La comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, espera votar la próxima semana la idea de legislar el proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural.
El texto se aboca a definiciones sobre qué entender por el concepto patrimonio, la institucionalidad del Estado y sus funciones en materia de elaboración de políticas y mecanismos en la materia y las normas de protección y sanciones ante su daño.
El texto fue ingresado en junio del 2019 a trámite y el 24 de marzo se le presentó una indicación substitutiva para reemplazarlo. El gobierno le otorgó urgencia para que fuera despachado prontamente, pero parlamentarios han pedido profundizar el debate.
La diputada del PPD Carolina Marzán, presidenta de la comisión de Cultura, informó que para enriquecer el debate se convocó a una serie de actores para este 29 y 30 de abril, para exponer acerca del proyecto. Cumplido esto, ella considera que la votación general del texto podría ser la próxima semana.
El artículo 7 del proyecto de ley, establece la composición de un Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, que presidiría el subsecretario del Patrimonio, junto a dos cupos más del MINCAP y estaría integrado por miembros de los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Economía, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, además de un funcionario del Consejo de Defensa del Estado.
Además se considera la presencia de representantes a nombre del Colegio de Arquitectos, las asociaciones de historiadores, de la Sociedad Chilena de Arqueología, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos, de la Sociedad Chilena de Paleontología, y de la Asociación de barrios y zonas patrimoniales. También la presencia de un académico a nombre de las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y acreditadas a lo menos por 5 años, además de un académico de la Universidad de Chile, experto en patrimonio cultural inmaterial.
Se ha cuestionado la composición del Consejo, pensando en la necesidad de representación de diversos ámbitos en la instancia. La parlamentaria señaló que este punto está en debate.
Este consejo debería pronunciarse acerca de las solicitudes de declaratorias de bienes patrimoniales, además de determinar espacios de protección y planes de salvaguarda de bienes, junto con actualizar una lista de bienes de valor histórico en el país.
Además representantes de comunidades originarias atacameñas y mapuches han denunciado que no fueron considerados en el consejo y además no se ha realizado la respectiva consulta indígena, que establece el Convenio 169 de la OIT.
Revisa el proyecto aquí.