La justicia reformalizó y amplió los plazos de investigación en la causa contra los ejecutivos de ENAP por el caso de contaminación en la Bahía de Concepción y de Quintero-Puchuncavi

El Juzgado de Garantía de Talcahuano amplió este martes 19 de octubre la investigación en contra de Álvaro Eduardo Hillerns Velasco, Patricia Alejandra Cabalá Leiva, Jorge Andrés Farías Fuentes, Edmundo Nosor Piraíno Suez, Juan Pablo Rhodes Valenzuela y Carlos Andrés Lizana Guerrero, ejecutivos y jefes de área de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y Joseph Wiliam Darlington Flores, capitán de marina mercante.

Todos son imputados originalmente por el Ministerio Público como autores del delito de propagación de sustancias peligrosas para la salud animal o vegetal (artículo 291 del Código Penal). Ilícito que habrían perpetrado en agosto de 2018, en la ciudad y la comuna de Quintero.

Además se sumaron al caso las figuras delictuales de importación de residuos peligrosos y diseminación de elementos que pongan en peligro el abastecimiento de la población, lo cual amplían las posibilidades de agravar su situación penal. Anita Flores, jueza de garantía, dio cuenta de los términos de la audiencia.

 Las investigaciones se ampliaron hasta el 24 de noviembre. La magistrada señaló las determinaciones tomadas y su fundamentación.

El primer hecho ocurrió el 4 de agosto de ese año, cuando hubo una masiva evacuación en la zona del Mall Plaza del Trébol y la Clínica Bio Bío, donde se sintió un extraño “olor a gas”. El segundo episodio quedó en evidencia con las masivas intoxicaciones registradas en Quintero y Puchuncaví el 21 de agosto de 2018.

Según la teoría del Ministerio Público, cuyas investigaciones lidera la fiscal regional del Bio Bío, Marcela Cartagena, se apunta como causa al crudo operado por ENAP, que provenía desde Irán. El motivo radicaría en sus altas concentraciones de ácido sulfhídrico, que sumado al hecho de cómo se llevaron a cabo las operaciones de trasvasije, afectaron a la población.