En entrevista con Radio Valentín Letelier, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, analizó la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, que tiene por objetivo identificar a cerca de mil personas víctimas de desaparición forzada, mientras solamente se han podido indentificar a 307. Uno de los objetivos del plan es "construir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, que comienza en saber qué pasó con ellas, hasta su paradero final, hasta ahora nosotros no tenemos las trayectorias de cada una de esas personas", señaló.
Cordero dijo que el plan busca un ordenamiento de información útil, ya que a su juicio hay una serie de antecedentes que están dispersos en el Estado y en el contexto de las investigaciones judiciales, se han ido entregando antecedentes. Considera que es probable que a partir de la información desarrollada y recopilada a partir del Plan nacional de Búsqueda se obtengan nuevos antecedentes. "¿El país tiene nueva información?, la respuesta es sí, ¿dónde está esta nueva información?, en los expedientes judiciales, ¿se ha ordenado y sistematizado esa nueva información?, la respuesta es no", señaló el titular de justicia.
Para él, "La mayor cantidad de información, está en manos de personas que han sido testigos o que cometieron esos crímenes y al día de hoy todavía no hablan, algunos de ellos en el contexto de las investigaciones judiciales sí han entregado antecedentes útiles", afirmó.
Dentro de este grupo, Cordero sistematizó algunos aspectos. "Por el período de tiempo, los involucrados en esos crímenes son todos ex funcionarios. Respecto de las personas que participaron en los crímenes, hay tres tipos de razones que explican porque han prestado testimonio nuevo en estas investigaciones: frente a la inminencia de la muerte; porque han sido personas que han decidido conversar y relatar a sus familias los crímenes en los cuales ellos estuvieron involucrados y sus familias los han persuadido de que declaren; son personas que deciden prestar testimonio y entregar nuevos antecedentes porque ya tienen más de una causa, quieren granjear alguna atenuante, con el propósito de obtenerlas respecto de otras investigaciones".
El titular de Justicia consideró además otros dos tipos de testimonios, "hay testigos que durante largos años no prestaron testimonio, sí lo están haciendo porque han tomado distancia de los hechos y se sienten más seguros declarando. Hay un tercer tipo de testimonio y que ha sido la piedra angular de varios casos, que es el de los sobrevivientes, algunos siguen haciéndolo". Según Cordero estos testimonio están dispersos y no hay información integrada. "A partir de esa información integrada, el objetivo del plan es tener claridad de los patrones macro criminales de la dictadura".
Cordero ratificó que se buscará, como iniciativa legal, que haya un acceso al secreto al Informe Valech I. Actualmente su contenido está sujeto a secreto, establecido por un período de 50 años desde que se elaboró este documento durante el gobierno de Ricardo Lagos.
El informe, responsabilidad de la comisión convocada el 2003 y presidida por monseñor Sergio Valech, estableció cerca de 30 mil casos de prisión política y tortura. Hoy está bajo custodia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y con la obligación de sus funcionarios de mantener sus reserva. La idea es que los funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda, pudieran tener los mismos términos del INDH, para revisar si existe información útil y requerir consentimiento para su uso.