Tras más de ocho horas de análisis y debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional presentada por 11 legisladores/as en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez y Sergio Muñoz Gajardo.
Siguiendo lo definido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se procedió a nombrar una comisión de tres diputados para que formalice y prosiga con la acusación ante el Senado. La instancia la integrarán los jefes de bancada de RN, la diputada Ximena Ossandón, de la UDI, Gustavo Benavente (UDI) y de Evopoli, Jorge Guzmán.
La Cámara tiene un plazo de 24 horas para comunicar este hecho al Senado y al afectado. Del oficio correspondiente se dará cuenta en la sesión más próxima que celebre el Senado.
Ahora, en cuanto a los acusados, la Constitución establece que quedarán suspendidos en sus funciones, desde el momento en que la Cámara declaró ha lugar la acusación hasta que el Senado desestime o apruebe la acusación.
El debate de la acusación
Antes de la votación de la admisibilidad, la Corporación rechazó la llamada cuestión previa, deducida por las defensas (ver nota relacionada) y se pasó al fondo del debate.
En tal plano, le correspondió a la presidenta de la comisión informante, la diputada Sofía Cid (IND), tomar la palabra para sostener la acusación.
El informe detalló los argumentos del libelo para acusar a ambos magistrados por la causal de notable abandono de deberes. Esto respecto a su responsabilidad en los tribunales y la independencia del Poder Judicial.
Al respecto, mencionó que la ministra Vivanco se encuentra frente a un proceso de remoción de su cargo por parte de la Corte Suprema. Esto se debería a que sus actuaciones dañarían los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia. También se planteó su injerencia indebida sobre la determinación de cargos públicos para beneficiar a terceros y mantener contactos indebidos en labores judiciales.
Sobre el ministro Muñoz, Cid dijo que se constituiría el abandono de deberes por dar a conocer, previamente, una sentencia en acuerdo no publicada, con efectos patrimoniales respecto de su hija, y no manifestar su inhabilidad. También, mencionó funciones correccionales y su omisión para enmendar o sancionar la falta de su hija. Según el informe, ella habría trabajado desde Italia, lo que implicaría un trato privilegiado hacia la jueza de garantía.
Abogado de ministro Muñoz
El abogado Jorge Correa Sutil sostuvo que al ministro Sergio Muñoz se le acusa de hechos graves. Particularmente, entregar información ilícita sobre los permisos ambientales de un inmueble con el objeto de evitar que su hija entrara en un negocio que le sería ruinoso. Asimismo, dijo que se le imputa incumplir sus deberes correccionales.
“Son acusaciones de incumplimiento de deberes, pero ocurre que estas acusaciones son falsas e inverosímiles”, sentenció. Además, remarcó que ellas no se acreditan de un modo razonable en el libelo.
Afirmó que “no se puede deducir la acusación si los antecedentes no son de peso (…) Creemos que los antecedentes que dispone la Cámara están lejos de tener esa consistencia que pueda imputarse responsabilidad al juez Muñoz”, puntualizó.
Frente al segundo capítulo, Correa Sutil recalcó que la acusación se funda en dos errores de derecho. Primero, porque no hay deber del ministro Muñoz de ejercer funciones jurisdiccionales respecto de una jueza de primera instancia. Segundo, porque no existe ninguna disposición legal que obligue al juez Muñoz a denunciar.
Abogado de jueza Vivanco
En el turno de la defensa de la ministra Vivanco, su abogado, Juan Carlos Manríquez, cuestionó la legalidad de la evidencia que sustenta la acusación. Argumentó que son solo nueve mensajes dentro de más de 409 contactos. Y, de estos, solo tres son los que se utilizan en la acusación y de forma descontextualizada.
Además, agregó que estas conversaciones constituyen un hallazgo casual y no sustentan el supuesto abandono de deberes que se le acusan a la ministra. Por lo tanto, fundar el voto de las y los diputados en estas pruebas no sería pertinente. En tal perspectiva, expuso que no pueden ser llamados a convencerse con “tan poco”, respecto de hechos tan graves como los que se acusan.
Del mismo modo, desestimó la injerencia de la ministra en designaciones de cargos. Sobre este punto, señaló que la Cámara no puede votar con “cuatro rumores y dos medias verdades”.
Fundamentos de los legisladores
La diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que no se puede desconocer la crisis que se ha extendido por todo el Estado y donde el Poder Judicial no está ajeno. Esto, por actos que se acercan a la corrupción y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Añadió que cuando se conoce que los ministros han incurrido en prácticas indebidas y no han cumplido funciones que les asisten por su alta envestidura, hay que hacer valer su responsabilidad política. En el caso de Vivanco por no cumplir con la imparcialidad e independencia y Muñoz porque habría antepuesto el interés personal antes que el general.
Desde el Comité Social Cristiano, Johannes Kaiser planteó que esta es una acusación política. Agregó que tiene que ver con una situación que no es nueva en el Poder Judicial como son los alegatos de pasillo. Cuestionó la defensa al juez Muñoz porque si esto hubiese pasado con otro magistrado, no habría encontrado este apoyo. Recalcó que lo justifican por sus actuaciones pasadas y no ven la mala gestión o falta de probidad en la actualidad.
Jorge Guzmán, del comité Evopoli, afirmó que no se puede celebrar que el poder judicial y su integridad esté en tela de juicio. Remarcó que nuestra democracia se sustenta en los principios de separación de poderes e independencia, los cuales se deben defender y fiscalizar. Además, que para declarar si ha lugar esta acusación, en esta instancia, no es necesario acreditar los hechos, ya que es suficiente la duda razonable y será en el Senado donde la defensa debe desacreditar esta acusación.
A nombre de la bancada republicana, Luis Sánchez manifestó el respaldo a la acusación, porque estimó que hay antecedentes graves involucrados respecto de los cuales, desde hace tiempo, se sospechaba. Con redes de poder y de abusos que cometían algunos jueces y ministros de corte. En tal plano, afirmó que existen antecedentes graves y claros de que hubo abandono de deberes de los magistrados.
El diputado Gustavo Benavente (UDI) planteó que hoy tenemos la oportunidad de devolver a la ciudadanía la confianza en el poder judicial. Abordó el caso del ministro Muñoz y el incumplimiento a su deber de reserva de probidad. Este deber, recalcó, se abandonó notablemente cuando el ministro -tras haber escuchado los alegatos en una causa medio ambiental en contra de una inmobiliaria- se adelantó al contenido del acuerdo, revelando a su hija con fines patrimoniales el contenido del fallo.
Tenemos que ser estrictos y nunca tolerar, ya sea respecto de información privilegiada en el mercado financiero ya sea respecto de los jueces que manejan información confidencial en las causas que ellos conocen.
Por su parte, la diputada Camila Musante (PPD), afirmó que sería irresponsable no permitir que estas acusaciones pasen al Senado. “¿Será posible que dejemos los sesgos políticos de lado para avanzar en justicia? Debemos hablar en serio cuando decimos que queremos que la justicia castigue los hechos ilícitos vengan de donde vengan”, sentenció.
Críticas a la acusación
Alberto Undurraga (DC) sostuvo que con esta acusación se genera un precedente nefasto que tiene efectos jurídicos no solo para este, sino que para gobiernos futuros. Estimó, además, que la acusación contra Vivanco cumple con el estándar de prueba para sostenerla en el Senado. Empero, respecto de Muñoz, evaluó que, hasta ahora, las pruebas no se presentan. En este plano, al estar obligados a una sola votación, anunció la abstención.
Carmen Hertz (PC), en tanto, evaluó que el procedimiento adoptado deforma la institución de la acusación constitucional, hecho que afecta también la función de la Cámara. Por otra parte, criticó que la UDI optara por apoyar esta acusación para disfrazar el rol clave que tuvo en la designación de la ministra Vivanco, su militante histórico e ideólogo, Andrés Chadwick. “Dado el intento por deformar deliberadamente la institución, nos abstendremos”, acotó.
El diputado Gonzalo Winter (FA) planteó que las acusaciones son personales y no para grupos. De ahí, consideró que votarlas en conjunto viola los principios procesales, ya que se trata de dos acusaciones por hechos distintos. Particularmente sobre Muñoz, dijo que los hechos imputados no constituyen prueba para culpar a alguien, porque solo considera la declaración de una persona de la parte interesada.
El diputado Vlado Mirosevic (PL), al justificar su votación en contra, señaló que “lamentablemente se nos fuerza a votar en un solo acto respecto a dos casos de naturaleza absolutamente distinta”. Esto, porque respecto a Vivanco hay violación evidente y grave, a principios y obligaciones constitucionales que quebrantan el estado de derecho. “Creo que hay una torcida administración de justicia”. Sin embargo, distinguió la situación de Sergio Muñoz, lo que consideró como una especie de empate. Además, consideró que se le pasa la cuenta por algunos fallos que no gustan, como el caso Riggs, lo que no es atribuible a notable abandono de deberes.
Nelson Venegas (PS) indicó que la acusación constitucional es una herramienta jurídica y política que no se debe banalizar. Respecto a la ministra Vivanco, dijo que tiene la convicción de que hubo notable abandono de deberes. Agregó que la propia Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción por siete cargos. Sin embargo, se sumó a la acusación a otro ministro sin conexión y relación de causalidad, lo que vulnera los DD.HH. y quebranta los cimientos del debido proceso. “Luego de escuchar a la defensa, tengo convicción que no reúne los requisitos para acusarlo, y obligan a votarlo a favor, porque presentaron ambas acusaciones en conjunto. Es un absurdo y lo saben (…) Las cosas caen por su propio peso y el peso de lo racional siempre es más grande que la política pequeña”, concluyó.