En una nueva polémica se vio envuelta la semana pasada la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, una vez que el fiscal nacional, Ángel Valencia, la designara a cargo de las investigaciones para establecer la existencia o no de responsabilidades penales en las filtraciones de mensajes entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.
La oposición cuestionó esta medida, señalando que fue motivada por fuertes presiones oficialistas sobre el Ministerio Público, aunque Valencia dijo que esto tenía una razón administrativa: para analizar si dentro de las indagatorias en causas políticas a cargo del fiscal Cooper se produjo el delito de violación de secreto, por los chats revelados con mensajes políticos, dicha labor debe ser cumplida por otra persona titular del cargo de fiscal regional, lo que finalmente desembocó en la designación de Perivancich.
Sin embargo, el nombre de la fiscal regional de Valparaíso no pasó inadvertido para quien se ha transformado en una férrea contradictora de Perivancich, la diputada independiente-PPD, Camila Musante, quien en conocimiento de esta decisión no dudó en calificar a la fiscal regional “como la sepulturera de las causas”, poniendo nuevamente a la persecutora en la mira pública, tal como en varios episodios del último tiempo.
Valencia respaldó a la fiscal, y ella misma respondió que ha actuado "sigilosamente", gracias a lo cual ha obtenido resultados en diversas causas penales. Más allá de este episodio, esto igualmente instala la pregunta acerca de cuáles son las polémicas que ha debido enfrentar Claudia Perivancich.
La última polémica fue lo mencionado entre la persecutora con la diputada, ya que ella es querellante del caso tráfico de influencias en el Poder Judicial, y quien ha insistido en la existencia de pocos avances en la materia y en que es necesaria la formalización del exministro del Interior Andrés Chadwick. Ya anteriormente Perivancich, también apropósito de críticas de la parlamentaria, debió comunicar que, dentro de este caso, ella tiene a su cargo “aspectos relacionados con la conducta del ministro Matus (Jean Pierre) y asimismo con antecedentes relacionados con el nombramiento de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón”. Recordar que este último aspecto fue parte del cuaderno de remoción y de la acusación constitucional contra la ahora exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
En el ente persecutor porteño han existido otros flancos abiertos, tanto porque se conectan con el Caso Hermosilla, como por el manejo de comunicaciones e información interna del organismo. Respecto a lo primero, fue en el mes de noviembre que el abogado Juan Pablo Hermosilla ratificó a Perivancich en una lista de nombres de personas ligadas al Poder Judicial, quienes habrían tenido comunicaciones con Luis Hermosilla, recientemente liberado de prisión.
Hermosilla y Estallido Social
En un reportaje emitido por Chilevisión, Juan Pablo Hermosilla, que actúa como defensor de su hermano Luis, dio a conocer la existencia de estas comunicaciones por mensajería. Posteriormente Perivancich ratificó a RVL la existencia de estos contactos, fijándolos en un período de tiempo entre el 2020 y hasta diciembre de 2021, y según su testimonio, “corresponden a coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollábamos como Fiscalía Regional a cargo de la causa investigada por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del estallido social”, explicó la fiscal a esta emisora.
Si bien el propio abogado afirma que, en este último caso, no vio algo irregular, causó sorpresa que se diera a conocer dicho intercambio (sin conocerse el tenor literal de los mismos), porque hasta ese momento no se sabía que la fiscal regional de Valparaíso también hubiera tenido contactos con Luis Hermosilla. Igualmente ella descartó que fuera por otras causas o asuntos, aunque dejó en evidencia que se prolongaron al menos por un año.
En el reportaje de Chilevisión, se señaló que las comunicaciones involucrarían una serie de causas judiciales: SQM, Dominga y Estallido social. La respuesta -por escrito- de Perivancich afirmó que sólo consideraron las causas relacionadas con el estallido social, "habida cuenta que dicho abogado representaba a varias personas, entre ellos los subsecretarios del Interior Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla (...) no hay ninguna comunicación respecto de algún otro asunto o investigación. En concreto, el abogado Hermosilla no fue abogado de ningún interviniente en la causa Dominga, que posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía Regional", expresó en su nota la persecutora.
SIAU versus Chats
Cuando RVL dio a conocer la versión de Perivancich, la abogada Karinna Fernández, querellante en las causas por el estallido social en la arista altos mandos, consideró que no corresponde la existencia de comunicaciones entre abogados y fiscales fuera de los canales de comunicación propios del Poder Judicial. Argumentó que la Fiscalía posee una plataforma digital oficial, como es el Sistema de Información y Atención de Usuarios (SIAU), con el fin de entregar información y realizar coordinaciones con todos los intervinientes por igual. Ante esto, el presidente de la Asociación nacional de fiscales, Francisco Bravo, se pronunció si las comunicaciones por chats afectan o no el principio de objetividad cuando se generan estas comunicaciones fuera de los ámbitos formales: "No es incompatible una cosa con la otra, no hay ninguna prohibición que nos señala que no podemos tener comunicaciones con los intervinientes fuera del sistema SIAU, lo que sí es obligatorio es que se deje registro de eso y sean acerca de las causas judiciales", dijo a RVL.
Contrario a lo señalado por Bravo, en entrevista con RVL, el exfiscal José Miguel Subiabre, recordó que el Ministerio Público invirtió recursos para implementar la plataforma SIAU, con el fin de evitar las comunicaciones directas entre persecutores y abogados intervinientes. Subiabre dijo que no es posible normalizar contactos por mensajería, porque el Ministerio Público tiene una plataforma oficial específica para ello. "Generan mantos de duda, mi crítica personal es que lamentablemente no todos los abogados tienen la posibilidad de acceder a esa forma de comunicación para hacer de mejor forma su trabajo".
A pesar de este debate, que da cuenta de un cuestionamiento al manejo de las comunicaciones de la fiscal con intervinientes, y además en una causa de alto impacto como el estallido social, en el marco de la cuenta pública del organismo, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló que, lejos de abandonar esta práctica, ha mantenido comunicaciones vía chats y otros medios, con abogados particulares fuera de la plataforma digital oficial del Ministerio Público. Ella señaló a RVL que el hecho de haberse conocido la existencia de comunicaciones entre su persona y el cuestionado abogado penalista no ha afectado su gestión al mando del organismo. Aunque al conocerse el hecho, la propia Musante planteó que debía inhabilitarse de las indagatorias.
Perivancich reiteró a RVL sus argumentos, señalando que las comunicaciones siempre se formularon desde su rol en el Ministerio Público, "No percibí en verdad ningún cuestionamiento. Di cuenta de que las comunicaciones con ese abogado habían sido en el marco de la tramitación, que estaba a mi cargo, de las causas por delitos de lesa humanidad y en la cual él se contactó conmigo para coordinar la declaración de personas a las que él representaba. Eso fue todo. No siento ninguna merma en mi gestión".
Al consultarle si había sostenido otras comunicaciones con otros abogados vía mensajería, lo confirmó: "en múltiples ocasiones me coordino con abogados. Mire, la labor de nosotros es prestar un servicio oportuno y eficiente. Si las personas me contactan por correo electrónico, les contesto el correo electrónico. Si me llaman por teléfono, les contesto el teléfono. Si me contactan por WhatsApp, debo contestarle el WhatsApp. Mi teléfono es institucional", señaló.
Claves de Inteligencia
Pero esto no es lo único, ya que otra polémica se produjo al interior de la Fiscalía Regional de Valparaíso cuando se conoció que se pudo haber configurado el delito de violación de secreto en el caso del fiscal Maximiliano Krause, de quien se supo había entregado sus claves para acceder a los sistemas del Ministerio Público a 3 integrantes del servicio de inteligencia de la Armada.
Hay que recordar que Krause, según publicó La Segunda, reconoció al fiscal del caso filtraciones, Marco Pastén, el uso de sus claves para acceder a carpetas investigativas por parte de terceros: “yo tengo autorizada el uso de mi cuenta a lo menos a tres funcionarios policiales, pero especialmente a unos funcionarios policiales con los que trabajo en un foco investigativo sobre perfilamiento de cargas sospechosas de estar contaminadas por contrabando, droga, armas, etcétera. Ya que son de la Policía Marítima y son dos funcionarios policiales de la Policía Marítima", fue la afirmación reproducida por el vespertino.
En aquella oportunidad, Claudia Perivancich, a través de una declaración enviada a los medios de comunicación, informó que se abrió un sumario administrativo a propósito de la conducta del persecutor, esto más allá de la investigación penal que se realiza por las diversas filtraciones de casos investigados por la propia Fiscalía. Hasta hoy no se conocen los avances o resultados que pudo tener ese sumario, por ese complejo caso.