El informe concluye que a tres años y medio de las masivas protestas de 2019, en Chile se han implementado algunos programas de apoyo, pero no existe un plan de reparación integral que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
“La reparación es un derecho de las víctimas y el Estado tiene el deber correlativo de reparar. Así lo han consagrado los principales tratados internacionales de derechos humanos. Lamentablemente la respuesta de Chile en esta materia no ha sido suficiente”, dice Pietro Sferrazza, investigador del Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos.