La senadora PS Isabel Allende, tomó la palabra en la primera jornada en la cual se presentó ante la sala, luego de conocerse extraoficialmente el fallo del Tribunal Constitucional que la destituyó de su cargo como representante de la Región de Valparaíso.
Al inicio de la sesión de este martes 8 de abril y tras el acuerdo de Comités, la legisladora hizo uso de la palabra para referirse a su situación, por los diversos trascendidos sobre la decisión del Tribunal Constitucional.
En cerca de 25 minutos, dio un discurso en que se pronunció sobre los hechos que motivaron la presentación de Chile Vamos y Republicanos en su contra, además de los argumentos jurídicos al respecto y su trayectoria parlamentaria.
Planteó su autocrítica ante la operación de compra de la casa de Guardia Vieja: "Sí, reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debía haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No reuyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido una empresa y ante todo actué confiando en la institucionalidad. ¿Se imaginan ustedes que habría puesto en riesgo más de 30 años de servicio público de lucha democrática si hubiese tenido de estar infringiendo supuestamente una norma constitucional? ¿Realmente alguien cree que habría actuado con dolo sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política? Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar, donde funcionaría la casa museo del presidente Salvador Allende y lo hice convencida de que se trataba un acto de memoria de y de futuro. Como familia compartimos la idea del presidente Gabriel Boric de transformar las casas de los dos expresidentes, Patricio Aylwin y Salvador Allende en casas museos. Dos personas que han marcado nuestra historia con un profundo sentido democrático. Casas que han sido espacios importantes en nuestra historia nacional e internacional que son parte de nuestro patrimonio. La memoria se cuida, se honra".
Allende mantuvo su postura respecto de los argumentos jurídicos de su defensa: "Quiero dejar claro que no solo estuve en la subcomisión de cultura, como tampoco estuve en la ratificación final de la comisión mixta que cierra y aprueba la ley de presupuestos. Es más, recién me enteré en enero del 2024 de la existencia de una partida presupuestaria. Desde ahí actuamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno. Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento y quiero repetirlo. En ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Mi trayectoria habla por sí sola y esa trayectoria que me permito calificar como honesta y transparente es la mejor prueba de lo absurdo que resulta pensar en una intención maliciosa de mi parte. Estoy convencida que revisten la máxima gravedad para la institucionalidad chilena, que se dé por cierto una sentencia o acuerdo sin que se haya conocido su texto ni sus argumentos, sin que formalmente el Tribunal Constitucional los entregue. Se ha dado, por cierto, mi cese en el cargo y a la fecha no he sido notificada. Lamento que el Tribunal Constitucional no haya accedido o considerado lo mejor de nuestros argumentos. Sostenemos que el proceso de la compra se llevó a cabo dentro del marco del derecho público, no del derecho privado, como explicó la contralora general de la República en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la compra dentro del marco de los procesos administrativos públicos no se concretó, se llevó a cabo una de las dos etapas y jamás hemos recibido un peso. ¿Acaso usé mi cargo parlamentario para obtener un beneficio privado? ¿Era relevante que yo en el marco una compraventa para la creación de un museo fuera parlamentaria o más? Bien, lo relevante era que soy comunera de una herencia de mis padres".
Además señaló sus críticas al TC: "El reciente trascendido del Tribunal Constitucional ha sido celebrado como un triunfo del derecho sobre la política, pero creo que no hay tal victoria. Lo que vemos no es el fortalecimiento del derecho ni la purificación de la política, sino la fragilización de ambas. Porque el derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política, sino a darle forma, a estructurarla, a permitir que la voluntad popular se exprese. dentro de un marco legítimo y justo. Cuando ese marco se usa para destituir una representante elegida democráticamente, sin probar hechos de corrupción ni dar espacio a la apelación, no es el derecho el que triunfa. ¿Qué valor constitucional se fortalece con un fallo que nadie puede apelar? ¿Qué estado de derecho se consolida cuando se iguala un error involuntario a un acto doloso? Porque el trato es el para quien como yo. He cometido tal vez un error por inadvertencia que para quien defraude al Estado abusando de su cargo. Si la norma usada para justificar esta decisión nació para frenar la corrupción, no es acaso extremo aplicarla sin ni siquiera tratar de demostrar que hubo corrupción. El derecho para ser respetado debe ser razonable y la justicia para ser legítima debe ser más que la aplicación literal de una norma debe considerar el contexto, la intención, el daño real y sobre todo el impacto institucional. Esto es una enorme injusticia en un caso donde se ha aplicado, a nuestro juicio, erróneamente la ley, pero no se ha hecho justicia. En el futuro. Habrá que pensar si hay que mantener medidas actuales del Tribunal Constitucional que no permiten apelaciones, que no hay gradualidades en las sanciones y que vulneran la soberanía popular".
Al término de su intervención la legisladora fue saludada por sus colegas, partidarios y colaboradores quienes siguieron desde las tribunas su discurso.