La convocatoria se ha realizado a nivel nacional, para manifestarse contra la iniciativa de parlamentarios del oficialismo, que buscan penas privativas de libertad al delito de usurpación de terrenos.

En lo básico son dos textos, un proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes (Boletín N° 14.015-25) y un proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad (Boletín N° 13.657-07).

Esto ha sido considerado como una amenaza a las comunidades que actualmente viven en tomas, porque establece tipos para considerar como "violenta" la acción de ocupar un terreno, además de establecer penas privativas de libertad, e incluso la posiblidad de desalojo sin orden judicial.

Las comuniades consideran que esto criminalizaría la reivindicación de una vivienda digna, frente a la existencia de una fuerte necesidad habitacional, como lo señala Paula Ruz, presidenta de la toma Ángel Parra de Valparaíso.

Nathia es artesana de la toma El Michay-Helechos, en la comuna de El Tabo. Esta comunidad se conformó aproximadamente desde el 2016, en terrenos que son propiedad del Partido Comunista. La colectividad ha presentado recursos judiciales en contra de las cerca de 40 familias que habitan allí, pero ellas han resistido y siguen viviendo en el lugar.

La vecina de esta toma considera que esta nueva ley atenta contra el derecho que buscan defender y piensa que deben organizarse y movilizarse de manera coordinada.

El tema ha sido de fuerte preocupación en la Región de Valparaíso, ya que esta es la zona con más campamentos en el país, con un número de 72, que congregan a cerca de 7 mil 300 familias, cifras que no incluyen los efectos que ha provocado la crisis económica por la pandemia.

Las mociones refundidas pueden ser revisadas en su Boletín N° 14.015-25 del año 2021 y en el Boletín N° 13.657-07 del año 2020. Ambos textos están en tramitación en el Senado y el gobierno les otorgó urgencia de discusión inmediata.