La subsecretaria del Ministerio de la Mujer y equidad de Género y ministra subrogante, Claudia Donaire, se refirió al proyecto de ley para ampliar la interrupción del embarazo a la voluntad de la persona. La subsecretaria señaló que ha existido una serie de dificultades encontradas en la implementación de una ley con siete años de vigencia, específicamente en relación con la objeción de conciencia del personal médico. 

Donaire señaló que un estudio reveló que esta objeción, ejercida por instituciones públicas y privadas, ponía en riesgo el acceso rápido y oportuno al aborto para personas en situaciones críticas definidas por la ley. 

En respuesta, el gobierno ha propuesto una modificación al reglamento de objeción de conciencia para asegurar que este derecho legítimo no se convierta en un obstáculo, estableciendo mecanismos de reemplazo de personal para garantizar la atención médica necesaria, lo que ha condicionado la presentación del proyecto de ley en el Congreso, que originalmente estaba comprometido para diciembre del 2024.

"La ley en su aplicación tenía ciertos riesgos, como contar con una cantidad de facultativos y facultativas que tenían aplicación de conciencia y ponían en riesgo el acceso rápido y cercano", dijo.

"Lo que se ha ingresado entonces es una modificación al reglamento de objeción de conciencia a la Contraloría. Es lo que regulamos, justamente que esa objeción de conciencia, que es legítima, no obstaculice el acceso efectivo, generando en definitiva articulaciones y obligaciones para que los centros hospitalarios y las clínicas finalmente puedan  tener la atribución, la potestad y los recursos para, digamos, reclutar facultativos que puedan cumplir con el rol que no pueden cumplir quienes tienen objeción de conciencia", explicó.

- O sea, ¿sería establecer un suerte de mecanismo de reemplazo, ya sea en una clínica privada o en un hospital público, si es que una persona invoca la objeción de conciencia en una interrupción del embarazo?
- Exactamente. Que la objeción no sea un impedimento al acceso oportuno. La revisión de Contraloría es necesaria y es obligatoria para este tipo de reglamentos.

También planteó el proceso posterior del trámite legal del proyecto, que se podría presentar en el primer o segundo semestre, "el proyecto en el fondo es un proyecto que que persigue en definitiva que este tema sea un tema discutido por la sociedad. Ese es su su objetivo finalmente. Había un compromiso ya de presentarlo posterior al reglamento. Como el reglamento es una cuestión que depende de Contraloría, eventualmente podríamos evaluar la fecha de presentación en el primer semestre, o en el segundo, dependiendo de aquello".