En el hecho, que le costó la vida al funcionario municipal Eduardo Lara, las defensas cuestionan la investigación y las pruebas, mientras el Ministerio Público señala que todo el proceso fue legal.

A fin de mes podría haber un fallo de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de los recursos de nulidad presentados por las defensas de los seis condenados por en el caso del ataque incendiario a una farmacia en Avenida Pedro Montt, hecho que le costó la vida al funcionario municipal Eduardo Lara.

El caso que data del 21 de mayo del 2016, está en la fase definitiva de su proceso penal, luego que se realizaran los alegatos en el máximo tribunal del país, para debatir la nulidad o no del juicio que condenó a los seis acusados.

Las argumentaciones se han centrado en la legitimidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, además de la no entrega de información por parte de funcionarios policiales requeridos en calidad de testigos y consideraciones del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso.

El objeto en discusión es el uso del informe secreto número 76 de la PDI, que consiste en un set de fotografías, que habría permitido al Ministerio Público identificar a parte de los acusados para condenarlos. Estas fotografías cotejan las manifestaciones de mayo, con una actividad en marzo del 2016, en que coincidirían rasgos de las personas.

Lo que se argumenta por parte de las distintas defensas, es la ilegalidad del procedimiento para incorporar estas pruebas al proceso.

El abogado Washington Lizana, quien representa a Constanza Gutiérrez y Rodrigo Araya, apeló al hecho que el informe secreto no llegó a requerimiento de Fiscalía, lo que considera ilegal, ya que se usó como prueba de cargo.

Además se apela al hecho que, al presentarse como testigos los funcionarios policiales para declarar al respecto, ya en estrado se negaron a hablar, invocando prohibición por Ley de Inteligencia.

El abogado Nelson Miranda, representante de Miguel Ángel Varela, dijo que el Ministerio Público rompió la prohibición de informar antecedentes de inteligencia, ya que aplica a policías, pero también a fiscales.

El Defensor Público Carlos Fierro, en representación de Felipe Ríos y Hugo Barraza, señaló que sobre la base de los antecedentes, el juicio debe ser anulado.

En contra del recurso y por rechazar todas las presentaciones, argumentó el abogado del Ministerio Público Hernán Ferrera.

Ferrera planteó que no hubo ilegalidad en el uso de las pruebas por parte del Ministerio Público, porque la normativa de inteligencia faculta a un jefe de servicio a entregar antecedentes, sin requerimiento previo.

El abogado asesor del Ministerio del Interior, Italo León, señaló que en las audiencias, lo interrogado a los funcionarios policiales, no incidía en la causa.

Como abogado de Farmacias Ahumada, se presentó Juan Ignacio Piña, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado y ex Subsecretario de Justicia de Sebastián Piñera, ratificando argumentos.

En primera instancia, Miguel Ángel Varela recibió una pena de 15 años, Felipe Ríos de 12, por los delitos de incendio con resultado de muerte y porte de artefacto incendiario; mientras que Hugo Barraza, Constanza Gutiérrez, Nicolás Bayer y Rodrigo Araya recibieron pena de 10 años, sólo por la primera figura penal.

Si se acogen los recursos, se deberá repetir el juicio, si se rechazan, las condenas serán definitivas.