El presidente del Consoricio de Universidades del Estado de Chile, Osvaldo Corrales, se refirió al proyecto de ley de atiende la problemática social de las deudas por Crédito con Aval del Estado, CAE y propone implementar un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, denominado FES. El texto, que ya ha iniciado su trámite parlamentario, abrió un debate acerca de los términos de la propuesta presidencial.
Corrales señaló que desde el CUECH "habíamos pedido que el Estado respondiera a un deber moral que es hacerse cargo de aquellas personas que se vieron estafadas, endeudadas y vieron traicionadas sus expectativas de transformarse en profesionales. El sistema de financiamiento tenía riesgos de hacerse insostenible, y por lo tanto era necesario pensar una alternativa, tanto a la gratuidad que tenía un problema de diseño muy importante, como al CAE", dijo.
Respecto del CAE, considera que hubo un enfoque claro en dicha política, "se ha naturalizado la solución que se dio vía crédito bancario, cuando en su día había alternativas. Se procedió y se apostó decididamente por la privatización de la educación. El aumento de la cobertura de la educación se actuó como cuando hubo que mejorar la infraestructura de Chile, vía licitaciones, porque lo que se hizo fue licitar una cartera de estudiantes a entidades privadas y se recurrió al financiamiento bancario, sin regulación, incluso llegando a 6% de interés más UF", señaló.
Considera que era necesario solventar el problema del CAE, porque se está destinando una fuerte cantidad de recursos del presupuesto público. Corrales informó que sólo el 2023 el Estado destinó más de 450 mil millones de pesos a la recompra de la cartera de deudores vencidos, "esos recursos que podrían tener un uso alternativo en la educación superior, van a los bancos, y esta solución se presenta porque esto está estresando financieramente el sistema".
"A título personal digo que han existido argumentos sesgados o erróneos y algunos francamente deshonestos", afirma el rector de la UV. En este marco, considera que debe ser atendido el punto que se ha invocado como la autonomía universitaria "se refiere a la libertad de cátedra, de pensamiento, de investigación, y de definir proyectos educativos. Hay universidades en Europa, en Estados Unidos y América Latina, donde el Estado financia fuertemente las instituciones, sin comprometer su autonomía. Hoy ya el Estado financia o subsidia de modo muy significativo a muchas universidades, estatales, tradicionales y las del sector privado no regulado, como la Universidad San Sebastián, y que yo sepa eso no ha significado ninguna limitación ni intervención, sobre sus planes de desarrollo ni proyectos educativos, por lo tanto ese debate me parece sesgado", agregó.
A pesar de esta autonomía de las instituciones, Corrales cree que el sistema necesita un marco bien definido, "otra cosa es que haya regulaciones y a mi parece que son necesarias y hoy día tenemos un problema creciente de mercantilización de la educación. El Estado tiene derecho a establecer políticas que regulen el crecimiento o ciertas orientaciones respecto de las necesidades del país, porque el sistema educativo debe estar al servicio del desarrollo y no de intereses privados".
El rector ve el escenario político del texto en el Parlamento, reconociendo sus complejidades, "tenemos un Congreso extraordinariamente fragmentado y con una tendencia a la polarizacion muy evidente, lo que le hace pésimo al país, porque impide que se avance en la mejora de las políticas públicas y hacerse cargo de temas necesarios. Esperaría que todos los actores podamos entregar nuestros argumentos, antecedentes y datos que permitan mejorar el proyecto".
Desde el CUECH han planteado que se pueda considerar que en los tramos de los deciles 7 al 10, no acogidos actualmente a la gratuidad, se pueda considerar un copago, para cubrir la brecha entre los aranceles establecidos por las autoridades y los aranceles establecidos por las instituciones de educación superior, "esto puede debatirse y debe ser analizado, porque así los estudiantes contribuirían al financiamiento de las instituciones y es evidente que al Estado se le va a resultar muy difícil solventar los costos reales que tienen las carreras, dado el alto grado de compromiso de recursos, y siempre cuando haya dificultades económicas va a haber una propensión que los precios de los aranceles vaya a la baja".