La Corte de Apelaciones de Santiago admitió a trámite un nuevo recurso contra la presencia de una figura en homenaje al almirante José Toribio Merino Castro, uno de los impulsores del golpe de Estado de 1973 y quien dentro de las operaciones militares realizadas para el derrocamiento del gobierno, se apropió del mando de la Armada.

La acción constitucional fue patrocinada por el abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica (FMH, www.memoriahistorica.cl) y se dirige contra la mantención de un busto de Merino al interior de la Escuela Naval, recientemente detectado por la organización.

La acción se suma a un recurso también en trámite en contra de una estatua de Merino erigida en el frontis del Museo Marítimo Nacional, que data del año 2002 y que ha motivado una serie de protestas por parte de organizaciones de Derechos Humanos, al considerarse que con esa figura, la institución del Estado reivindica a Merino, a lo que la Armada ha señalado que la figura no tiene ese significado.

Colaboradores de la dictadura, como el ex ministro del Interior Carlos Cáceres, como parlamentarios que adcribieron políiticamente el régimen, como el ex senador Sergio Diez o el designado Ronald Mc Intyre, o el ex columnista de El Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce, defiendieron la figura de Merino como uno de los impulsores del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 

Dentro del mundo de los Derechos Humanos y varios historiadores, Merino es considerado responsable de las violaciones a los DDHH cometidas por esa institución, ya que la Armada aplicó torturas a quienes se identificaban con el gobierno de la Unidad Popular. Tal fue el caso de los Marinos Constitucionalistas, quienes al conocer el plan para derrocarlo, se organizaron en favor de Allende, comunicándose con dirigentes políticos para advertir del golpe. Al se descubiertos, fueron detenidos y torturados por la institución naval antes del septiembre de 1973.

Rendón señaló que todos estos homenajes a la dictadura constituyen una amenaza de repetición de los atentados a la democracia y de los crímenes cometidos por las instituciones militares y policiales chilenas. "Su eliminación, postergada por demasiado tiempo, es una obligación del Estado de Chile, conforme a las normas internacionales que lo obligan a ofrecer "garantías de no repetición" de las violaciones a los DDHH cometidas. Llegó la hora de normalizar el comportamiento de las FFAA y Carabineros en esta materia y que ya no sigan adoctrinando en el culto a la dictadura a las nuevas generaciones de militares y policías".

Revise la resolución aquí.