Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, realizó un análisis de los cuatro años desde que ocurrió el denominado Estallido Social, "el diagnóstico es de impunidad", dijo.

Bustos señaló que, según datos de la Fiscalía, 10.568 personas denunciaron violaciones a los Derechos Humanos "y existieron muchas deficiencias en las investigaciones en los primeros años, diligencias que no se realizaban, víctimas que no fueron citadas a declarar, pericias del Servicio médico legal que demoraron años", denunció.  

"De las denuncias, sólo hay 27 condenas, lo equivalente a un 0,25% de las víctimas que denunciaron violaciones a los Derechos Humanos, pudieron tener una sentencia final condenatoria. Además, todavía no hay ningún mando al menos formalizado por las graves y generalizadas violaciones a los derechos Humanos. Esta invisibilización de las violaciones a los Derechos Humanos es algo preocupante, se trata de temas que no se pueden ser dejados de lado y que el Estado de Chile debe responder", agregó Bustos.

Respecto de cómo hay que considerar el hecho, Bustos recordó que desde el organismo, "hemos usado el concepto de Estallido Social o Crisis Social, hoy hay una preocupante distorción de lo que fue ese hecho histórico en nuestro país, hay un relato que busca plantearlo como simplemente de un conjunto de actos delictuales y la verdad es que las millones de personas que salieron a protestar, como fue el 25 de octubre, lo hicieron de manera pacífica", afirmó el representante de AI en Chile.

"Había un malestar mucho más amplio que lo referente a la demanda por una nueva constitución. Un Estado que abandona a la ciudadanía y que no permite que las personas puedan ejercer sus derechos de igual manera, es la base de ese malestar y todavía existe en la sociedad chilena", planteó.

También se refirió al debate constitucional surgido gracias al acuerdo parlamentario del 15 de noviembre, "hemos dicho desde mucho antes del 2019, es que la constitución de 1980 es claramente un problema desde la perspectiva de que todas las personas puedan ejercer sus Derechos Humanos y especialmente sus derechos sociales, otra cosa es que el proceso constituyente actual tiene varias amenazas que sin lugar a dudas son muy preocupantes, son muchos los problemas que se visualizan", finalizó Rodrigo Bustos.