Un complejo momento vive del Poder Judicial en la Región de Valparaíso, luego que dos jueces han debido enfrentar a los tribunales en menos de una semana.

La semana pasada, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó arraigo nacional para el magistrado Juan Carlos Maggiolo Caro, quien fue acusado de participar en un accidente de tránsito que resultó en la muerte de una mujer. El incidente ocurrió en agosto del 2023 y según los informes policiales, el magistrado habría omitido dar aviso de la emergencia y abandonado el lugar del accidente, lo que constituye un delito tipificado bajo la “”Ley Emilia”.

El segundo caso corresponde al magistrado Alonso Jara Arancibia Rodríguez, quien será formalizado por registrar hechos relacionados al artículo 161-C del Código Penal, que entre otros puntos, se refiere a registrar “los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento”. En principio, el juez fue acusado por cuatro mujeres de haberles fotografiado sus partes íntimas sin su consentimiento en un gimnasio de la comuna de Concón.

Consultamos por ambos casos, y desde la Corte de Apelaciones de Valparaíso informaron que se ha iniciado “sumario del tipo investigación disciplinaria interna” en contra de ambos, a cargo de la fiscalía judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

Esto es de la máxima gravedad, ya que estamos hablando de hechos que en el primer caso implicó la pérdida de una vida y en el segundo, la integridad y dignidad de mujeres. En este tipo de temas, siempre existen investigaciones paralelas: una que se realizará por la Fiscalía, debido a que hablamos de delitos, pero además, al ser funcionarios públicos, son los propios organismos estatales a los que pertenecen, los obligados a llevar a delante medidas internas. Sólo se puede esperar que se realice una investigación penal estricta y medidas administrativas acordes.

Los tiempos actuales obligan a las autoridades a mantener los más altos estándares en su comportamiento público y privado, pues de lo contrario lesionan la fe pública que se deposita en ellos. Por lo mismo, si quienes ejercen cargos de autoridad no alcanzan los niveles esperados en cuanto a cómo proceden en tanto autoridades, son las instituciones las que deben actuar, justamente para evitar el daño a las instituciones, que suelen ser muy sensibles a la pérdida de confianza por parte de la comunidad, como por ejemplo está ocurriendo con la PDI en la actualidad.

El Poder Judicial en el pasado claramente estuvo al debe por su proceder durante la dictadura, y pese a que no vive en un cuestionamiento permanente, tampoco sobresale como una institución con los mayores niveles de credibilidad. No olvidemos que en la región también hay otro caso, el de la jueza que concurrió sin que le correspondiera al sitio del suceso en el que murió una joven abogada, por lo cual también hay una investigación en curso. 

En estos tres casos, además, el poder judicial local deberá no solo actuar con diligencia, sino que también deberá procurar el mayor esfuerzo posible porque cada una de estas causas sea conocida con la mayor transparencia posible, para lo cual se requiere una actitud proactiva para comunicar las decisiones de las investigaciones internas, pues con ello se cautelará que las acciones indebidas de algunos de sus integrantes, no afecten a la institución, cuyos integrantes son los primeros llamados a resguardar.