La aprobación del Plan comunal de seguridad pública por parte del Concejo municipal de Valparaíso abrió un debate acerca de cómo se van a concretar las acciones en la materia. Uno de los pasos previos para su elaboración fue un diagnóstico desarrollado por parte de la municipalidad, que arrojó diversos resultados acerca de la realidad en materia de delitos en la zona. 

En RVL, la directora de seguridad ciudadana del Municipio, María José Brevis, diagnosticó: "Valparaíso actualmente está enfrentando una situación bien compleja a nivel de seguridad y de cohesión social, ya donde tenemos altos niveles de vulnerabilidad derivado de factores de pobreza, de precariedad urbana y de creciente participación de niños, niñas y adolescentes en comisión de delitos".

Según datos del Centro de estudios y análisis del delito, CEAD, que depende de la Subsecretaría de prevención del delito, hay una alza significativa en las denuncias por delitos violentos y contra la propiedad, el 55% de los delitos representan denuncias por delitos violentos y contra la propiedad, destacando el robo con violencia o intimidación, el robo por sorpresa y el robo de objeto de o desde vehículos. 

El municipio ha focalizado tres ejes principalmente, el primero de ellos es delitos violentos y contra la propiedad; el segundo son incivilidades y factores de riesgo y tercero, los factores de riesgo y vulnerabilidad social en niños, niñas y adolescentes y mujeres. 

En RVL, concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras considera que hay vacíos en el nuevo plan comunal de seguridad pública. "El primero es que no se hace ninguna referencia práctica, solamente una referencia teórica al crimen organizado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el municipio tiene la obligación legal de coordinar las actividades vinculadas con seguridad de todas las entidades que funcionan en el territorio, Ministerio Público, Carabineros de Chile, la PDI, la Aduana, el Servicio agrícola de ganadero, Gendarmería, entre otros. De modo que si hoy día estamos enfrentando una problemática con el crimen organizado, que incluso está develado que existen nexos del crimen organizado con el comercio ambulante, que es una de las problemáticas principales que se plantean dentro del diagnóstico del plan de seguridad comunal. No hay ninguna referencia práctica, ninguna acción concreta en relación a esto y creo que debería ser incluida".

"Y el segundo punto es la relación que tiene el municipio con la Fiscalía. Hoy día el Ministerio Público por mandato constitucional tiene la exclusividad de la persecución penal. ¿Qué quiere decir esto? Que los únicos que pueden investigar delitos son los fiscales del Ministerio Público. ¿Qué puede hacer la municipalidad en ese sentido? En su labor de coordinación, en su responsabilidad de la seguridad pública en el territorio comunal, es entregar insumos para la investigación penal. A nosotros como concejales nos llega información respecto de los lugares donde se cometen delitos, donde se trafica droga, dónde se llegan las cosas robadas para su reducción, etcétera. Entonces, creo que la municipalidad podría cumplir un rol mucho más activo en la entrega de información para la persecución del delito. Creo que tenemos la herramienta y el plan de seguridad comunal que aprobamos no contempla estos dos pilares que yo creo que son esenciales, pero que obviamente y así lo manifestó también la directora en la comisión donde analizamos el tema, de estar dispuesta a poder mejorar", dijo.