La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, junto a la vicepresidenta Lorena Céspedes, recibió este sábado una serie de propuestas en materia de educación, elaboradas por la iniciativa Acción Colectiva por la Educación, conglomerado de 25 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con una educación de calidad, equitativa e inclusiva, en el marco del proyecto Tenemos que Hablar de Chile.

La actividad contó con la presencia del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, el prorector de la Universidad de Chile, Alejandro Jofré, el director Ejecutivo de Elige Educar y representante de Acción Colectiva por la Educación, Joaquín Walker, y los convencionales constituyentes Gaspar Domínguez, María Trinidad Castillo, Tatiana Urrutia, Ricardo Montero y Paulina Valenzuela.

Para la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, estos proyectos van en la línea de lo que el órgano espera de la ciudadanía.

“Para la Convención Constitucional esto es lo que esperamos de la ciudadanía: propuestas y discusiones realizadas por distintos sectores. El mandato para nosotros es tener que hablar de educación transversalmente entre todos los pueblos, todas las nacionales, incorporando conceptos que ya se están instalando en la Convención Constitucional como la paridad, plurinacionalidad, descentralización o derechos de la madre tierra. Todo se articula con esta educación que buscamos, una revolución pedagógica para levantar nuestra condición de personas”.

Mientras que el director ejecutivo de Acción Colectiva por la Educación, Joaquín Walker, remarcó la importancia de incluir el debate en materia de educación en la nueva Constitución.

“Desde Acción Colectiva esperamos que la redacción de la nueva constitución dé al derecho a la educación la relevancia que merece, pues es fundamental para el desarrollo individual de la ciudadanía y la construcción social del país. Además, buscamos que se recoja el principal trasfondo de las propuestas: avanzar a una revolución pedagógica, que ponga a los estudiantes en el centro del proceso educativo, y aseguremos a una educación de calidad, integral, inclusiva, gratuita y equitativa”.

El documento presentado a la Convención Constitucional contiene 11 propuestas, entre las cuales se incorpora consagrar a la educación como un proceso de aprendizaje permanente que tiene como finalidad el desarrollo integral de las personas. En materia de cobertura, se plantea reconocer a la educación como un derecho social y un bien público. En la misma línea, se propone que el Estado debe ser garante del derecho a la educación, financiando desde la sala cuna hasta la educación superior. Asimismo, ser responsable de manera preferente de la oferta pública, ampliando su alcance, convirtiéndose en un referente de una educación integral e impulsando una oferta descentralizada y adecuada a los diferentes contextos territoriales.

Por otro lado, en relación a la libertad de enseñanza, se sugiere que el Estado garantice el derecho a la educación independiente del tipo de dependencia –favoreciendo proyectos educativos interculturales y plurilingües– velando por que cada establecimiento cumpla con los estándares de calidad exigidos por la ley. Por último, la Constitución debe reconocer el rol central de los docentes para asegurar la calidad de enseñanza y garantizar condiciones laborales justas y formación continua.