Cerca de ochenta funcionarios de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIPTGEN, se movilizaron en Valparaíso para llamar a la reflexión sobre las situaciones que aquejan a estos trabajadores no uniformados de Gendarmería.

La paralización de actividades y manifestación pública se produjo en el contexto de la liberación condicional de casi 800 reos en la región, lo que ha despertado gran rechazo en la opinión pública, según explicó Leopoldo Benavídez, secretario de la agrupación.

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Benavídez agregó que se han acostumbrado a trabajar en la precariedad y que, como muestra, hay una funcionaria para más de 370 ex reos en programas de reinserción social, cuando la norma internacional indica que se necesita un profesional por cada cien reclusos.

Asimismo, la presidenta nacional de la asociación, Viviana Camilo, señaló que hace tiempo han intentado propiciar un proyecto de planta para los funcionarios, pero que el Ministerio de Justicia, del cual depende Gendarmería, no ha resuelto el problema por falta de recursos.

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Respecto a la liberación de reos, Viviana Camilo explicó que los funcionarios de Gendarmería son los operadores técnicos, los únicos especializados que trabajan con los reclusos en las unidades penales y luego en los centros de reinserción social, por lo que no se explican el criterio utilizado para las libertades condicionales permitidas.

Leopoldo Benavídez agrega que no pueden colaborar con la seguridad ciudadana, considerando además que los reos liberados no cuentan con trabajo u oportunidad de trabajo en la región.

Valparaíso cuenta con centros de reinserción social en San Antonio, Quillota, Valparaíso y Quilpué. En el caso de la libertad condicional, un funcionario debería trabajar con cien ex convictos, pero la realidad es que trabaja con 400, lógica que, según explican los dirigentes, se repite en cada una de las funciones de los trabajadores no uniformados de Gendarmería.

Durante la movilización se presentó el director regional de la institución, no obstante lo que espera la asociación es dialogar con el Ministerio de Justicia directamente.