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Amnistía Chile: "La situación migratoria se debe abordar con humanidad y altura de miras"

19/12/2023
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En el Día Internacional del Migrante, Amnistía Internacional recuerda que recientemente el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas, emitió un informe de seguimiento sobre Chile. En esta oportunidad el Comité instó al Estado a redoblar los esfuerzos para prevenir y erradicar la xenofobia y la discriminación, y para garantizar la no criminalización de la migración irregular.

Este informe es particularmente importante en el contexto actual del país, pues existen ciertas disposiciones de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería sobre expulsiones sumarias y colectivas que no protegen a las personas a solicitar asilo, a no ser devueltas a un lugar donde su vida pueda estar en riesgo, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo. “Además, las autoridades de gobierno y del poder legislativo, en vez de abordar la situación migratoria con humanidad y altura de miras, lideran proyectos legislativos que van en dirección contraria. Es impresentable el intento persistente de posicionar a las personas migrantes como el enemigo a quien hay que expulsar o castigar”, menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Por cierto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, advirtió también sobre este punto señalando que observa con preocupación el aumento de la xenofobia, la discriminación y de la percepción negativa de la migración. En este sentido, el Comité fue enfático e instó al Estado chileno a que  fije medidas preventivas y de sanción ante la criminalización de las personas migrantes,  y velen para que todas las autoridades se abstengan de usar lenguaje que las estigmatice o discrimine, en particular respecto a las personas que están en situación migratoria irregular. 

A su vez, el Comité manifestó su preocupación por las propuestas legislativas dirigidas a criminalizar la migración irregular a través del proyecto de ley que busca tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. El Comité instó al Estado a abstenerse de adoptar medidas que califiquen como delito la irregularidad migratoria (ingreso y/o permanencia irregular), pues éstas sólo podrían constituir infracciones administrativas, las cuales no atentan contra las personas, los bienes, la seguridad nacional o el orden público.

Ante este llamado de atención del Comité hay que mencionar que actualmente no existe ningún proceso de regularización abierto. Esto pese a que la ley de Migración y Extranjería señalaba que la nueva política Nacional de Migración debía establecer objetivos concretos para que las miles de personas en situación migratoria irregular pudieran obtener un permiso de residencia temporal. 

“La propuesta legislativa que pronto se votará en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados criminaliza a las personas migrantes en base a su estatus. Este tipo de medidas son ineficientes para abordar los problemas de seguridad y expone a una mayor indefensión a las personas con necesidad de protección internacional, aumentando el riesgo de tráfico y trata de personas que afectan fundamentalmente a mujeres y niñas”, agrega Rodrigo Bustos. 

Precisamente respecto a las niñas y niños migrantes, en particular de quienes provienen de familias haitianas y venezolanas, el Comité manifestó su  preocupación porque están con problemas para acceder a la regularización debido a que no cuentan con la documentación o porque esta no está legalizada, por tanto el llamado es a garantizar el acceso a la regularización migratoria de todos los niños, niñas y adolescentes con base en el interés superior de la niñez. 

“Es esperable que las autoridades tomen un liderazgo en esta materia poniendo la dignidad de las personas en el centro y sin importar si son nacionales o extranjeras. Para avanzar en esta dirección es necesario que se tomen en serio las recomendaciones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y de otros organismos de derechos humanos”, concluye Rodrigo Bustos.