Recientemente vino a visitar la región el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, para realizar el lanzamiento del primer Observatorio Regional de Transparencia para la Región de Valparaíso, acción que se realizó en convenio con la sede de Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello y que pretende descentralizar y promover el acceso a la información pública, con miras a generar una “cultura de transparencia”.

Este es el sexto convenio que el Consejo para la Transparencia (CPLT) firma con alguna universidad del país, pues ya existen Observatorios Regionales de Transparencia en las universidades de Concepción para la región del Bío Bío; la Universidad Católica de Temuco en Araucanía; Universidad de Talca en el Maule; U de Los Lagos en Puerto Montt y Universidad Central en Coquimbo.

En Valparaíso se consideró llamativo que la firma se haya realizado entre el CPLT y la Universidad Andrés Bello, institución que es parte del Grupo Laureate International, el cual ha sido cuestionado por los casos de lucro en la educación.

Al respecto se refirió Raúl Ferrada, director General del Consejo para la Transparencia en Chile, quien justificó esta firma argumentando que la casa de Laureate tendría “mejor recepción para implementar este proyecto”.

La iniciativa dependerá de la Escuela de Trabajo Social de la UNAB, en donde estudiantes y académicos del plantel realizarán seguimientos y fiscalizaciones que permitirían develar el estado de la transparencia y acceso a la información pública en esta zona del país.

Conversamos con Rodrigo Cortés Mancilla, director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, quien indicó que la institución cuenta con las características para la labor y que fue el Consejo para la Transparencia quien les solicitó ser parte de la coordinación del observatorio.

Consultado por ello, el Académico de la Facultad Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y experto en Derecho Administrativo, Juan Carlos Ferrada, cuestionó la elección de la universidad.

En tanto, el diputado PPD Rodrigo González, presidente de la Comisión de Educación, cuestionó la señal que da el Consejo para la Transparencia.

Cabe agregar que entre las labores que tendría la Escuela de Trabajo Social en el marco de este convenio sería difundir la Ley de Transparencia en organizaciones sociales, hacer un seguimiento y supervisión de cómo los distintos organismos públicos están respondiendo a las solicitudes de informaciones, entre otras labores que apunten a fortalecer las capacidades de la sociedad civil y el control social respecto de los estándares de Transparencia.