Presidente Piñera del año 2040, sino adelantarla para 2035 o antes, dependiendo de la verificación institucional de las condiciones para aquello. Con eso vamos a lograr consolidar una transición energética inédita a nivel mundial.

Chilenos y chilenas:

Es innegable que la demanda ciudadana por bienestar animal ha adquirido cada vez mayor transversalidad en la sociedad chilena, y que la protección y respeto a los animales es una preocupación muy sentida por la ciudadanía.

Si bien en el último tiempo ha habido avances legislativos en la materia como la Ley Cholito, todavía hay desafíos pendientes para alcanzar un marco legal que esté a la altura de los tiempos que corren. Por ello quiero asumir algunos de esos desafíos.

Para muchas familias los animales de compañía se han transformado en integrantes importantes del hogar, y su partida trae no sólo dolor sino, además, como no existe donde enterrarlos, un problema sanitario. Los cementerios clandestinos de mascotas, para abordar esta realidad, vamos a habilitar una línea de financiamiento piloto en la Subsecretaría de Desarrollo Regional que implemente los cementerios municipales de mascotas.

Igualmente vamos a impulsar, a través de las respectivas urgencias, iniciativas como las que buscan reforzar el delito de maltrato animal y otorgar mayor seguridad a los dueños de mascotas, mediante, por ejemplo, la prohibición del robo de mascotas o la creación de un registro de personas condenadas por maltrato animal, y sin perjuicio de ello, aumentaremos desde ya la fiscalización de actividades para perseguir el maltrato animal en el marco de la actual legislación.

Estimado Congreso Nacional:

En tiempos convulsos, la cultura nos recuerda quiénes somos porque al vivir nuestros patrimonios, al cuidarlos y disfrutarlos, también construimos tejido social. Y eso lo vivimos de manera tan alegre, tan feliz el fin de semana recién pasado, donde más de 3,5 millones de personas visitaron diferentes lugares patrimoniales de nuestro país en el Día del Patrimonio, que fue creado durante el gobierno del Presidente Lagos.

Ya creamos el Día del Patrimonio para Niños y Niñas el 23 de agosto, pero al ver el entusiasmo de la ciudadanía por conocer y habitar nuestros espacios comunes, le he encargado a la ministra de Cultura organizar una segunda fecha permanente del día de los patrimonios a realizarse durante el mes de febrero.

Y es que la cultura, el patrimonio y las artes tienen un espacio relevante en nuestro Gobierno. Por eso hemos avanzado en aumentar firmemente el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que ha crecido un 87% desde 2022, un paso significativo hacia la meta del 1%.

Estamos desarrollando el Plan de Infraestructura Patrimonial, que tiene obras emblemáticas como el Museo Regional de Atacama y la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, pero muchas otras. O por ejemplo la creación de las guaguatecas o del sector de literatura infantil en la Biblioteca Nacional, que hace más de 100 años que no estaba habilitado.

Este año tuvimos una nueva versión de los Trenes Culturales, que es un espacio hermoso de encuentro entre el arte y nuestra historia ferroviaria. La ministra de las Culturas viene llegando justamente del Tren Cultural en Arica bajo el Morro. Y este año vamos a completar 12 estaciones cuando lleguemos a Puerto Varas.

Hemos incrementado los recursos para la programación de nuestros museos y triplicamos la adquisición de colecciones bibliográficas. Estamos invirtiendo en proyectos de mejoramiento de infraestructura y el 2025 celebramos los 80 años de la obtención del Premio Nobel de nuestra poeta insigne, Gabriela Mistral.

Y lo hemos hecho incentivando la lectura de su obra en todo Chile y en todo el mundo, apoyando además el proyecto transversal para que la Región de Coquimbo lleve su nombre, y proyectando una gran escultura en su honor en el eje Alameda-Providencia. Y como Chile es un país de poetas y escritores, hemos recuperado por ley que el Premio Nacional de Literatura se entregue todos los años.

Invertir en cultura, aunque algunos crean que es algo poco deseable o algo accesorio, también crea empleo, también crea oportunidades para quienes deciden dedicar su vida al arte, que no son pocos. Por eso hemos aumentado en más de un 40% el presupuesto de nuestros fondos artísticos, creamos el Mercado de Industrias Creativas e impulsamos una agenda en materia audiovisual y del libro para internacionalizar y enaltecer el nombre de Chile en el mundo, por ejemplo, y me tocó hacerlo directamente junto con la ministra en la India, con una de las industrias más grandes, que es Bollywood. 

Este 2025, además, cumplimos con un avance concreto para la sostenibilidad del sector cultural, entregando financiamiento directo y transparente a organizaciones de trayectoria a lo largo de todo el país, como por ejemplo la Escuela de Música y las Artes Rapa Nui de la gran pianista Mahani Teave, el Museo de Arte Moderno de Chiloé, el Ballet Moderno Austral de Los Lagos, la Fundación Vicente Huidobro y el Festival de Cine de Lebu, entre otros.

La cultura es el espíritu del pueblo, no es algo accesorio. Tenemos que fomentarla, facilitarla, tenemos que financiarla porque la cultura además es un trabajo. 

En materia de deporte, hemos vivido una transformación aumentando en un 50% el presupuesto destinado al deporte de alto rendimiento, lo que ha permitido consolidar el mejor ciclo olímpico de nuestra historia y fortalecer el desarrollo de nuestros atletas y sus procesos de preparación. Hemos construido y renovado más de un millón de metros cuadrados de infraestructura a lo largo del país, no sólo en Santiago, sino también en regiones.

Un ejemplo emblemático es el Estadio Nacional, que está completamente renovado y se ha transformado en un parque deportivo de alto estándar abierto a toda la comunidad, donde conviven espacios públicos de calidad con los centros de alto rendimiento de nuestras selecciones.

En 2025, Chile va a ser sede de una serie de eventos internacionales de primer nivel, incluyendo los Juegos Parapanamericanos Juveniles, el Mundial Sub-20 de Fútbol, el Mundial de Ciclismo, el Mundial Junior de Hockey sobre Césped, la AmeriCup de básquetbol, además de los Mundiales Junior de Tenis. Y logramos ser elegidos como sede del Mundial de Olimpiadas Especiales 2027, un reconocimiento al país en inclusión y equidad.

Así, podremos nuevamente tener la alegría que tuvimos con la organización y el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2023. Estos esfuerzos que las instituciones públicas, que los atletas, que las y los deportistas realizan día a día para que los eventos sean desarrollados con seguridad y como fiestas deportivas, lamentablemente no se observan de igual forma en el caso de los clubes del fútbol profesional de nuestro país. Las nuevas atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública, así como las exigencias impuestas por la nueva Ley de Seguridad Privada que entrarán en vigor en noviembre próximo, exigen a los organizadores de los eventos deportivos una responsabilidad mayor a las que han tenido hasta ahora. Sacamos poco con que el Estado cumpla su parte de la pega si los clubes deportivos y su federación, en particular la ANFP, no asumen las obligaciones que les impone la ley. Y en la medida que se sigan resistiendo a ello, son ellos los responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol.

He instruido al Ministerio de Seguridad Pública que sea implacable en las nuevas exigencias impuestas por las normas y haga efectivas las responsabilidades a las organizaciones deportivas que las incumplan. En este contexto, nos parece relevante que prontamente sean despachados los proyectos que modifican la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional y el que regula las sociedades anónimas deportivas, que es de moción parlamentaria.

Necesitamos que más personas hagan deporte, como un derecho, un hábito y una herramienta concreta para enfrentar el sedentarismo, la obesidad y sus consecuencias en la salud pública. Por eso esperamos aprobar este año el proyecto de ley que busca asegurar al menos 60 minutos diarios de actividad física en los establecimientos educacionales, como un paso fundamental para mejorar la salud física y mental de nuestros niños y adolescentes.

Y algo muy importante para nuestra democracia, la probidad.  Somos más fuertes como sociedad cuando existe un estado de derecho robusto, donde todos y todas somos iguales ante la ley, cuando existe una nítida separación e independencia de poderes, y cuando las diferencias que tenemos se resuelven de manera pacífica.

En este contexto, a nadie escapa que en los últimos años hemos enfrentado una serie de casos de irregularidades, abusos, fraudes o delitos que han indignado, con razón, a la opinión pública.

Frente a cada uno de estos casos nuestra posición y mi posición como Presidente de la República ha sido la misma: todos deben ser investigados acuciosamente hasta el total esclarecimiento de los hechos, sin lugar alguno a la impunidad. Quienes han delinquido, defraudado o abusado de la confianza pública, deben responder ante la justicia y recibir las máximas penas que establece la ley.

Y es que la corrupción daña la democracia, y en estas materias no hay empates posibles. Estos delitos son acciones que deben ser condenadas legal, social y políticamente.

Por eso, desde el inicio del Gobierno hemos venido trabajando en una Estrategia Nacional de Integridad Pública que ha contemplado más de 210 medidas orientadas a mejorar la integridad y la transparencia y prevenir la corrupción. Pero sabemos que no ha sido suficiente.

Se suman a ello las recomendaciones que entregó el informe de la Comisión Asesora Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y el Estado, conocida como la Comisión Jaraquemada, que abordó también el traspaso de recursos públicos a entidades privadas y fundaciones, y propuso nuevos resguardos y exigencias, a partir del conocido Caso Convenios. También en las sucesivas leyes de presupuesto, hemos hecho una serie de cambios que han elevado los estándares de estos traspasos.

Hemos presentado o impulsado en el Congreso un conjunto de proyectos de ley como el que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, el que mejora la regulación del lobby, el de integridad municipal, el de transparencia 2.0, el de beneficiarios finales, entre otros.

Llamo al honorable Congreso Nacional a trabajar juntos para que, sobre la base de estas iniciativas y otras tantas impulsadas por los propios parlamentarios, logremos un acuerdo transversal que nos permita reimpulsar, con sentido de urgencia, la agenda de probidad y transparencia para Chile. No permitamos que la corrupción permee nuestras instituciones.

El poder no es algo que uno se merezca o de lo que se apropie; es un acto de confianza que la sociedad otorga, que debe ser honrado día a día y aun así solo está prestado, para que se utilice siempre en busca del bien común. Nadie es dueño del poder ni lo va a tener para siempre y nunca puede ser usado como un escudo para defender intereses propios.

Por ello, hay que cuestionar siempre las expresiones del tipo “esto siempre se ha hecho así”. Uno debe ser capaz de desafiar continuamente la inercia, desde la racionalidad, desde nuestros principios y la ética, porque la inercia nunca va a ser una buena explicación de cara a la ciudadanía frente a los abusos o hechos de corrupción que se cometen.

El oportunismo, el abuso o la pillería, incluso aunque se ejerzan en el ámbito privado, tarde o temprano contaminan lo público.

Si bien las normas, leyes o reglamentos son necesarios para que el sector público sea más predecible y transparente, éstas nunca van a reemplazar al buen criterio. Porque no existen reglas o contratos que den cuenta de todas las circunstancias que concurren a la hora de tomar una decisión en un órgano o en una autoridad pública. Por eso la capacidad de actuar con criterio es un requisito para todo quien sea seleccionado para un cargo directivo o desde el cual se ejerza la potestad pública, y el deber de responder ante la ciudadanía por lo obrado es el sentido profundo de esta institución, que es la Cuenta Pública.

En materia de transparencia e integridad, no existe, insisto, el empate político. Tratar de excusar los errores propios en los actos cometidos por otros, no nos salva ni nos excusa, sino que a lo más nos hunde a todos juntos. Porque a los ojos de la ciudadanía no existen esas grandes distinciones entre gobiernos, coaliciones, partidos o autoridades; somos todos servidores públicos a quienes se nos evalúa continuamente.

Estas convicciones son especialmente importantes para quienes creemos en el valor de lo público, en que el Estado es la expresión institucional de la sociedad y que tiene una función noble que cumplir, para la cual no existen sustitutos a nivel individual o del mero funcionamiento de los mercados. Se trata de principios relevantes que debemos honrar para quienes creemos que las leyes están para defender a los más vulnerables y a los débiles del abuso de los poderosos o los violentos y de que las instituciones públicas estén aquí para hacer de este objetivo una realidad concreta. Creo y estoy convencido no solamente desde que llegué al Gobierno, sino que desde que me interesé por la política, que esta cuando se ejerce de manera honesta y desinteresada, es una herramienta transformadora que puede mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Y me imagino y confío en que cada uno de ustedes aquí presentes también lo cree. Depende de cada uno de nosotros reivindicarla en este sentido profundo.

Y sobre el tema de licencias médicas que ha impactado en las últimas semanas a la ciudadanía, mi criterio ha sido muy claro: toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad, y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad es la destitución del cargo.

Sin embargo, también quiero decir que acá no pueden pagar justos por pecadores. Contrario a lo que algunos esgrimen como pretexto para retroceder en derechos y jibarizar al Estado, la institucionalidad pública chilena es muy robusta comparada a nivel internacional. Tenemos que valorarla y mejorarla sin lugar a dudas, ser duros contra quienes vulneran los principios de la ética, de la responsabilidad, de la transparencia, pero no destruirla.

Y eso, creo, es lo que hemos estado haciendo, porque años antes del informe sobre licencias médicas de la Contraloría General de la República, el Gobierno y este Congreso ya estaban trabajando para disminuir el ausentismo en el sector público. Por ejemplo, con la promulgación de la Ley 21.746 que endurece sanciones contra el mal uso de licencias, con multas de hasta 40 millones de pesos y la inhabilidad de por vida para emitir licencias en el caso de médicos reincidentes, y con sanciones que llegan incluso hasta la privación de la libertad. Además, a inicio del año pasado se instalaron mesas de trabajo para dirimir entre el justo ejercicio de derechos y aquellos casos en que se hacía un uso abusivo de licencias, y se restringió la dotación de los servicios que no mejoren sus indicadores en esto.

En la misma línea vamos a seguir generando medidas administrativas y legislativas que mejoren la capacidad de control y propongan nuevos parámetros que desincentiven el uso de licencias fraudulentas. 

Ante la fuerte crisis de confianza en las instituciones, es clave que no nos quedemos solamente en la crítica y en el apuntar con el dedo, sino que dar soluciones reales, y que defendamos estos principios con acciones y no solo con palabras.

Tal como señalé en la Cuenta Pública del año pasado, sigo considerando clave avanzar en una reforma al sistema político que se haga cargo del diagnóstico compartido sobre la atomización que traba acuerdos necesarios para el país y dificulta que los ciudadanos y ciudadanas distingan lo que representan las diferentes fuerzas políticas.

Sé que podemos no estar de acuerdo en todos los puntos, pero se requiere avanzar en esto. Por ello, este mes enviaremos como complemento a las iniciativas en actual tramitación, un proyecto que modifica los requisitos para constituir partidos, generando incentivos para evitar la fragmentación y, de esta forma, avanzar hacia la consolidación de fuerzas políticas que sean más representativas de la sociedad chilena.

Frente a uno de los problemas más antiguos y dolorosos que arrastramos como República, que es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, constituimos la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Fue un esfuerzo que contó con el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas, buscando situar este conflicto donde O’Higgins y Freire siempre lo imaginaron: en el corazón de la política y bajo el sueño de una patria unida, inclusiva, justa. Esta Comisión, en la que han participado además generosamente tres parlamentarios, dos parlamentarias y un parlamentario, ha sido un valioso espacio de diálogo, de escucha, de propuestas concretas para resolver quizás el más complejo conflicto histórico que arrastra nuestro país. Ha sido un testimonio de buena política, la que convoca, la que dialoga, la que discute y resuelve con transversalidad los desafíos propuestos. Su trabajo se realizó en las cuatro regiones, en un esfuerzo inédito y voluntario de ocho comisionados de orígenes políticos, ideológicos y sociales diversos. Para ellos y ellas, venga todo el respeto y agradecimiento de Chile.

En el corazón del informe de esta Comisión hay una sólida propuesta de nuevo sistema de tierras, para dar pie a un nuevo entendimiento entre el Estado y el pueblo mapuche, entre comunidades y sectores productivos. Pero además han logrado entregar propuestas que atienden el dolor de todas las víctimas, de toda la violencia, la histórica y la de las décadas recientes, y ofrecen un camino equilibrado que todo gobierno, actual y futuro, pueda recorrer, con más desarrollo para los habitantes de Biobío al sur en el mediano y largo plazo.

No estamos condenados a repetir la historia permanentemente. Las propuestas de esta Comisión, que presenté recientemente al país en cadena nacional, ya están en marcha, entre ellas la consulta indígena que comenzará en julio y el reforzamiento del apoyo a las víctimas de violencia y terrorismo. Si bien las medidas contempladas exceden largamente los plazos de nuestro gobierno, trabajaremos hasta el último día para implementar esta agenda y traspasar a la futura administración ya no un conflicto, sino un proceso en implementación, que construya paz, desarrollo y justicia para todos los habitantes del territorio mapuches y no mapuches. Convoco a este Congreso pleno y a todos los candidatos presidenciales a comprometerse con este proceso para poder así garantizar su continuidad en el tiempo.

Cuando en 2023 conmemoramos los 50 años del golpe de Estado, suscribimos un compromiso que llamamos “Por la democracia siempre”, en el que condenamos sin matices, el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990.

Se trata de un gesto de unidad nacional en torno al respeto irrestricto a los derechos humanos, en cualquier circunstancia y lugar. Y valoro el gesto patriótico de los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera Echeñique, porque a pesar de las diferencias políticas, nos unimos en torno al reconocimiento de la dignidad intrínseca e inalienable de cada ser humano. No me cabe duda, por cierto, de que si el ex Presidente Aylwin hubiese estado vivo también lo hubiese suscrito.

Como país no estamos exentos de responsabilidades y deudas pendientes en materia de derechos humanos. Por eso, en nuestra primera Cuenta Pública de 2022 anunciamos la creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, para la tarea de buscar a los desaparecidos y establecer las circunstancias de su muerte o desapariciones no quede en los familiares de las víctimas sino que la asuma, como corresponde, el Estado que fue quien los hizo desaparecer.

Y es que reconstruir la verdad sobre lo que pasó con estos compatriotas es hoy una responsabilidad permanente del Estado chileno. En marzo anunciamos el Plan de Expropiación de terrenos de Colonia Dignidad, y puedo informar al país que su decreto estará listo este mes, cumpliendo con el compromiso adquirido en la Cuenta Pública del año pasado. Desde aquí, abrazo a todas las víctimas de la tortura, a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Porque sin ustedes, sin su lucha, sin su desgarrador llamado a la memoria y esperanza, no estaríamos aquí presentes.

En 1995 se autorizó la construcción de un penal especial destinado a los criminales de lesa humanidad por los delitos ocurridos en dictadura: la cárcel de Punta Peuco. Era otro Chile y desde mi punto de vista no existe justificación para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición de especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de gendarmería. Porque no es una medida de justicia, no es solo una medida de justicia, sino que es también una necesaria gestión para nuestro sistema penitenciario.

Tal como hiciera, el Presidente Piñera al cerrar el Penal Cordillera, hoy día estamos poniéndole fin a Punta Peuco como se le ha conocido.  Chilenos y chilenas, para mirar de frente el futuro, tenemos que cerrar y reparar las heridas del ayer.

Por eso, en diciembre de 2024, creamos la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la Verdad de las Vulneraciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sename, que, en un plazo de un año, deberá recoger testimonios, y entregar propuestas para una reparación integral a esta infancia vulnerada.

Asimismo, la mesa interinstitucional de trabajo sobre adopciones forzadas o irregulares que anunciamos el año pasado ha terminado su trabajo y, siguiendo sus recomendaciones, crearemos un Banco de Huella Genética, que permitirá contar con una vía extrajudicial para la búsqueda de orígenes, y posibilitar la reunificación familiar de tantos bebés que fueron robados durante tanto tiempo y entregados a familias extranjeras.

Y por último, en materia de derechos humanos, desde el Gobierno, hemos seguido trabajando para consolidar un catastro de víctimas y una red interinstitucional para atender a las necesidades concretas de quienes sufrieron daños graves producto del actuar de agentes del Estado durante el estallido social. Lo hemos hecho de forma participativa y dialogante con organizaciones y víctimas, para responder a las necesidades más urgentes, fortaleciendo por ejemplo el programa Pacto, que hoy además de atender a víctimas de trauma ocular, ha ampliado su cobertura de atención en salud, atención psicosocial y rehabilitación funcional, incluyendo a personas con lesiones graves y lesiones por perdigones, no solamente en Santiago, sino también en regiones.

En el ámbito internacional hemos desplegado una nutrida agenda para poner en alto el nombre de Chile, para abrir nuevos mercados y diversificar a nuestros socios comerciales. Estas acciones cobran aún más relevancia por los vaivenes de la economía global, afectada por la guerra comercial y el proteccionismo. Pueden estar tranquilos, compatriotas, que ante todo, esta crisis que se alza por todo el planeta, estamos trabajando unidos. Así se demuestra en las diferentes delegaciones parlamentarias que me han acompañado en viajes de Estado, donde hemos liderado visitas a países como India, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Japón, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, reuniéndome con los principales mandatarios y líderes empresariales de dichos países, consolidando y abriendo nuevos mercados, atrayendo nuevas inversiones, concretando intercambio educacional, compartiendo la riqueza de nuestra cultura nacional.

Y es que frente a posiciones que promueven un mundo sin reglas, Chile ha tomado postura, abogando por un comercio libre y justo, por el respeto de los acuerdos y el fortalecimiento del multilateralismo. Hemos defendido la autonomía estratégica como sello de la política internacional de Chile, lo que implica dialogar con todos, incluidas las grandes potencias, sin elegir una u otra: nuestra única bandera es Chile, nuestra soberanía y el bienestar de las familias, y no vamos a aceptar imposiciones de alianzas ni agravios a nuestras decisiones soberanas.

Chile es un país profundamente respetado en el escenario internacional y lo es por su larga trayectoria y coherente tradición, sólo interrumpida durante la dictadura, de defensa de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional. En esto los presidentes que me antecedieron dejaron un camino firme por el cual transitar, y es en virtud de estos principios que como jefe de Estado he guiado la política internacional de Chile, sosteniéndome en lo construido por mis antecesores democráticos, por cierto. Por eso hemos sido claros en nuestro rechazo a la guerra de agresión desatada por Rusia frente a Ucrania, al fraude electoral de la dictadura venezolana que reemplazó la diplomacia por los insultos y los arrebatos, a la represión y el silenciamiento de la digna oposición de la dictadura familiar de Nicaragua, y ahora también a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene a algunos políticos chilenos encandilados. Les recuerdo que por muy popular que un mandatario sea circunstancialmente, desconocer las reglas democráticas y retroceder en derechos y libertades siempre, siempre termina costando caro.

Son estos mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. No nos olvidemos ni dejemos de sentir ese dolor que es humano, tal como nosotros, aunque estamos lejos, pero es humano. 

Por eso llamé a consultas a nuestro embajador en Israel, he instruido el retiro de nuestros agregados militares de dicho país, suspendimos la participación de Israel en la tradicional Feria FIDAE, intervenimos en la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y solicitamos junto a México a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, después de lo cual, en lo que compartimos con varios países, se emitieron órdenes de arresto internacional contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos del gobierno de Israel. Y los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel.

Para que no quepa duda, reitero lo que he dicho muchas veces: no aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamas y exigimos la liberación de los rehenes que aún están en cautiverio.

Dicho esto y considerando la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel, mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además he instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. En este sentido, respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel, para que no sigan matando niños.

Compatriotas: quiero cerrar esta Cuenta Pública con una reflexión sobre la cultura aplicada en política, parafraseando a un viejo intelectual, que creo resume lo que he querido expresar en cuanto a los principios que han inspirado a nuestro gobierno y mi actuar: el liderazgo no se trata de tener la cabeza llena de fechas, nombres o de cifras: es la calidad del juicio, la exigencia lógica, el apetito por la prueba, la noción de la complejidad de las cosas y la dificultad de los problemas. Es el hábito de la duda, el discernimiento en la desconfianza, la modestia de opinión, la paciencia para ignorar, la certeza de que nunca tendremos toda la verdad. Es tener la mente firme sin tenerla rígida, es estar armado contra la vaguedad y también contra la falsa precisión, es rechazar todos los fanatismos, sospechar de los dogmatismos oficiales, pero sin beneficio para los charlatanes. Es venerar el genio pero sin hacer de él un ídolo. Es, en definitiva, actuar siempre sobre la realidad como es, y no sobre la que uno preferiría que fuera.

Chilenas y chilenos, termino esta, mi última Cuenta Pública, asegurándoles que hemos dado lo mejor de nosotros para hacer más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. He tenido que tomar decisiones difíciles, sin duda, pero sepan que siempre, en cada disyuntiva he puesto por delante el bien común de la gente trabajadora y esforzada de nuestro país, de sus niños y personas mayores, de sus mujeres y sus jóvenes.

Nos quedan nueve meses de gobierno: lucharé hasta el final, por concretar aquellos proyectos que mejoren la vida de nuestro pueblo y representen las ideas de progreso y justicia que nos inspiran. Para la campesina del valle del Huasco, para el niño soñador de Camarones, para los jubilados de Puerto Natales. Para el joven rockero de Concepción al pescador de langostas de Juan Fernández, para la joven grumete de Viña del Mar o la emprendedora de Pitrufquén. Para todo Chile.

Los invito a pensar si es que los logros que hemos obtenido hubiesen sido posibles en un gobierno de otro tipo. ¿Hubiésemos pagado la deuda histórica a los profesores, sacado adelante la reforma previsional, recuperado el diálogo social o elaborado una Estrategia Nacional del Litio que no dependa del mercado? ¿Se habría propuesto poner fin al CAE, defender desde el gobierno el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, o que el Estado se haga cargo de buscar a nuestros detenidos desaparecidos? ¿Habríamos logrado las 40 horas, el Copago Cero en salud, el royalty a la gran minería o el histórico aumento en el sueldo mínimo?

Creo honestamente que no, porque los gobiernos encarnan y expresan proyectos distintos. Y justamente ahí radica la fuerza de la democracia: en que son ustedes quienes tienen la soberanía plena de elegir por qué camino transitar. Nuestro país puede y debe mejorar las condiciones materiales de vida de cada uno de sus habitantes, en el marco de mayor justicia social y un sentido de futuro compartido. Depende de nosotros.

Estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno, pero sobre todo, estoy orgulloso de Chile. De la fuerza que tenemos como país que desde el sur del mundo levanta su voz y dignidad cada día. Estoy esperanzado del futuro. Por ustedes y por las Violetas que florezcan al andar.

Muchas gracias. ¡Qué viva Chile!