Hoy en Viña del Mar serán los funerales del joven manifestante Patricio Pardo Muñoz, luego de conocerse su muerte el pasado día viernes. El deceso se conoció a través de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular.

Con 26 años, Pardo perdió la vista de su ojo derecho y se quitó la vida en medio de una fuerte depresión, según informara en un comunicado la organización civil.

Pardo resultó mutilado en su vista en el 2019, en el contexto del estallido social. Él vivía en Valparaíso y estaba presente en las diversas manifestaciones que se realizaron en la época. A Pardo lo interceptó Carabineros en Viña del Mar y recibió disparos a corta distancia en su cuerpo y rostro de parte de un funcionario.

El joven activista quedó con cuatro balines en su cuerpo y uno se incrustó en el lado derecho del rostro. Según la coordinadora, no pudieron extraerle la munición, porque se encontraba en los músculos de la cara, lo que suponía un riesgo para su salud.

Su mutilación ocurrió en la noche entre el 27 y 28 de noviembre de 2019, en jornadas que estaban marcadas por fuertes protestas en Valparaiso. Pardo se encontraba en la subida Ecuador, cuando sintió un ruido detrás de él, se giró y recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo derecho.

De acuerdo a la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la velocidad del objeto contundente le hubiera provocado la muerte si golpeaba su cabeza. Sin embargo, al dar la vuelta, el artefacto llegó a su ojo, causándole la pérdida de visión.

“No podemos como sociedad no repudiar el actuar del estado asesino. Patricio no logro salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del Estado y abandonado por el mismo“, expresó la organización luego de conocer su muerte.

El tema vuelve a instalar en el debate público el impacto de las mutilaciones oculares ocurridas durante el estallido social y que fueron protagonizadas por agentes del Estado como Carabineros, además de la necesidad del Estado de implementar políticas de reparación efectivas para las víctimas de este tipo de casos, que además la Fiscalía investiga penalmente como "violencia institucional".